Aunque al común de los mortales no se lo parece, un observatorio puede ser mucho más que un edificio coronado por una cúpula de a que emerge un telescopio.
Desde hace años, no existe área de actividad, por baladí que sea, que no disponga de su propio “observatorio”. Los tenemos flamantes como el de la violencia de género, curiosos como el de convivencia escolar e incluso exóticos como el Observatorio Experimental Piloto de Iniciativas de Paz y Desarrollo en Territorios de Minorías Étnicas (quien crea que es broma que Googlee un poco).
Lo llamativo es que cuando hablamos de la Ley de Dependencia, la astenia que se vive a la hora de desarrollar aspectos básicos (normas autonómicas de acreditación y copago, por ejemplo), se torna en frenesí cuando se trata de crear observatorios que de forma directa o indirecta observen la aplicación de la Ley. Así, hay algunos de carácter institucional como el de Personas Mayores o el de la Discapacidad que ya existían. Surgieron iniciativas autonómicas como la Gallega donde antes de las últimas elecciones anunciaron la creación de un Observatorio Permanente para la Dependencia e incluso Ayuntamientos como el de Fuenlabrada que creó su Observatorio Municipal de la Dependencia. Fuera de la administración vemos que la Universidad de Valencia tiene su ONDEP, Observatorio Nacional de Dependencia, FEAPS también tiene el suyo y la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales su Observatorio Para el Desarrollo de la Ley de Dependencia (que se ha hecho famoso con controvertidos informes en que ponen notas a las comunidades autónomas o desvelando cuáles “hacen caja con la ley”).
Al lado de estos observatorios “oficiales” y “denunciantes” recientemente ha aparecido una nueva modalidad que yo denominaría como “observatorio arrojadizo”. En Madrid, se ha creado uno, del que forman parte los sindicatos mayoritarios, asociaciones de vecinos y una asociación de consumidores, en la presentación del cual han anunciado que una de sus finalidades es denunciar los reiterados incumplimientos de la Ley por parte de la Comunidad de Madrid.
Me parece perfectamente lícito y beneficioso que los ciudadanos “vigilen” a las administraciones ya que creo que los poderes públicos deben ser muy escrupulosos cuando gestionan lo que es de todos y sabemos que lo hacen mejor cuando se sienten controlados. Lo que me produce risa es que sean los sindicatos, financiados con dinero público, quienes se constituyan en vigilantes y me produce aún más risa, rozando la carcajada, cuál ha sido la reacción de la Comunidad de Madrid: “lo más lógico sería crear un Observatorio Social para la Dependencia de carácter Estatal y no uno en cada región”. O sea, otro más.
Si vemos los antecedentes no es descabellado pensar que acabaremos con diecisiete observatorios autonómicos, otro estatal, uno de los sindicatos, otro de las patronales y catorce o quince más de diferente pelaje. Me pregunto, ¿tendría éxito un metaobservatorio que se dedicase a observar los observatorios?
Por cierto, para los que no hayan googleado, el Observatorio Experimental Piloto de Iniciativas de Paz y Desarrollo en Territorios de Minorías Étnicas, no es español sino colombiano, pero con un nombre así no podía resistirme a referirme a él.
sábado, 7 de agosto de 2010
martes, 13 de julio de 2010
PREPARADOS PARA LA SUBIDILLA
El pasado 25 de mayo, el País publicó una noticia según la cual PSOE y CiU habían pactado el IVA suerreducido (4%) para las estancias en residencias por parte de beneficiarios de la prestación vinculada de la Ley de Dependencia. Esta rebaja tenía que entrar en vigor el 1 de julio pero, después de esa noticia todo quedó en nada: silencio, duda.
Lo único claro es que el Estado ha bajado el IVA a las Comunidades Autónomas para que puedan pagar menos por el concierto de plazas y que las residencias privadas han subido el IVA del 7 al 8%, una subida que han sufrido los usuarios en la mayor parte de casos pero que en otros han tenido que asumir las residencias, perdiendo una parte de su facturación.
En Cataluña, los usuarios de "plazas colaboradoras" pagan una cantidad que viene determinada en una resolución de la Generalitat. Ésta a su vez paga la diferencia entre lo que paga el usuario y una cantidad que se determina "IVA incluído" que oscila entre los 1.500 y 1.850 aproximadamente. El hecho de que el precio se determine "IVA" incluido hace que las residencias colaboradoras hayan tenido que facturar por una cantidad total equivalente al precio establecido por la Generalitat o sea que, al subir el IVA, han tenido que rebajar la base.
Aunque no se trata de una cantidad muy elevada por cada residente, sumando la de todos sí supone dejar de ingresar una cantidad a la que se tiene derecho.
Según nos informan algunos asociados a Inforesidencias.com algo parecido está pasando en comunidades como la de Madrid o Asturias.
A los que hoy viven esa peculiar situación, les parecerá bueno saber que la propuesta siguió su camino y que el 7 de Julio el Senado ha aprobado el IVA del 4% a los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención residencial contemplados en la ley de dependencia "siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios, que cubra más del 75% de su precio".
La pregunta es, ¿tendrá alguna repercusión sobre los centros colaboradores? Se permitirá la "subidilla" manteniendo el precio IVA incluido o no.
En principio una bajada o subida del tipo de IVA no debiera tener ninguna repercusión sobre los prestadores ya que ellos lo cobran y lo repercuten. Si alguna ventaja hay es que si el IVA baja, el servicio que se ofrece se convierte en más atractivo al tener un precio final más barato.
Ya sé que las plazas colaboradoras no son exactamente iguales a las de prestación vinculada pero, ¿no podría la Generalitat dar una pequeña alegría a una parte del sector aprovechando la circunstancia?
Ver noticia completa
Dependencia. El Senado aprueba el IVA superreducido para las prestaciones vinculadas al servicio :: Salud :: Medicina :: Periodista Digital
Lo único claro es que el Estado ha bajado el IVA a las Comunidades Autónomas para que puedan pagar menos por el concierto de plazas y que las residencias privadas han subido el IVA del 7 al 8%, una subida que han sufrido los usuarios en la mayor parte de casos pero que en otros han tenido que asumir las residencias, perdiendo una parte de su facturación.
En Cataluña, los usuarios de "plazas colaboradoras" pagan una cantidad que viene determinada en una resolución de la Generalitat. Ésta a su vez paga la diferencia entre lo que paga el usuario y una cantidad que se determina "IVA incluído" que oscila entre los 1.500 y 1.850 aproximadamente. El hecho de que el precio se determine "IVA" incluido hace que las residencias colaboradoras hayan tenido que facturar por una cantidad total equivalente al precio establecido por la Generalitat o sea que, al subir el IVA, han tenido que rebajar la base.
Aunque no se trata de una cantidad muy elevada por cada residente, sumando la de todos sí supone dejar de ingresar una cantidad a la que se tiene derecho.
Según nos informan algunos asociados a Inforesidencias.com algo parecido está pasando en comunidades como la de Madrid o Asturias.
A los que hoy viven esa peculiar situación, les parecerá bueno saber que la propuesta siguió su camino y que el 7 de Julio el Senado ha aprobado el IVA del 4% a los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención residencial contemplados en la ley de dependencia "siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios, que cubra más del 75% de su precio".
La pregunta es, ¿tendrá alguna repercusión sobre los centros colaboradores? Se permitirá la "subidilla" manteniendo el precio IVA incluido o no.
En principio una bajada o subida del tipo de IVA no debiera tener ninguna repercusión sobre los prestadores ya que ellos lo cobran y lo repercuten. Si alguna ventaja hay es que si el IVA baja, el servicio que se ofrece se convierte en más atractivo al tener un precio final más barato.
Ya sé que las plazas colaboradoras no son exactamente iguales a las de prestación vinculada pero, ¿no podría la Generalitat dar una pequeña alegría a una parte del sector aprovechando la circunstancia?
Ver noticia completa
Dependencia. El Senado aprueba el IVA superreducido para las prestaciones vinculadas al servicio :: Salud :: Medicina :: Periodista Digital
martes, 15 de junio de 2010
¿HA PARADO LA MÚSICA?
Dicen que Georges Soros dijo, tras perder varios millones de dolares en una operación financiara, una frase que describe muy bien la situación económica que estamos viviendo. Quizás la música ha parado de sonar pero la gente sigue bailando (ver cita).
Hace unas semanas que no consigo quitarme esta frase de la cabeza y es que en poco tiempo he impartido varias conferencias ante auditorios diferentes teniendo en común que siempre comparto mesa con algún representante de la administración. Mi discurso suele ser bastante parecido: "hemos desnaturalizado la Ley de Dependencia tanto que la hemos convertido en un zombi que se parece a la ley que habíamos querido pero sin espíritu"; "estamos en una situación de crisis tan profunda que es necesario replantear la forma en que aplicamos la Ley más allá de la supresión de la retroactividad", "quizás deberíamos plantearnos una moratoria de forma que en 2011 no entre la dependencia moderada, considerar la diferenciación entre costes hoteleros y asistenciales a la hora de determinar el copago o reducir considerablemente la cuantía de las prestaciones económicas no profesionales para desincentivarlas y hacerlas verdaderamente excepcionales".
Mis intervenciones suelen provocar reacciones diversas. Entiendo que algunas personas que ilusamente se creen las promesas de los poderes públicos se nieguen a aceptar "recortes". Lo que me llama poderosamente la atención es que haya personas con algún tipo de responsabilidad que todavía esté utilizando argumentos como "no se puede poner la excusa de que no hay dinero para limitar las prestaciones de la Ley de Dependencia". Esto es lo que escuché a Dña. Emilia Caballero, Adjunta Primera del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, con la que compartí mesa en una sesión sobre aspectos jurídicos de la Ley de Dependencia que tuvo lugar en Alicante el día 10 de junio. En esa misma jornada escuché de boca de D. Joaquín Martínez, Secretario Autonómico de Autonomía Personal y Dependencia de la Generalitat Valenciana que cuando la Comunidad reconoce una prestación económica para el cuidador, el coste de la misma se la reparten a partes casi iguales entre comunidad y estado (paga un poco más el estado) pero que cuando se reconoce un servicio de residencia la comunidad paga tres cuartas partes del coste. El debate entre estos dos ponentes resultó interesante ya que la Sra. Caballero vino a decirnos que se recibían tantas quejas sobre la Ley de Dependencia en esa comunidad que ellos concluían con que la aplicación estaba siendo muy deficiente.
Unos días antes, el 2 de junio en Tarragona, varias personas después de mi intervención en una Jornada sobre Dependencia en el ámbito de la discapacidad me dijeron que el problema es que yo era muy pesimista y que no se debería hablar de recortes en esta ley cuando vamos tan atrasados con relación a otros paises europeos. Yo les pregunté si leían los periódicos o veían la televisión ya que quizás no eran conscientes de que estamos en una situación desconocida de incertidumbre e inseguridad frente al futuro ellas me dijeron que había otros sitios para recortar y que siempre pagan los más débiles.
Unos días antes, el 19 de mayo, asistí a unas jornadas sobre acreditación y calidad en Cataluña y escuché de boca de la Sra. Pilar Solanes, subdirectora del ICASS, cuáles eran las claves del sistema de acreditación de Cataluña. No hubiesen resultado sorprendentes si su intervención no hubiese sido precedida por la de la Directora General, Carolina Homar que anunció, cariacontecida que era más que probable que el tijeretazo fuese a llegar a la sanidad y a los servicios sociales vía reducción de gasto en prestaciones/conciertos.
La frase de Soros es muy importante. Quien quiera leer la presentación de la Sra Solanes convendrá conmigo que los criterios de acreditación incrementarán los costes de prestación de servicios y quien haya escuchado a la Sra. Homar estará de acuerdo con que, durante un tiempo, va a haber menos dinero para hacer las cosas. ¿NO es incongruente? Yo creo que sí.
A nadie nos gusta que las cosas no vayan bien pero hace falta hacer algo. Yo creo que la idea de que estamos en una situación difícil y que hace falta hacer más con menos debería ser la premisa de todo lo que nos digan los políticos, pero no sólo el presidente del Gobierno sino todos. Esa idea debería imperar en todas las decisiones que se tomen con relación a la Ley de Dependencia y debería llevar a criterios de acreditación imaginativos que permitan no incrementar costes, criterios de copago lo más equitativos posibles en los que quién pueda pague verdaderamente más y así con todo.
Si no lo hacemos, seguiremos bailando sin música o lo que es peor con la música de la orquesta del Titanic.
Hace unas semanas que no consigo quitarme esta frase de la cabeza y es que en poco tiempo he impartido varias conferencias ante auditorios diferentes teniendo en común que siempre comparto mesa con algún representante de la administración. Mi discurso suele ser bastante parecido: "hemos desnaturalizado la Ley de Dependencia tanto que la hemos convertido en un zombi que se parece a la ley que habíamos querido pero sin espíritu"; "estamos en una situación de crisis tan profunda que es necesario replantear la forma en que aplicamos la Ley más allá de la supresión de la retroactividad", "quizás deberíamos plantearnos una moratoria de forma que en 2011 no entre la dependencia moderada, considerar la diferenciación entre costes hoteleros y asistenciales a la hora de determinar el copago o reducir considerablemente la cuantía de las prestaciones económicas no profesionales para desincentivarlas y hacerlas verdaderamente excepcionales".
Mis intervenciones suelen provocar reacciones diversas. Entiendo que algunas personas que ilusamente se creen las promesas de los poderes públicos se nieguen a aceptar "recortes". Lo que me llama poderosamente la atención es que haya personas con algún tipo de responsabilidad que todavía esté utilizando argumentos como "no se puede poner la excusa de que no hay dinero para limitar las prestaciones de la Ley de Dependencia". Esto es lo que escuché a Dña. Emilia Caballero, Adjunta Primera del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, con la que compartí mesa en una sesión sobre aspectos jurídicos de la Ley de Dependencia que tuvo lugar en Alicante el día 10 de junio. En esa misma jornada escuché de boca de D. Joaquín Martínez, Secretario Autonómico de Autonomía Personal y Dependencia de la Generalitat Valenciana que cuando la Comunidad reconoce una prestación económica para el cuidador, el coste de la misma se la reparten a partes casi iguales entre comunidad y estado (paga un poco más el estado) pero que cuando se reconoce un servicio de residencia la comunidad paga tres cuartas partes del coste. El debate entre estos dos ponentes resultó interesante ya que la Sra. Caballero vino a decirnos que se recibían tantas quejas sobre la Ley de Dependencia en esa comunidad que ellos concluían con que la aplicación estaba siendo muy deficiente.
Unos días antes, el 2 de junio en Tarragona, varias personas después de mi intervención en una Jornada sobre Dependencia en el ámbito de la discapacidad me dijeron que el problema es que yo era muy pesimista y que no se debería hablar de recortes en esta ley cuando vamos tan atrasados con relación a otros paises europeos. Yo les pregunté si leían los periódicos o veían la televisión ya que quizás no eran conscientes de que estamos en una situación desconocida de incertidumbre e inseguridad frente al futuro ellas me dijeron que había otros sitios para recortar y que siempre pagan los más débiles.
Unos días antes, el 19 de mayo, asistí a unas jornadas sobre acreditación y calidad en Cataluña y escuché de boca de la Sra. Pilar Solanes, subdirectora del ICASS, cuáles eran las claves del sistema de acreditación de Cataluña. No hubiesen resultado sorprendentes si su intervención no hubiese sido precedida por la de la Directora General, Carolina Homar que anunció, cariacontecida que era más que probable que el tijeretazo fuese a llegar a la sanidad y a los servicios sociales vía reducción de gasto en prestaciones/conciertos.
La frase de Soros es muy importante. Quien quiera leer la presentación de la Sra Solanes convendrá conmigo que los criterios de acreditación incrementarán los costes de prestación de servicios y quien haya escuchado a la Sra. Homar estará de acuerdo con que, durante un tiempo, va a haber menos dinero para hacer las cosas. ¿NO es incongruente? Yo creo que sí.
A nadie nos gusta que las cosas no vayan bien pero hace falta hacer algo. Yo creo que la idea de que estamos en una situación difícil y que hace falta hacer más con menos debería ser la premisa de todo lo que nos digan los políticos, pero no sólo el presidente del Gobierno sino todos. Esa idea debería imperar en todas las decisiones que se tomen con relación a la Ley de Dependencia y debería llevar a criterios de acreditación imaginativos que permitan no incrementar costes, criterios de copago lo más equitativos posibles en los que quién pueda pague verdaderamente más y así con todo.
Si no lo hacemos, seguiremos bailando sin música o lo que es peor con la música de la orquesta del Titanic.
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