HUELGA EN RESIDENCIAS GERIÁTRICAS

Imaginemos que tres hermanas van a la huelga. Las tres quieren lo mismo (ganar más dinero y mejores condiciones laborales) y las tres, por supuesto son buenas personas que, en principio no quieren hacer sufrir a nadie.
Una es controladora aérea. Al día siguiente, su decisión afecta a miles de personas que se quedan atascadas en el aeropuerto. Personas con corbata, mochila o con un bebé en brazos que están muy enfadadas. Hay unos servicios mínimos pero éstos se cumplen “a reglamento”, con lo que casi es peor el remedio que la enfermedad. La huelga en un día aparece en la primera página de los periódicos, en dos, se está negociando con la administración y en tres, se resuelve con más dinero, mejores condiciones o una combinación de ambas. ¿Quién pagará?, en parte los viajeros vía tasas, en parte todos vía impuestos.
La segunda es funcionaria de un juzgado en una comunidad donde la justicia no ha sido transferida. Cuando llevan unos días de huelga la noticia empieza a aparecer en los medios, pero nadie se fija. Los que acuden a los juzgados notan el parón, pero como en proporción son pocos.. Cuando llevan muchos días aparece otra noticia terrible relacionada con el funcionamiento deficiente de algunos juzgados y el tema se hace “mediático”. Finalmente se abre una negociación larga y farragosa que acaba con algo más de dinero y mejores condiciones que pagamos todos a través de los impuestos.
La tercera es gerocultora en una residencia geriátrica privada que tiene alguna plaza financiada por la administración (imaginemos que con un cheque o un concierto que no cubre los costes del servicio). Ella cobra lo que establece el convenio colectivo (menos de una cuarta parte de lo que gana su hermana la controladora y algo más de la mitad que lo que gana la funcionaria de juzgados). Se establecen unos servicios mínimos que dicen que se tiene que funcionar “como en un festivo” (quien los ha redactado no sabe que en un festivo se hace casi lo mismo que en un día normal), o sea que lo huelga no se nota. Muchos residentes y familiares ni se enteran de que la hay salvo por algún adhesivo en la solapa de la bata de un par de auxiliares. Algún medio habla de “huelga en el sector de la dependencia” y la mayor parte de los lectores no saben de qué se trata la noticia. Eso sí, los sindicatos convocantes dicen que ha sido un gran éxito y organizan una manifestación delante de la sede de la patronal desde donde les miran pensando que se han equivocado y que deberían manifestarse ante la sede del Departamento de Servicios Sociales. La empresa piensa que si los precios de concierto y los que pueden cobrar a los usuarios privados fuesen algo más elevados podría contratar empleados más cualificados y mantenerlos en plantilla más tiempo. Que la administración cada vez “apuesta más por la calidad” sin querer pagar lo que cuesta y que como cada vez hay más influencia pública en los precios, el conflicto no está entre trabajadores y empresarios sino entre ambos y la administración. Pero eso da igual. La manifestación acaba y todo sigue igual o un poco peor.
Cuando se encuentren el siguiente fin de semana las tres hermanas la cosa está clara: una traerá langostinos, otra pondrá el vino y la tercera lavará los platos.

EL RETO DE DESPROFESIONALIZAR LOS SERVICIOS SOCIALES

Tres acontecimientos sucedidos en un lapso de quince años me llevan a pensar que en el sector geroasistencial deberíamos empezar a plantearnos un reto importante.
En 1993, durante el congreso de la sociedad mundial de geriatría en Budapest, la entonces ministra de servicios sociales de Dinamarca dijo que se debía afrontar el reto de la desprofesionalización de los servicios sociales acotando muy bien qué parte de éstos requiere de la intervención de profesionales altamente preparados. El motivo no era otro que garantizar la sostenibilidad del sistema.
Unos años más tarde, durante el viaje a Suecia que organizamos en Inforesidencias.com para conocer el funcionamiento del sistema escandinavo de servicios sociales, nos sorprendió que en las residencias sólo trabajasen enfermeras, auxiliares de enfermería y “ayudantes de enfermería”. Cuando les dijimos que en España las residencias tenían médicos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y otros profesionales nos dijeron: “así es como lo hacíamos nosotros en los años setenta. Después nos dimos cuenta de que no hacía falta tantos profesionales. Al fin y al cabo la residencia sólo pretende ser un sustituto del hogar.”
Hace pocos días leí que en diferentes lugares de España se plantea una polémica sobre la posibilidad de que los enfermeros puedan prescribir medicamentos e incluso, en algún ambulatorio de Barcelona se plantea que los DUEs puedan sustituir a los médicos en consultas que, según su criterio no requieran la intervención del facultativo.
Las tres situaciones tienen algo en común. En primer lugar, la creciente dificultad para encontrar profesionales preparados, por otro un problema de coste y sostenibilidad de servicios financiados con dinero público y por otro una pregunta relacionada “¿se justifica con criterios coste/resultado la intervención de profesionales en un proceso?”.
Sé que en Dinamarca y Suecia hicieron el viaje a la superprofeisonalización antes de emprender el de regreso cosa que aquí no ha sucedido. También sé que el mero hecho de plantear en serio una desprofesionalización levantaría muchas ampollas corporativas, pero aún así. ¿No podríamos explorar aunque sea mínimamente el camino? ¿Podría plantearse alguna unidad experimental en la que la sanidad pública prestase los servicios que le corresponden y la residencia fuese un mero sustituto del hogar?. En Suecia la seguridad social atiende a los residentes como si fuesen personas que viven en sus casas, cuando necesitan un médico van al ambulatorio o el médico se traslada al centro. Lo mismo sucede con el fisioterapeuta y otros profesionales sanitarios. Eso les permite racionalizar la exigencia de profesionales. “¡Cosas vederes, Sancho que non crederes!”.
Pero, espera un momento ¿no es eso exactamente igual a lo que “en teoría” sucede en España?
¿Deberíamos afrontar primero el reto de la coordinación sociosanitaria y después el de la desprofesionalización? Quizás sí. ¡Tantos retos y tan poca audacia!

¡CABALLO ANDALUZ O BURRO MANCHEGO?

Si todo hubiese ido como estaba previsto, a estas alturas tendríamos un Real Decreto sobre copago, uno sobre acreditación de centros y ya empezaríamos a tener unos criterios comunes de calidad establecidos por el Consejo Territorial del sistema de la dependencia.
Esos reales decretos estarían actuando como guías por las que cada comunidad autónoma estaría elaborando sus respectivas reglamentaciones y todo ello nos llevaría hacia una cierta armonización de los diferentes sistemas autonómicos existentes antes de la Ley.
La realidad es que si te toca viajar por España, el mensaje que recibes de las diferentes comunidades autónomas te lleva a pensar en muchas cosas que no son precisamente armonización.
Así, en Cataluña se acaba de aprobar la nueva Ley de Servicios Sociales que incorpora el Sistema Catalán de la Dependencia como un subsistema del de Servicios Sociales. En ella, forma en que se describen servicios y prestaciones es diferente de la que utiliza la Ley de Dependencia. En aplicación de una disposición de esa Ley ya se ha publicado una convocatoria para acreditar centros. En Andalucía se habla de un nuevo decreto sobre calidad que no puede esperar a los criterios que establezca el Consejo. En Valencia las residencias saben informalmente qué centros serán los concertados y en Asturias, la nueva consejera que lleva una considerable racha de iniciativas, siguen su camino hacia un modelo de calidad y derechos. Y a todo esto, el Consejo sigue sin proponer y el gobierno sin promulgar los Reales Decretos que permitirían desarrollar el sistema como estaba previsto.
Las iniciativas autonómicas se ajustan a las competencias de cada comunidad y son totalmente legales en la medida en que son planteadas por sus respectivos gobiernos sin que exista otra norma que las contradiga. Pero son también iniciativas que tienden a que permanezca la diversidad de modelos que hasta ahora han existido y el acercamiento de los cuales parecía perseguirse con la Ley. Viéndolas uno llega al convencimiento de que las comunidades no están interesadas en la armonización sino en recibir financiación para unos modelos que ya tienen pergeñados y que no quieren cambiar.
Hace ahora dos años escribí en este periódico que si no había verdadera voluntad de armonizar nada quizás no hacía falta tanta Ley y podíamos limitarnos a incluir un capítulo de dependencia en la financiación de las comunidades autónomas proveniente de los presupuestos generales. Después me fui haciendo optimista y, durante unos meses creí que, de verdad, había la voluntad de unificar mínimamente los criterios.
Alguien me ha dicho que puedo volver a ser optimista y que todo se debe a la parálisis lógica que acontece siempre antes de unas elecciones. Espero que sea cierto y que el ritmo de trabajo que se alcanzó hasta mayo del año pasado se recupere después de las elecciones. Si no es así, el Consejo habrá hecho honor a aquél dicho tan castizo que dice que algunos tienen Arrancada de caballo andaluz y llegada de burro manchego.