La paradoja de muchas residencias en Cataluña
Una reflexión de finales de 2009
Josep de Martí
En Cataluña existe un grupo de empresarios del sector geroasistencial que empiezan a pasarlo mal sin tener culpa de nada y haciendo las cosas bastante bien.
Imaginemos una residencia privada para mayores que presta un servicio de calidad, con una ratio adecuada y unas buenas instalaciones. Funciona des de hace quince años y cobra unos precios que oscilan entre los 2.000 y 2.400 Euros (con algunos residentes que pagan menos debido a que llevan muchos años con actualizaciones de IPC).
Esta residencia ha mantenido siempre un muy alto nivel de ocupación, cuenta con unos prescriptores afianzados y con un sólido “boca-oreja” que le ha hecho ser optimista cuando mira hacia el horizonte.
En varias ocasiones, los responsables del centro habían considerado la opción de hacerse “residencia colaboradora” pero siempre lo habían desestimado por dos motivos: el precio que recibirían sería más bajo que el que cobraban actualmente y, además se verían obligados a financiar la estancia de los residentes debido a que las administraciones siempre tardan un tiempo en pagar su parte.
La entrada en vigor de la Ley de Dependencia no supuso un tropiezo a esta residencia. Algunos de sus residentes pidieron la valoración y recibieron prestaciones vinculadas, incluso durante 2008 ingresó residentes que venían con “la ayuda de la dependencia”.
Las cosas empezaron a cambiar a comienzo de 2009. Algunos potenciales residentes preguntaban, nada más llegar a visitar la residencia en búsqueda de plaza, si ésta era “colaboradora” ya que, una trabajadora social les había dicho que si iban a una que no lo fuera no podrían cobrar la ayuda.
Quizás había llegado el momento de convertirse en centro colaborador.
Los responsables rescataron una carta que les habían enviado desde una asociación patronal en la que, resumiendo una reunión que había tenido el presidente de la misma con la Consellera d’Acció Social, les informaban de a finales de 2009 se publicaría un decreto catalán de acreditación de centros; que, mientras tanto, la Generalitat abriría una nueva convocatoria de centros colaboradores en 2009 o prorrogaría la de 2008 de forma que, durante 2009, se podría solicitar la acreditación del programa de colaboración.
Las residencias se pusieron las pilas y, algunas, acometieron obras y mejoras para asegurarse el cumplimiento de todos los requisitos de acreditación. Pero pasaron los meses y la convocatoria no llegaba. De repente, justo antes de Semana Santa, salió una convocatoria de un concierto de 1.500 plazas que pretendía, básicamente concertar en la ciudad de Barcelona. Algunas residencias se presentaron y ganaron, la gran mayoría quedó excluida o no llegó a presentarse.
Siguió en transcurso de 2009 y la situación se fue resintiendo cada vez más. No sólo dejaban de ingresar nuevos residentes beneficiarios de la Ley de Dependencia sino que algunos de los ya ingresados tenían que irse a otros centros si querían cobrar la ayuda.
Las residencias que están hoy en esta situación se han preparado a conciencia cumpliendo todos los requisitos de acreditación, han actuado sobre la expectativa creada por las manifestaciones de la administración y aún así se encuentran en una situación difícil.
Para acabar de empeorar las cosas, la Generalitat ahora dice que, en su lista de prioridades, la nueva cartera de servicios sociales pasa por delante del Decreto de Acreditación por lo que, resulta casi imposible que éste esté preparado antes de final de año.
Algunas de estas residencias, en su preocupación, llaman a la Generalitat (ICASS, delegaciones territoriales, ProdeP..) donde les dicen que pueden solicitar por escrito el concierto de plazas pero que es posible que les contesten diciendo que tienen que esperar a que salga otra convocatoria.
Nadie parece poder dar una respuesta satisfactoria a estas residencias, a mí se me ocurren varias:
¿No podría la administración dar una prioridad máxima a la tramitación del Decreto de Acreditación de forma que, dando cumplimiento a la palabra dada, éste estuviese en vigor antes de final de año?
¿No podría publicarse una nueva convocatoria de centros colaboradores o prorrogar la de 2008, dando cumplimiento a la palabra dada?
¿No podrían poner al ciudadano en el centro y aplicar un principio de “libertad de elección”? Esto querría decir que, transitoriamente, hasta que se publique el Decreto de Acreditación y haya habido tiempo para acreditar a las residencias que lo soliciten, cualquier residencia autorizada pudiera acoger a residentes beneficiarios de la prestación vinculada.
Esta idea no es original ni novedosa, sencillamente se trata de hacer lo que se hacía durante la mayor parte de 2008, incluso se podría mantener la diferenciación en la cuantía de la prestación vinculada viniendo a decir “si usted elige un centro colaborador le daremos una ayuda algo superior ya que este centro tiene mayores exigencias, si elige un centro autorizado no colaborador le damos una ayuda, pero ésta será inferior”.
No creo que debiera haber demasiado problema para utilizar el mismo sistema que se utilizaba durante 2008 hasta que se apruebe el Decreto de Acreditación. Es más, creo que si la administración no lo ha hecho es porque no está siendo consciente del problema que el retraso en la aprobación del mismo está acarreando.
¿Es ajustada la realidad la descripción que hago? ¿Son muchas las residencias que se encuentran en esa situación? ¿Están sufriendo mucho?
El foro de Inforesidencias.com puede ser un buen lugar donde decirlo.
En unos seminarios que organizamos en Inforesidencias.com a finales de 2008 recomendamos a todas las residencias solicitar la acreditación como centro colaborador antes del 31 de diciembre y decíamos que la clave de la supervivencia de una residencia ante los acontecimientos que se nos avecinaban eran:
1. ¿Cumple los requisitos de acreditación de la convocatoria de 2008?
2. ¿Puede funcionar cobrando una media de 2.000 Euros al mes?
3. ¿Podría afrontar una certificación de calidad del tipo ISO?
Desde entonces hemos asesorado a muchos centros para obtener una respuesta a estas preguntas.
Si el seminario se celebrase hoy añadiríamos una cuarta ¿Puede la residencia asumir que una parte importante del precio de la estancia lo paguen los residentes con hasta seis meses de retraso?
lunes, 30 de noviembre de 2009
sábado, 24 de octubre de 2009
ESTADISTICAS, MENTIRAS Y UN 1%
Desde que los propietarios de El País se enfadaron con el presidente del Gobierno por el tema del fútbol y la TDT este diario está ofreciendo informaciones sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia que, hace sólo unos meses nos hubiesen obligado a volver a mirar la cabecera para asegurarnos qué periódico estábamos leyendo.
Y es que hay formas y formas de decir las cosas. En pocos días hemos leído en El País que “La Ley de Dependencia financia de forma irregular a miles de usuarios”, que “Tres años después de aprobar la ley aún se desconoce el número de beneficiarios” o que “La Ley de Dependencia perpetúa el cuidado de ancianos en su casa”.
Dejando de lado la cuestión político/periodística lo que dice El País es bien cierto. Una vez han desaparecido de las estadísticas del Sistema de la Dependencia las prestaciones sin identificar sabemos que más de la mitad de las ayudas que se están dando corresponden al fomento del cuidado informal. Eso, si nos creemos los números, pero, ¿podemos hacerlo? Parece ser que no.
Para empezar, algo tan sutil como seguir contando a los muertos tras su deceso podría estar alterando en más de 50.000 el número beneficiarios que aparecen en las tablas.
Quienes se han dedicado a destripar las cifras del SISAAD han encontrado muy sospechoso, sino sencillamente farsario, que coincidan el número de prestaciones concedidas y el de personas receptoras, ¿Por qué?, porque es palmario que hay personas que reciben más de una prestación. El ejemplo más sencillo es la teleasistencia: “Si hasta ahora sólo entran los grandes dependientes y los que tienen dependencia severa, ¿es creible que haya dependientes que sólo estén recibiendo teleasistencia?” No. Otro ejemplo, ¿No hay nadie compatibilizando ayuda a domicilio y centro de día?, si hacemos caso a las estadísticas, no. La realidad en cambio nos dice que sí.
Si aceptamos que el “pastel estadístico” huele mal tendríamos que preguntarnos quién tiene la culpa: quien ha facilitado los ingredientes (o sea las comunidades autónomas que dan los datos) o el cocinero que ha horneado la tarta (el Ministerio). La cuestión es difícil y creo que lo será más con el tiempo ya que a todos les va bien que los ciudadanos no acabemos de enterarnos de cómo va la cosa.
Lo único cierto e incuestionable es que la Ley de Dependencia va por el camino de convertirse en la Ley del apoyo al cuidador informal. Si pudiésemos hacer caso de los datos de Octubre resulta que el 51% de las ayudas de la Ley son prestaciones para el cuidador no profesional (239.100), de éstas 90.300 han generado un alta en la seguridad social, o sea que 148.000 son persona que pueden ser jubiladas, cotizantes a la seguridad social en activo, en paro o en excedencia para el cuidado del familiar. ¿No necesitarían estos datos un poco más de “análisis estadístico”? De momento no parece una prioridad.
La única estadística que es incuestionable y, al parecer irremediable es la que nos dice que, después de años insistiendo en que se cambiase el IVA de las residencias lo hemos conseguido, sólo que al revés. A partir de julio de 2009 en vez de bajar al 4% éste subirá un 1% hasta llegar al 8%. Por lo menos el gobierno nos ofrece un dato que nos podemos creer.
Y es que hay formas y formas de decir las cosas. En pocos días hemos leído en El País que “La Ley de Dependencia financia de forma irregular a miles de usuarios”, que “Tres años después de aprobar la ley aún se desconoce el número de beneficiarios” o que “La Ley de Dependencia perpetúa el cuidado de ancianos en su casa”.
Dejando de lado la cuestión político/periodística lo que dice El País es bien cierto. Una vez han desaparecido de las estadísticas del Sistema de la Dependencia las prestaciones sin identificar sabemos que más de la mitad de las ayudas que se están dando corresponden al fomento del cuidado informal. Eso, si nos creemos los números, pero, ¿podemos hacerlo? Parece ser que no.
Para empezar, algo tan sutil como seguir contando a los muertos tras su deceso podría estar alterando en más de 50.000 el número beneficiarios que aparecen en las tablas.
Quienes se han dedicado a destripar las cifras del SISAAD han encontrado muy sospechoso, sino sencillamente farsario, que coincidan el número de prestaciones concedidas y el de personas receptoras, ¿Por qué?, porque es palmario que hay personas que reciben más de una prestación. El ejemplo más sencillo es la teleasistencia: “Si hasta ahora sólo entran los grandes dependientes y los que tienen dependencia severa, ¿es creible que haya dependientes que sólo estén recibiendo teleasistencia?” No. Otro ejemplo, ¿No hay nadie compatibilizando ayuda a domicilio y centro de día?, si hacemos caso a las estadísticas, no. La realidad en cambio nos dice que sí.
Si aceptamos que el “pastel estadístico” huele mal tendríamos que preguntarnos quién tiene la culpa: quien ha facilitado los ingredientes (o sea las comunidades autónomas que dan los datos) o el cocinero que ha horneado la tarta (el Ministerio). La cuestión es difícil y creo que lo será más con el tiempo ya que a todos les va bien que los ciudadanos no acabemos de enterarnos de cómo va la cosa.
Lo único cierto e incuestionable es que la Ley de Dependencia va por el camino de convertirse en la Ley del apoyo al cuidador informal. Si pudiésemos hacer caso de los datos de Octubre resulta que el 51% de las ayudas de la Ley son prestaciones para el cuidador no profesional (239.100), de éstas 90.300 han generado un alta en la seguridad social, o sea que 148.000 son persona que pueden ser jubiladas, cotizantes a la seguridad social en activo, en paro o en excedencia para el cuidado del familiar. ¿No necesitarían estos datos un poco más de “análisis estadístico”? De momento no parece una prioridad.
La única estadística que es incuestionable y, al parecer irremediable es la que nos dice que, después de años insistiendo en que se cambiase el IVA de las residencias lo hemos conseguido, sólo que al revés. A partir de julio de 2009 en vez de bajar al 4% éste subirá un 1% hasta llegar al 8%. Por lo menos el gobierno nos ofrece un dato que nos podemos creer.
54 EUROS QUE EXPLICAN UNA LEY
Por si a alguien le quedaba alguna duda sobre cómo se está aplicando la Ley de Dependencia en España, una noticia publicada en el periódico asturiano La Nueva España aclara la situación.
Resulta que un hombre de 52 años de Castrillón con secuelas graves provocadas por un accidente tramita su valoración del grado y nivel de dependencia. El resultado: gran dependencia. A la hora de elaborar el PIA se le indica que lo que le corresponde es una ayuda económica para que su mujer le cuide en casa de 54 Euros al mes. El motivo de tan escasa cuantía es que la persona ya estaba cobrando 1.184 euros al mes de una pensión de invalidez.
Cuando la mujer del dependiente responde indignada que la cantidad le parece un insulto le dicen que si lo prefiere puede ingresar en una residencia pagando el 70% del coste, o en un centro de día pagando el 30%. Otra opción, que es la que finalmente acepta la cuidadora, es que “una asistente social acuda a su domicilio durante 50 minutos al día --ya que diez minutos se emplean en el desplazamiento-- por un importe de 22 euros al mes”. El entrecomillado corresponde a la noticia tal como la recoge Europa Press en su página web.
Dejando de lado que una agencia de noticias de prestigio confunda “asistente social” con auxiliar de ayuda a domicilio, lo que se pone de manifiesto con esta noticia es el grado de retorcimiento que está alcanzando la aplicación del sistema de atención a la dependencia.
Recordemos una vez más que La Ley establece que, a la hora de redactar el plan individual, debe considerarse de forma prioritaria la prestación de servicios públicos o concertados dejando en un segundo plano la prestación económica vinculada y sólo para casos excepcionales la prestación económica para el cuidado no profesional en el entorno familiar.
Hasta ahora, en múltiples conferencias, congresos, jornadas y demás encuentros se nos decía que el motivo por el que se están dando tantas ayudas económicas a familiares es que las personas las piden porque prefieren quedarse en casa. Con casos como éste, esa explicación pierde solidez.
Lo cierto es que la opción que ha escogido el cuidador (más o menos 22 horas mensuales de SAD) costarán a la administración unos 200€ al mes, descontando el copago. Si hubiese elegido residencia o centro de día, con un copago de un 70% y 30% respectivamente, el coste para el sistema hubiera sido de unos 400€/mes. Es este un cálculo hecho grosso modo, teniendo en cuenta que Asturias tiene unos precios públicos bastante escasos. Pero, aunque no sea totalmente ajustado, lo que no es discutible es que la opción “54 Euros de ayuda al familiar” era la más económica y que menos garantizaba una atención profesionalizada.
Aunque en este caso la comunidad haya sido Asturias, no es éste un defecto atribuible a una administración concreta. Lo cierto es que la crisis hace agudizar el ingenio y, lo más cierto es que resulta más económico dar “ayuditas” que prestar servicios. En este caso lo ridículo de la cantidad hizo saltar la liebre pero, cuántas personas de las que han recibido prestación económica para el cuidado familiar estarían mejor cuidadas recibiendo atención profesional.
Parece que, debido a la crisis, la Ley de Dependencia se empieza a ver como una forma más de redistribuir rentas. Es indiscutible que 500 Euros pueden suponer una gran ayuda para la economía de una familia con algún miembro en paro que convive con un dependiente, pero la función de esta ley no era dar ese apoyo económico sino atención a las personas en situación de dependencia.
Viendo cómo están las cosas caben dos opciones: aceptamos que en tiempos de crisis “los dineros de la dependencia” deben servir de colchón para los más desfavorecidos o, volvemos al inicio, cambiamos la Ley y hacemos desaparecer las prestaciones económicas para el cuidador familiar centrando todo el esfuerzo en la prestación de servicios profesionalizados.
A ver qué será.
Resulta que un hombre de 52 años de Castrillón con secuelas graves provocadas por un accidente tramita su valoración del grado y nivel de dependencia. El resultado: gran dependencia. A la hora de elaborar el PIA se le indica que lo que le corresponde es una ayuda económica para que su mujer le cuide en casa de 54 Euros al mes. El motivo de tan escasa cuantía es que la persona ya estaba cobrando 1.184 euros al mes de una pensión de invalidez.
Cuando la mujer del dependiente responde indignada que la cantidad le parece un insulto le dicen que si lo prefiere puede ingresar en una residencia pagando el 70% del coste, o en un centro de día pagando el 30%. Otra opción, que es la que finalmente acepta la cuidadora, es que “una asistente social acuda a su domicilio durante 50 minutos al día --ya que diez minutos se emplean en el desplazamiento-- por un importe de 22 euros al mes”. El entrecomillado corresponde a la noticia tal como la recoge Europa Press en su página web.
Dejando de lado que una agencia de noticias de prestigio confunda “asistente social” con auxiliar de ayuda a domicilio, lo que se pone de manifiesto con esta noticia es el grado de retorcimiento que está alcanzando la aplicación del sistema de atención a la dependencia.
Recordemos una vez más que La Ley establece que, a la hora de redactar el plan individual, debe considerarse de forma prioritaria la prestación de servicios públicos o concertados dejando en un segundo plano la prestación económica vinculada y sólo para casos excepcionales la prestación económica para el cuidado no profesional en el entorno familiar.
Hasta ahora, en múltiples conferencias, congresos, jornadas y demás encuentros se nos decía que el motivo por el que se están dando tantas ayudas económicas a familiares es que las personas las piden porque prefieren quedarse en casa. Con casos como éste, esa explicación pierde solidez.
Lo cierto es que la opción que ha escogido el cuidador (más o menos 22 horas mensuales de SAD) costarán a la administración unos 200€ al mes, descontando el copago. Si hubiese elegido residencia o centro de día, con un copago de un 70% y 30% respectivamente, el coste para el sistema hubiera sido de unos 400€/mes. Es este un cálculo hecho grosso modo, teniendo en cuenta que Asturias tiene unos precios públicos bastante escasos. Pero, aunque no sea totalmente ajustado, lo que no es discutible es que la opción “54 Euros de ayuda al familiar” era la más económica y que menos garantizaba una atención profesionalizada.
Aunque en este caso la comunidad haya sido Asturias, no es éste un defecto atribuible a una administración concreta. Lo cierto es que la crisis hace agudizar el ingenio y, lo más cierto es que resulta más económico dar “ayuditas” que prestar servicios. En este caso lo ridículo de la cantidad hizo saltar la liebre pero, cuántas personas de las que han recibido prestación económica para el cuidado familiar estarían mejor cuidadas recibiendo atención profesional.
Parece que, debido a la crisis, la Ley de Dependencia se empieza a ver como una forma más de redistribuir rentas. Es indiscutible que 500 Euros pueden suponer una gran ayuda para la economía de una familia con algún miembro en paro que convive con un dependiente, pero la función de esta ley no era dar ese apoyo económico sino atención a las personas en situación de dependencia.
Viendo cómo están las cosas caben dos opciones: aceptamos que en tiempos de crisis “los dineros de la dependencia” deben servir de colchón para los más desfavorecidos o, volvemos al inicio, cambiamos la Ley y hacemos desaparecer las prestaciones económicas para el cuidador familiar centrando todo el esfuerzo en la prestación de servicios profesionalizados.
A ver qué será.
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