La Generalitat ha aunciado en Julio que piensa convertir las 14.000 plazas de colaboración en concertadas mediante un sistema en el que "invitará" a las residencias colaboradoras a presentar una oferta en la que deberían acreditar que cumplen unos determinados requisitos.
Primero dijo que las invitaciones se empezarían a enviar en Septiembre y que empezarían por las más grandes (las que tienen más plazas colaboradoras), ahora dicen que será en Octubre y que empezarán por las que no tengan sanciones pendientes ni expedientes sancionadores abiertos.
Ante estas manifestaciones de voluntad pública me gustaría hacer tres reflexiones:
1. Sobre la credibilidad de los actuales responsables del Departamento
En los últimos tres años, el Departament d'Acció Social i Ciutadania, a través de la consellera o la directora general del ICASS ha ido haciendo anuncios que después no se han sustanciado en nada. Por ejemplo, en diciembre de 2008 dijeron que durante 2009 se podrían acreditar nuevos centros colaboradores (no fue así), que antes de finalizar 2009 habría un decreto de acreditación (tampoco fue así). Estos incumplimientos de la palabra dada no tenían ninguna relación con la crisis económica debido a que no hubiese costado dinero abrir la convocatoria o sacar un Decreto que parece tienen preparado hace meses.
Hubo residencias que creyeron lo que dijo la Generalitat y esperaron poder acreditarse durante 2009. Hoy son de los que no pueden ingresar, a pesar de cumplir los requisitos para ser colaboradores, ningún residente beneficiario de la Ley de Dependencia. Incluso ven como sus residentes actuales tienen que irse a otros centros cuando solicitan la ayuda ya que, desde servicios sociales les dicen que tienen que ingresar en un centro colaborador o concertado para poder tramitar la ayuda.
Estas residencias no podrán presentarse a la nueva concertación ya que, como está sometida a "invitación previa", quedarán excluídas sin remisión.
Algunas de ellas piensan: "Si no hubiese creído a la administración me hubiese presentado como centro colaborador antes de acabar 2008 y ahora no se estarían yendo los residentes".
2. El abuso del sistema negociado sin publicidad
Las administraciones públicas están obligadas, cuando contratan a aplicar unos principios que intentan garantizar que contraten el mejor servicio y al mejor precio. Entre estos principios están los de concurrencia o transparencia.
Sin embargo Acció Social i Ciutadania utiliza un sistema, que la ley permite con ciertas cautelas, que es el "negociado sin publicidad", esto le permite invitar a los licitadores entre aquéllos que ella considere adecuados.
Cuando, en abril de 2009 convocó 1500 plazas de concierto pudieron presentarse a la licitación todas las residencias que pensaban que cumplían los requisitos y querían hacer una oferta. Fue un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas (aunque también hubo detalles cuestionables). El problema fue que se generó tanto trabajo para el servicio de contratación que parece que ya no están dispuestos a volver a utilizar ese sistema de nuevo. Lo cierto es que la documentación que se tiene que presentar (y debe ser estudiada por los funcionarios) es igual de voluminosa para comptrar dos mesas que para contratar un concierto de 500 plazas. Si se presentan 200 residencias a uno de esos "concursos" el servicio se bloquea.
Entiendo que, a pesar de ello, la Generalitat debería dar la oportunidad de presentarse a todas las residencias que cumplan con los requisitos que ella determine.
3. Violación del principio de presunción de inocencia y surgimiento de un caso de indefensión
Si fuese cierto que las residencias que tengan un expediente sancionador abierto no serán invitadas a concertar, estaríamos ante un a violación clara del principio de presunción de inocencia.
Una residencia puede tener un expediente sancionador abierto que, durante su tramitación se archive (porque no se habían probado suficientemente los cargos o porque la corrección de las deficiencias se consideró suficiente para proponer el archivo). De hecho e principio de presunción de inocencia establece que todos somos inocentes salvo que se demuestre lo contrario (mediante una resolución administrativa o judicial). En esos casos, si el mero hecho de tener el expediente abierto hace que la administración no "invite" se produce una clara violación de este principio.
Pero es aun más grave ya que, si sucede, la víctima no podrá hacer nada ya que no tendrá nada que recurrir. Si va a la administración ésta le podrá decir que ella invita a quién considera más adecuado y que no le tienen que dar explicaciones porque no tiene la consideración de interesado en un expediente que no conoce porque es "sin publicidad".
Ante esta situación, no es de extrañar que surjan opiniones totalmente contrarias a la concertación que propugnan que ninguna residencia debiera aceptar la invitación.
Yo creo que cada cual debe hacer su valoración pero que, sea como sea, no se están haciendo bien las cosas.
viernes, 17 de septiembre de 2010
sábado, 7 de agosto de 2010
OBSERVATIORIOS ARROJADIZOS
Aunque al común de los mortales no se lo parece, un observatorio puede ser mucho más que un edificio coronado por una cúpula de a que emerge un telescopio.
Desde hace años, no existe área de actividad, por baladí que sea, que no disponga de su propio “observatorio”. Los tenemos flamantes como el de la violencia de género, curiosos como el de convivencia escolar e incluso exóticos como el Observatorio Experimental Piloto de Iniciativas de Paz y Desarrollo en Territorios de Minorías Étnicas (quien crea que es broma que Googlee un poco).
Lo llamativo es que cuando hablamos de la Ley de Dependencia, la astenia que se vive a la hora de desarrollar aspectos básicos (normas autonómicas de acreditación y copago, por ejemplo), se torna en frenesí cuando se trata de crear observatorios que de forma directa o indirecta observen la aplicación de la Ley. Así, hay algunos de carácter institucional como el de Personas Mayores o el de la Discapacidad que ya existían. Surgieron iniciativas autonómicas como la Gallega donde antes de las últimas elecciones anunciaron la creación de un Observatorio Permanente para la Dependencia e incluso Ayuntamientos como el de Fuenlabrada que creó su Observatorio Municipal de la Dependencia. Fuera de la administración vemos que la Universidad de Valencia tiene su ONDEP, Observatorio Nacional de Dependencia, FEAPS también tiene el suyo y la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales su Observatorio Para el Desarrollo de la Ley de Dependencia (que se ha hecho famoso con controvertidos informes en que ponen notas a las comunidades autónomas o desvelando cuáles “hacen caja con la ley”).
Al lado de estos observatorios “oficiales” y “denunciantes” recientemente ha aparecido una nueva modalidad que yo denominaría como “observatorio arrojadizo”. En Madrid, se ha creado uno, del que forman parte los sindicatos mayoritarios, asociaciones de vecinos y una asociación de consumidores, en la presentación del cual han anunciado que una de sus finalidades es denunciar los reiterados incumplimientos de la Ley por parte de la Comunidad de Madrid.
Me parece perfectamente lícito y beneficioso que los ciudadanos “vigilen” a las administraciones ya que creo que los poderes públicos deben ser muy escrupulosos cuando gestionan lo que es de todos y sabemos que lo hacen mejor cuando se sienten controlados. Lo que me produce risa es que sean los sindicatos, financiados con dinero público, quienes se constituyan en vigilantes y me produce aún más risa, rozando la carcajada, cuál ha sido la reacción de la Comunidad de Madrid: “lo más lógico sería crear un Observatorio Social para la Dependencia de carácter Estatal y no uno en cada región”. O sea, otro más.
Si vemos los antecedentes no es descabellado pensar que acabaremos con diecisiete observatorios autonómicos, otro estatal, uno de los sindicatos, otro de las patronales y catorce o quince más de diferente pelaje. Me pregunto, ¿tendría éxito un metaobservatorio que se dedicase a observar los observatorios?
Por cierto, para los que no hayan googleado, el Observatorio Experimental Piloto de Iniciativas de Paz y Desarrollo en Territorios de Minorías Étnicas, no es español sino colombiano, pero con un nombre así no podía resistirme a referirme a él.
Desde hace años, no existe área de actividad, por baladí que sea, que no disponga de su propio “observatorio”. Los tenemos flamantes como el de la violencia de género, curiosos como el de convivencia escolar e incluso exóticos como el Observatorio Experimental Piloto de Iniciativas de Paz y Desarrollo en Territorios de Minorías Étnicas (quien crea que es broma que Googlee un poco).
Lo llamativo es que cuando hablamos de la Ley de Dependencia, la astenia que se vive a la hora de desarrollar aspectos básicos (normas autonómicas de acreditación y copago, por ejemplo), se torna en frenesí cuando se trata de crear observatorios que de forma directa o indirecta observen la aplicación de la Ley. Así, hay algunos de carácter institucional como el de Personas Mayores o el de la Discapacidad que ya existían. Surgieron iniciativas autonómicas como la Gallega donde antes de las últimas elecciones anunciaron la creación de un Observatorio Permanente para la Dependencia e incluso Ayuntamientos como el de Fuenlabrada que creó su Observatorio Municipal de la Dependencia. Fuera de la administración vemos que la Universidad de Valencia tiene su ONDEP, Observatorio Nacional de Dependencia, FEAPS también tiene el suyo y la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales su Observatorio Para el Desarrollo de la Ley de Dependencia (que se ha hecho famoso con controvertidos informes en que ponen notas a las comunidades autónomas o desvelando cuáles “hacen caja con la ley”).
Al lado de estos observatorios “oficiales” y “denunciantes” recientemente ha aparecido una nueva modalidad que yo denominaría como “observatorio arrojadizo”. En Madrid, se ha creado uno, del que forman parte los sindicatos mayoritarios, asociaciones de vecinos y una asociación de consumidores, en la presentación del cual han anunciado que una de sus finalidades es denunciar los reiterados incumplimientos de la Ley por parte de la Comunidad de Madrid.
Me parece perfectamente lícito y beneficioso que los ciudadanos “vigilen” a las administraciones ya que creo que los poderes públicos deben ser muy escrupulosos cuando gestionan lo que es de todos y sabemos que lo hacen mejor cuando se sienten controlados. Lo que me produce risa es que sean los sindicatos, financiados con dinero público, quienes se constituyan en vigilantes y me produce aún más risa, rozando la carcajada, cuál ha sido la reacción de la Comunidad de Madrid: “lo más lógico sería crear un Observatorio Social para la Dependencia de carácter Estatal y no uno en cada región”. O sea, otro más.
Si vemos los antecedentes no es descabellado pensar que acabaremos con diecisiete observatorios autonómicos, otro estatal, uno de los sindicatos, otro de las patronales y catorce o quince más de diferente pelaje. Me pregunto, ¿tendría éxito un metaobservatorio que se dedicase a observar los observatorios?
Por cierto, para los que no hayan googleado, el Observatorio Experimental Piloto de Iniciativas de Paz y Desarrollo en Territorios de Minorías Étnicas, no es español sino colombiano, pero con un nombre así no podía resistirme a referirme a él.
martes, 13 de julio de 2010
PREPARADOS PARA LA SUBIDILLA
El pasado 25 de mayo, el País publicó una noticia según la cual PSOE y CiU habían pactado el IVA suerreducido (4%) para las estancias en residencias por parte de beneficiarios de la prestación vinculada de la Ley de Dependencia. Esta rebaja tenía que entrar en vigor el 1 de julio pero, después de esa noticia todo quedó en nada: silencio, duda.
Lo único claro es que el Estado ha bajado el IVA a las Comunidades Autónomas para que puedan pagar menos por el concierto de plazas y que las residencias privadas han subido el IVA del 7 al 8%, una subida que han sufrido los usuarios en la mayor parte de casos pero que en otros han tenido que asumir las residencias, perdiendo una parte de su facturación.
En Cataluña, los usuarios de "plazas colaboradoras" pagan una cantidad que viene determinada en una resolución de la Generalitat. Ésta a su vez paga la diferencia entre lo que paga el usuario y una cantidad que se determina "IVA incluído" que oscila entre los 1.500 y 1.850 aproximadamente. El hecho de que el precio se determine "IVA" incluido hace que las residencias colaboradoras hayan tenido que facturar por una cantidad total equivalente al precio establecido por la Generalitat o sea que, al subir el IVA, han tenido que rebajar la base.
Aunque no se trata de una cantidad muy elevada por cada residente, sumando la de todos sí supone dejar de ingresar una cantidad a la que se tiene derecho.
Según nos informan algunos asociados a Inforesidencias.com algo parecido está pasando en comunidades como la de Madrid o Asturias.
A los que hoy viven esa peculiar situación, les parecerá bueno saber que la propuesta siguió su camino y que el 7 de Julio el Senado ha aprobado el IVA del 4% a los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención residencial contemplados en la ley de dependencia "siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios, que cubra más del 75% de su precio".
La pregunta es, ¿tendrá alguna repercusión sobre los centros colaboradores? Se permitirá la "subidilla" manteniendo el precio IVA incluido o no.
En principio una bajada o subida del tipo de IVA no debiera tener ninguna repercusión sobre los prestadores ya que ellos lo cobran y lo repercuten. Si alguna ventaja hay es que si el IVA baja, el servicio que se ofrece se convierte en más atractivo al tener un precio final más barato.
Ya sé que las plazas colaboradoras no son exactamente iguales a las de prestación vinculada pero, ¿no podría la Generalitat dar una pequeña alegría a una parte del sector aprovechando la circunstancia?
Ver noticia completa
Dependencia. El Senado aprueba el IVA superreducido para las prestaciones vinculadas al servicio :: Salud :: Medicina :: Periodista Digital
Lo único claro es que el Estado ha bajado el IVA a las Comunidades Autónomas para que puedan pagar menos por el concierto de plazas y que las residencias privadas han subido el IVA del 7 al 8%, una subida que han sufrido los usuarios en la mayor parte de casos pero que en otros han tenido que asumir las residencias, perdiendo una parte de su facturación.
En Cataluña, los usuarios de "plazas colaboradoras" pagan una cantidad que viene determinada en una resolución de la Generalitat. Ésta a su vez paga la diferencia entre lo que paga el usuario y una cantidad que se determina "IVA incluído" que oscila entre los 1.500 y 1.850 aproximadamente. El hecho de que el precio se determine "IVA" incluido hace que las residencias colaboradoras hayan tenido que facturar por una cantidad total equivalente al precio establecido por la Generalitat o sea que, al subir el IVA, han tenido que rebajar la base.
Aunque no se trata de una cantidad muy elevada por cada residente, sumando la de todos sí supone dejar de ingresar una cantidad a la que se tiene derecho.
Según nos informan algunos asociados a Inforesidencias.com algo parecido está pasando en comunidades como la de Madrid o Asturias.
A los que hoy viven esa peculiar situación, les parecerá bueno saber que la propuesta siguió su camino y que el 7 de Julio el Senado ha aprobado el IVA del 4% a los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención residencial contemplados en la ley de dependencia "siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios, que cubra más del 75% de su precio".
La pregunta es, ¿tendrá alguna repercusión sobre los centros colaboradores? Se permitirá la "subidilla" manteniendo el precio IVA incluido o no.
En principio una bajada o subida del tipo de IVA no debiera tener ninguna repercusión sobre los prestadores ya que ellos lo cobran y lo repercuten. Si alguna ventaja hay es que si el IVA baja, el servicio que se ofrece se convierte en más atractivo al tener un precio final más barato.
Ya sé que las plazas colaboradoras no son exactamente iguales a las de prestación vinculada pero, ¿no podría la Generalitat dar una pequeña alegría a una parte del sector aprovechando la circunstancia?
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