Leemos en la prensa extremeña (El Periódico de Extremadura de 26 de marzo) que “un grupo de inversores de Asia y de Europa, cuya identidad por el momento se desconoce” piensa invertir 400 millones de Euros en la construcción de la primera “ciudad gerontológica” de España formada por 3.500 apartamentos con servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, etc), dos o tres residencias de mayores, un hotel, edificios funcionales con tiendas, bancos, restaurantes y ocio, además de una escuela internacional de gerontología. Total, 5.000 plazas para atraer a jubilados extranjeros que quieran pasar sus últimos años en un entorno de alta calidad. Exclusivamente “para los bolsillos con más recursos”.
Lo curioso es que la noticia que habla de la presentación no menciona a ningún representante de Emerita Senior Resort, nombre del complejo sino que, en su nombre habla el secretario general de la Federación Nacional de Atención a la Dependencia, José Joaquín García. Lo también curioso es que, bajo la apariencia de presentación del proyecto parece existir la búsqueda de financiación para el mismo ya que la noticia dice sutilmente que los actuales inversores aún mantendrían abierta la participación a empresarios españoles y extremeños.
Si leemos la información en detalle nos vemos transportados a la España del pelotazo: Unos terrenos municipales que serán vendidos a buen precio por el ayuntamiento a cambio de la creación de empleo, unos misteriosos inversores asiáticos y europeos y, la intervención de la “prestigiosa consultoría de Barcelona Roca Junyent, de Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución” que pone en contacto a los inversores con la Federación Nacional de Atención a la Dependencia y, para acabar de redondear, la posibilidad de invertir.
En palabras atribuídas a José Joaquín García, Este proyecto pretende tomar la delantera en la atención geriátrica dejando atrás el modelo caduco de las actuales residencias. O sea, que una Federación que agrupa a más de 1.700 residencias habla en nombre de unos inversores que no dicen quién son y tilda de caducos a sus centros asociados.
¿Se imagina alguien al secretario general de una asociación española de hoteleros que implicase a la propia asociación en la promoción de un grupo de hoteles y dijese que esos nuevos hoteles suponen la superación del “modelo caduco” actual?
Yo no lo entiendo. O lo entiendo demasiado. Quizás me equivoque y dentro de unos años sienta mucho no haber invertido mis humildes ahorros junto con los “asiáticos y europeos” pero la cosa me plantea muchas dudas:
- Dice que el proyecto se propuso primero en Murcia pero no se hizo allí porque no se alcanzó un acuerdo sobre los terrenos. ¿Qué hizo que en Murcia, no vieran las bondades de tan fabuloso proyecto?
- ¿Por qué el prestigioso despacho Roca Junyent contacta con una Federación de residencias en vez de hacerlo con alguno de los grupos gestores de centros, algunos de los cuales perteneces a compañías aseguradoras u otras grandes empresas y tienen presencia en Extremadura? He hablado con los cuatro mayores grupos de residencias y ninguno conocía el proyecto.
- Por último la gran duda que eclipsa a las demás: Aceptando que el modelo “ciudad de los mayores” puede ser exitosa ¿Por qué Mérida? ¿No hubiera tenido más sentido hacer un macro senior resort en un lugar que cuente con aeropuertos cercanos que enlacen con muchas capitales europeas?
No me gusta nada y lo que menos de todo que se diga que el modelo actual es caduco, así, en general, y que hace falta hacer una urbanización de mayores para demostrarlo.
martes, 29 de marzo de 2011
lunes, 28 de marzo de 2011
CLERIES APUESTA POR LA PRESTACIÓN VINCULADA PARA ACABAR CON LISTA DE ESPERA
Hoy, en Inforesidencias.com aparece esta noticia:
Después de haberlo anunciado varias veces, la semana que viene las residencias privadas de Cataluña empezarán a recibir una carta del Departament de Benestar Social y Família en la que les explicará qué tienen que hacer para poder acoger a usuarios beneficiarios de prestación económica vinculada, aunque no sean centros concertados ni colaboradores. Estos requisitos, con casi toda seguridad serán no tener expediente sancionador abierto o pendiente y reunir los requisitos de colaboración de 2008 (la última vez que se publicó convocatoria).
Según ha aparecido en la prensa, la ayuda que recibirían los grandes dependientes que viven en el “limbo de la dependencia”(valorados, con derecho pero que no reciben nada) será algo inferior al precio de concertación.
La Generalitat mantendrá las plazas concertadas y, es posible que las amplíe pero intentará que las personas con derecho a recibir prestación y que han visto superado el plazo previsto en la Ley (unas 33.000 en Cataluña) reciban un servicio lo antes posible.
Si la Generalitat se pone las pilas y empieza ya a aplicar la medida querrá decir que se acaba que una persona que vive satisfecha en una residencia tenga que irse a otra, aunque no quiera, so castigo de perder cualquier ayuda pública si se resiste al cambio. Pero, ¿será realmente así?
Creo que hay dos factores que pueden entorpecer una medida que, aplicada como está anunciada y alcanzando a 33.000 personas podría suponer una mejora en la calidad de vida de muchas personas y un respiro para un sector que lleva años creando empleo no localizado y asumiendo gastos que legalmente correspondería a la administración:
- Por un lado hay que esperar a que se determinen cuáles son los requisitos que se exigirán a las residencias privadas no colaboradoras para poder mantener a sus residentes e ingresar nuevos con ayuda. Según leemos en la prensa, serán criterios de inspección y calidad. A mí me huele a pedir los criterios de acreditación de centros colaboradores (o sea, básicamente las salas de fisio, visitas y profesionales, la lavandería sectorizada “ropa limpia ropa sucia” y los requisitos de personal). El problema es que si existe cualquier requisito más allá de la autorización administrativa, será necesario establecer un procedimiento: La inspección tendrá que hacer un informe, enviarlo a alguien del ICASS que a su vez tendrá que enviar alguna carta a la residencia y a las trabajadoras sociales para que todos sepan que esa residencia puede acoger a usuarios con financiación pública. Como un procedimiento quiere decir tiempo, según cómo se haga nos podemos encontrar con que no pase nada hasta dentro de unos meses.
Sería mucho más fácil decir que, hasta que no se publique el decreto de acreditación, todas las residencias autorizadas pueden recibir a usuarios con prestación económica vinculada. Que sean las personas las que elijan y la administración concentre sus esfuerzos en financiar estancias. O sea, volver a lo que se hizo durante dos años.
- El segundo factor es más difuso, un poco “psicológico”, pero no por ello con menor peso. En general en la sociedad y, de forma más condensada dentro de la administración, existe desconfianza hacia el sector privado de la atención a mayores. Parece que “hacer negocio” cuidando a dependientes es algo sucio y que cualquiera que lo haga tiene que justificarse y demostrar de forma constante que lo hace escrupulosamente y bien. Sólo hay que preguntarse por qué es más exhaustiva la regulación administrativa del funcionamiento de una residencia que la de un hospital, para detectar esa desconfianza. Nos fiamos de “lo privado sanitario” más que de lo “privado social”, por eso no existe una norma que determine la ratio de enfermeras en una clínica privada ni la obligatoriedad de existencia de un protocolo de uso de contenciones en clínicas y hospitales, pero sí en residencias.
Esta desconfianza es importante porque contamina cualquier esfuerzo que haga la administración por racionalizar el gasto o maximizar la eficiencia en servicios de atención a la dependencia.
Esta realidad hace que podamos esperar que en los próximos días se acuse al Conseller Cleries de “enriquecer a los empresarios a costa de los mayores”, “sacrificar la calidad empeorando las condiciones de trabajo” o lindezas por el estilo. Podemos esperar que, dentro de la propia administración surjan resistencias a la medida haciendo que cualquier requisito que se exija se convierta en una barrera insuperable para muchos centros.
En mi opinión, ante esa desconfianza sin fundamento hay que actuar de tres formas: Primero, siendo implacable con quiénes incumplen la norma o cometen abusos (una implacabilidad que debería surgir del propio sector privado); Segundo, exigiendo transparencia e información: ¿Qué cuesta atender a un residente en una residencia pública gestionada por la propia administración? ¿Cuánto en una pública gestionada por una empresa o institución benéfica? ¿Cuánto en una concertada? ¿Cuánto bajo la forma de prestación económica? ¿Puede justificarse la diferencia de coste bajo criterios de calidad, eficacia o cualquier otro? y Tercero destacando que es el signo del tiempo: todos los países, incluso los escandinavos, están apostando por una colaboración pública/privada para la prestación de servicios a los ciudadanos.
Creo que la medida propuesta por Cleries va en la buena dirección y que será beneficiosa para el sector en general. Tanto para las residencias de mayor tamaño como para las pequeñas y tanto para las que tienen un funcionamiento más “empresarial” como para las de formato “autoempresa”. Pero, lo más importante es que será beneficiosa para esos 33.000 dependientes que hasta ahora han quedado sin cobertura.
Después de haberlo anunciado varias veces, la semana que viene las residencias privadas de Cataluña empezarán a recibir una carta del Departament de Benestar Social y Família en la que les explicará qué tienen que hacer para poder acoger a usuarios beneficiarios de prestación económica vinculada, aunque no sean centros concertados ni colaboradores. Estos requisitos, con casi toda seguridad serán no tener expediente sancionador abierto o pendiente y reunir los requisitos de colaboración de 2008 (la última vez que se publicó convocatoria).
Según ha aparecido en la prensa, la ayuda que recibirían los grandes dependientes que viven en el “limbo de la dependencia”(valorados, con derecho pero que no reciben nada) será algo inferior al precio de concertación.
La Generalitat mantendrá las plazas concertadas y, es posible que las amplíe pero intentará que las personas con derecho a recibir prestación y que han visto superado el plazo previsto en la Ley (unas 33.000 en Cataluña) reciban un servicio lo antes posible.
Si la Generalitat se pone las pilas y empieza ya a aplicar la medida querrá decir que se acaba que una persona que vive satisfecha en una residencia tenga que irse a otra, aunque no quiera, so castigo de perder cualquier ayuda pública si se resiste al cambio. Pero, ¿será realmente así?
Creo que hay dos factores que pueden entorpecer una medida que, aplicada como está anunciada y alcanzando a 33.000 personas podría suponer una mejora en la calidad de vida de muchas personas y un respiro para un sector que lleva años creando empleo no localizado y asumiendo gastos que legalmente correspondería a la administración:
- Por un lado hay que esperar a que se determinen cuáles son los requisitos que se exigirán a las residencias privadas no colaboradoras para poder mantener a sus residentes e ingresar nuevos con ayuda. Según leemos en la prensa, serán criterios de inspección y calidad. A mí me huele a pedir los criterios de acreditación de centros colaboradores (o sea, básicamente las salas de fisio, visitas y profesionales, la lavandería sectorizada “ropa limpia ropa sucia” y los requisitos de personal). El problema es que si existe cualquier requisito más allá de la autorización administrativa, será necesario establecer un procedimiento: La inspección tendrá que hacer un informe, enviarlo a alguien del ICASS que a su vez tendrá que enviar alguna carta a la residencia y a las trabajadoras sociales para que todos sepan que esa residencia puede acoger a usuarios con financiación pública. Como un procedimiento quiere decir tiempo, según cómo se haga nos podemos encontrar con que no pase nada hasta dentro de unos meses.
Sería mucho más fácil decir que, hasta que no se publique el decreto de acreditación, todas las residencias autorizadas pueden recibir a usuarios con prestación económica vinculada. Que sean las personas las que elijan y la administración concentre sus esfuerzos en financiar estancias. O sea, volver a lo que se hizo durante dos años.
- El segundo factor es más difuso, un poco “psicológico”, pero no por ello con menor peso. En general en la sociedad y, de forma más condensada dentro de la administración, existe desconfianza hacia el sector privado de la atención a mayores. Parece que “hacer negocio” cuidando a dependientes es algo sucio y que cualquiera que lo haga tiene que justificarse y demostrar de forma constante que lo hace escrupulosamente y bien. Sólo hay que preguntarse por qué es más exhaustiva la regulación administrativa del funcionamiento de una residencia que la de un hospital, para detectar esa desconfianza. Nos fiamos de “lo privado sanitario” más que de lo “privado social”, por eso no existe una norma que determine la ratio de enfermeras en una clínica privada ni la obligatoriedad de existencia de un protocolo de uso de contenciones en clínicas y hospitales, pero sí en residencias.
Esta desconfianza es importante porque contamina cualquier esfuerzo que haga la administración por racionalizar el gasto o maximizar la eficiencia en servicios de atención a la dependencia.
Esta realidad hace que podamos esperar que en los próximos días se acuse al Conseller Cleries de “enriquecer a los empresarios a costa de los mayores”, “sacrificar la calidad empeorando las condiciones de trabajo” o lindezas por el estilo. Podemos esperar que, dentro de la propia administración surjan resistencias a la medida haciendo que cualquier requisito que se exija se convierta en una barrera insuperable para muchos centros.
En mi opinión, ante esa desconfianza sin fundamento hay que actuar de tres formas: Primero, siendo implacable con quiénes incumplen la norma o cometen abusos (una implacabilidad que debería surgir del propio sector privado); Segundo, exigiendo transparencia e información: ¿Qué cuesta atender a un residente en una residencia pública gestionada por la propia administración? ¿Cuánto en una pública gestionada por una empresa o institución benéfica? ¿Cuánto en una concertada? ¿Cuánto bajo la forma de prestación económica? ¿Puede justificarse la diferencia de coste bajo criterios de calidad, eficacia o cualquier otro? y Tercero destacando que es el signo del tiempo: todos los países, incluso los escandinavos, están apostando por una colaboración pública/privada para la prestación de servicios a los ciudadanos.
Creo que la medida propuesta por Cleries va en la buena dirección y que será beneficiosa para el sector en general. Tanto para las residencias de mayor tamaño como para las pequeñas y tanto para las que tienen un funcionamiento más “empresarial” como para las de formato “autoempresa”. Pero, lo más importante es que será beneficiosa para esos 33.000 dependientes que hasta ahora han quedado sin cobertura.
jueves, 24 de marzo de 2011
PREDICAR Y REPARTIR TRIGO EN CATALUÑA
El nuevo Conseller de Benestar Social i Família y la Directora General del ICASS tienen un marcado carácter dialogante. Según ha informado ACRA a sus asociados, el 17 de marzo se han reunido por tercera vez en lo que va de año con ellos y, a tenor de la circular que ha enviado la patronal, las intenciones del Departamento y sus palabras son positivas para un sector que está viviendo la crisis de una forma importante.
La apuesta por la prestación económica vinculada, que pueda alcanzar a todas las residencias autorizadas, parece un buen camino para poner al dependiente y sus familiares como máximos protagonistas de la toma de decisiones. Que esas prestaciones las cobre directamente la residencia mediante el endose, perfecto. Que el Departamento vea bien flexibilizar los requisitos de profesionales, fabuloso. Que estudien mejorar la coordinazión sanitaria y subir el módulo de los centros de día: maravilloso.
El problema es que, aunque las palabras sean muy bonitas. Hay residentes que siguen siendo obligados a irse de una residencia en la que se encuentran perfectamente bien bajo la amenaza de no tener prestación. Hay residencias que cumplen con la normativa y criterios de acreditación antiguos y no pueden acoger a usuarios beneficiarios de ayudas públicas y todavía, la prestación para el cuidado no profesional sigue siendo la más reconocida en Cataluña.
La prédica nos gusta. El escuchar a todos y responderles, también. Pero ahora, a repartir trigo.
La apuesta por la prestación económica vinculada, que pueda alcanzar a todas las residencias autorizadas, parece un buen camino para poner al dependiente y sus familiares como máximos protagonistas de la toma de decisiones. Que esas prestaciones las cobre directamente la residencia mediante el endose, perfecto. Que el Departamento vea bien flexibilizar los requisitos de profesionales, fabuloso. Que estudien mejorar la coordinazión sanitaria y subir el módulo de los centros de día: maravilloso.
El problema es que, aunque las palabras sean muy bonitas. Hay residentes que siguen siendo obligados a irse de una residencia en la que se encuentran perfectamente bien bajo la amenaza de no tener prestación. Hay residencias que cumplen con la normativa y criterios de acreditación antiguos y no pueden acoger a usuarios beneficiarios de ayudas públicas y todavía, la prestación para el cuidado no profesional sigue siendo la más reconocida en Cataluña.
La prédica nos gusta. El escuchar a todos y responderles, también. Pero ahora, a repartir trigo.
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