DUMPING SOCIAL Y LIBRE COMPETENCIA

Desde hace unos años intento asistir a los principales “saraos” que se organizan en nuestro sector: congresos, encuentros y jornadas organizados por entidades de prestigio en los que siempre aprendes algo nuevo mezclado entre muchas cosas que has oído repetir cientos de veces.
Una de esas aseveraciones repetidas es que ninguna empresa debiera presentarse a concursos por debajo de un cierto precio ya que quien lo hace perjudica a todos y se acaba perjudicando a sí mismo. Siempre se habla de un “precio de coste” por debajo del cual las administraciones no deberían nunca convocar un concurso. Por supuesto que desde la tribuna nunca se menta al pecador y siempre es, después de las conferencias, cuando alguien te dice que, al final eso lo hacen todos y que quien denuncia es el primero que ha ganado un concurso “no-sé-dónde” a “no-sé-cuántos” euros.
Tantas veces lo había oído que al final lo había creído. Pero ahora resulta que el Consejo Nacional de la Competencia tiene bajo sospecha a varios sectores entre los que se encuentra el de la atención domiciliaria acusados de pactar precios mínimos, o sea, por utilizar prácticas contrarias a la competencia. Como el instrumento que utilizan para llegar a esa conclusión es una serie de convenios colectivos, los sindicatos también han entrado en la polémica defendiendo que ese pacto de precios mínimos es la única forma de evitar el “dumping social”, o sea, contratar a precios que sólo se pueden mantener pagando a los trabajadores por debajo del convenio.
La cuestión es si en un convenio colectivo las empresas y los sindicatos pueden pactar que, ninguna se presente a concursos públicos por debajo de un determinado precio. Según los sindicatos no sólo pueden sino que las autoridades de defensa de la competencia no tienen ninguna competencia para meterse y mucho menos para sancionar a patronal y sindicatos. Según defensa de la competencia (tanto a nivel autonómico, nacional y europeo) los convenios podrán establecer las condiciones laborales pero de ninguna forma establecer las tarifas a las que las empresas podrán vender sus servicios.
Así las cosas, si algún día las empresas se pusiesen de acuerdo, como tantas veces he oído, para no presentarse a concursos por debajo de un precio determinado, podrían ser sancionadas. O sea, que sólo nos queda apelar al buen sentido de nuestros gobernantes para que piensen que, si externalizan es porque ellos no saben prestar el servicio de forma eficiente. Ellos saben perfectamente lo que cuesta y lo que supone “recortar”. El problema es que si tenemos que esperar que la respuesta venga del buen sentido de nuestros gobernantes, vamos “apañaos”.

GESTIÓN PRIVADA DE SERVICIOS PÚBLICOS. UN BAILE DE MÁSCARAS

En varias ocasiones hemos hablado sobre lo curioso que resulta ver la posición que adoptan los partidos en relación a la gestión por parte de entidades privadas de servicios públicos: la mal llamada “privatización de los servicios”. La verdad es que sorprende ver como lo relevante no es el color político del partido que gobierna sino el hecho mismo de que gobierne o esté en la oposición.
A primera vista parecería que un partido más "liberal/centrista/de derecha" apostaría por financiar con fondos públicos el servicio y encomendar a una empresa la prestación y que uno más "socialdemócrata/socialista/de izquierda" preferiría que fuese la misma administración la que financie y gestione los servicios. Eso, a primera vista porque la verdad es totalmente diferente. Un nuevo caso lo tenemos en Asturias, donde gobierna el PSOE y tiene en la oposición al PP y a IU.
Pues bien, cuando co- gobernaba IU, según una noticia que hemos leído en El Comercio Digital, externalizó servicios de comedor, lavandería y limpieza en centros nuevos e incluso dio a gestión privada por parte de entidades sin ánimo de lucro dos residencias. Pero ahora considera que con la opción por la gestión privada de una nueva residencia pública, el principado está "abriendo la puerta a la privatización" de los servicios sociales. Esta posición, aunque comporta una falta de coherencia (ya que quien abre la puerta a la privatización, si es que ésta existe, es el primero que da a gestión privada un centro, aunque el ente gestor sea benéfico) supone que IU se mantiene en su posición ideológica de criticar la prestación privada de servicios públicos.
Peor parada queda la posición del PP que en teoría debería defender la gestión privada pero que resulta que en Asturias no ve bien que se construya con fondos públicos algo que será gestionado por una empresa privada. ¿Habría que recordarle al PP asturiano que exactamente eso es lo que se hace en lugares gobernados por el PP?
El PSOE, dice la que para mí es la mejor frase del debate: La titularidad pública de unas instalaciones «no es garantía de una mejor atención» a los residentes. Estaría muy bien recordarle esa frase a los socialistas madrileños o de la Comunidad Valenciana que suelen criticar la decantación hacia lo privado de sus gobiernos autonómicos.
Y es que es el quid de la cuestión, lo lógico, es que la administración pública garantice mediante la financiación que el servicio público se preste y que el prestador concreto en cada caso sea aquél que sea capaz de hacerlo de la forma más eficaz y eficiente, o sea, de la mejor manera y a un mejor precio. Esa es la única forma que tiene la administración para poder probar que está llegando al máximo de usuarios con calidad.
El problema es determinar quién es el más eficaz y eficiente. Sabemos que las empresas son más eficientes que la propia administración (o sea, hacen lo mismo por menos precio) y eso es lo que lleva a comunidades de diferente color a "externalizar" servicios. El problema es determinar si lo que se hace en una residencia gestionada por la administración es mejor que lo que se hace en una gestionada por una empresa. ¿Por qué no se mide y se hace público? Personalmente creo que no se hace porque haría ruborizarse a más de uno.

Mientras tanto, ¡que siga el baile de máscaras!, si gobiernas defiendes la gestión privada, si estás en la oposición la criticas. ¿Y los dependientes y sus familiares? Nadie les ha invitado al baile.

JUGANDO A LAS FERIAS

Desde hace algunos años, cada vez que asisto a una feria dirigida al sector de la atención a personas mayores escucho quejas de los que atienden los stands diciendo que no ha venido toda la gente que esperaban o que el perfil de los visitantes no es el que ellos necesitan.
Parece que la feria soñada por los expositores sería aquella a la que asisten los propietarios de las residencias pequeñas y medianas y los responsables de compras de las más grandes y cadenas. Si además pudiesen venir directivos del sector no residencial (atención domiciliaria, apartamentos para mayores) y los emprendedores con dinero que están planteándose entrar en el sector: “miel sobre hojuelas”.
Lo cierto es que en once meses se están sucediendo la feria Orprocare en Valencia, Avante en Barcelona y Ortoprocare en Madrid, todas ellas con potentes padrinos y la intención de convertirse en “la gran feria nacional del sector”. IFEMA también organizará en 2009 en Madrid otra “gran feria nacional” que, como las otras, intenta convertirse en punto de referencia. Y mientras tanto, otras iniciativas como Firagran en Barcelona, dirigida a personas mayores, han seguido organizando ferias y congresos a nivel autonómico que persiguen atraer a empresarios y al visitante profesional.
Las organizaciones patronales tienen la opción de celebrar sus propios “congresos-feria”, como la FNM u optar por aliarse con alguna de las ferias en pugna pero, mientras tanto, los expositores son cada vez más desconfiados a la hora de contratar stands asumiendo el coste de participar en un evento, y los “visitantes profesionales” dudan si vale la pena desplazarse a Madrid, Barcelona o Valencia para asistir a otro sarao.
Parece ser que en algunos países existen organizaciones que asocian a empresarios y que deciden dónde y cada cuánto se hace la feria de cada sector. Así, todo el mundo sabe dónde y cuándo se celebra el gran encuentro de su sector determinado. Durante ese gran encuentro se pueden suceder presentaciones, actividades paralelas e incluso congresos sectoriales, pero todo alrededor de una gran feria. Por supuesto que existen encuentros de segundo nivel en los que se encuentran profesionales de una zona determinada, pero eso no obsta para que todos (posibles visitantes y expositores) reconozcan cuál es la feria de referencia.
Quizás en nuestra España nos es más propio tener cinco grandes encuentros y que todos compitan entre ellos en una guerra de bonsáis en el que cada cual se proclama el mejor y descalifica a los demás.
¿Sería planteable ponerse de acuerdo para determinar entre todos cuál queremos que sea nuestra feria de referencia e imponer a los organizadores cómo, cuándo y dónde queremos que se celebre?