EL COSTE DE LA PROFESIONALIZACIÓN

Marzo de 2007

Hace unos años me invitaron a hablar en el acto de presentación de una normativa sobre residencias que se acababa de aprobar en una comunidad autónoma. El responsable político en su intervención explicó el gran avance que supondría la nueva reglamentación por la apuesta que hacía por la profesionalización del sector, entendiendo como tal la contratación de más personal con titulación universitaria (en aquél caso, médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas). Cuando acabó la explicación del político una persona del público dijo que en la zona de montaña en la que tenía su residencia no había ningún terapeuta ocupacional y que el único médico tenía incompatibilidad para trabajar fuera de la seguridad social. La respuesta, en tono tranquilizador fue que, en la aplicación de la nueva normativa, se actuaría desde la administración con flexibilidad y realismo ya que lo importante era que cada vez la atención a mayores fuera más “profesionalizada”.

Durante un tiempo pensé que el problema de encontrar determinados profesionales sería algo circunscrito entorno rural, pero estaba equivocado. Hoy resulta casi imposible encontrar a un (o una) diplomado en enfermería dispuesto a trabajar en una residencia con el salario que establece para ese profesional el convenio colectivo vigente.

Hablando con el gerente de un colegio de enfermería supe que, si se está dispuesto a pagar 2.100 Euros al mes es fácil encontrar a enfermeros/as dispuestos a trabajar en una residencia. Incluso supe que algunos colegios no aceptan en sus bolsas de trabajo ofertas de empresas por debajo de esa cantidad. Cuando le comenté que el salario base de un DUE en el convenio estatal era en 2006 de 1.073,66 € me dijo que ya lo sabía y que no lo consideraba como digno de un profesional. Su razonamiento era que lo que se debe tener en cuenta es el trabajo y no dónde lo desempaña, o sea que, el salario de un diplomado en enfermería de una residencia privada no puede ser la mitad del de una residencia pública o de un hospital. Independientemente de la validez o no del argumento, lo que es indiscutible es que la ley de la oferta y la demanda hace que el salario convenio se convierta, en el caso de algunas categorías, en algo meramente testimonial.

La recientemente aprobada Ley de Dependencia hace una nueva apuesta por la calidad y la profesionalización de la atención a personas dependientes mediante la determinación de las cualificaciones profesionales idóneas, los programas y las acciones formativas que sean necesarios. Supongo que eso quiere decir formar a los gerocultores de forma que acaben obteniendo un título reconocido en toda España, aumentar el número de profesionales y formarlos para que se especialicen en el cuidado a personas dependientes. Quizás incluso, exigir que todos los enfermeros del sistema tengan la nueva especialidad en geriatría. La duda es: ¿se ha tenido en cuenta que en toda persona que se forma y se especializa se genera una legítima expectativa de ganar más dinero?

Si los números están hechos pensando que un gerocultor seguirá ganando 800 euros al mes y una enfermera 1.073 tendremos que elegir una entre varias opciones: metemos más dinero en el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia; aplicamos criterios de “flexibilidad” olvidándonos de la profesionalización; optamos por dar dinero a los cuidadores dejando de lado la atención profesional o, sencillamente nos olvidamos del cuarto pilar del estado de bienestar.

SE ACERCA EL TSUNAMI DE LA LEY DE DEPENDENCIA

Febrero 2007

Una de las primeras iniciativas que ha tenido el gobierno tras la aprobación de la Ley de Dependencia es poner en marcha un teléfono gratuito de información que, según hemos sabido, ha recibido un aluvión de llamadas los primeros días de funcionamiento.

Uno de los que llamé fui yo y, cuando lo hice, una persona muy amable me informó de que la Ley ya está aprobada pero ahora faltan los reglamentos de forma que las solicitudes se podrán empezar a presentar, con toda seguridad, a partir del mes de abril. ¿Dónde se presentarán las solicitudes? Todavía no se sabe. Me preguntaron de qué provincia llamaba y ahí quedó la cosa.

Sabemos por el libro blanco de la dependencia que en España hay 1.250.000 dependientes, aunque también sabemos por el estudio de Edad&Vida que son 2.500.000. Lo que no sabemos y puede ser la clave de la puesta en marcha del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es cuánta gente considera que está en situación de dependencia y se cree merecedora de algún servicio o prestación, o sea, cuánta gente llamará por teléfono, irá a ver a la trabajadora social municipal y pedirá que le hagan la valoración de dependencia.

Está claro que los primeros que recibirán la ayuda del Sistema son los grandes dependientes y está claro que el presupuesto se ha calculado para dar servicio y prestaciones a personas de ese perfil. Pero, para saber quiénes son grandes dependientes primero habrá que valorar a toda aquella persona que presente la solicitud y, para hacerlo, habrá que atender sus llamadas, recibirles en alguna oficina pública y trasladar al equipo de valoración a su casa.

¿Cuánta gente querrá ser valorada el primer año? La pregunta contiene una perversión interesante. Cuánto más se publicite la creación del “cuarto pilar del estado de bienestar” y más se hable del carácter universal de las ayudas, más personas querrán ser valoradas para recibir su ayuda. Cuantas más personas oigan que esto es como la sanidad pero que en vez de recibir una receta recibes unas horas de atención domiciliaria, una teleasistencia o una residencia, más gente acudirá a la tómbola de la dependencia en la que parece que “siempre toca, si no un pito, una pelota”. O sea, que cuanto más se explique más números de colapsar el sistema y que nadie reciba bien el servicio. Por supuesto, existe la posibilidad de hacer una explicación racional y ponderada de forma que se desincentive la solicitud de las personas con nivel de dependencia bajo pero, hacer eso en un año electoral...

La publicación de la ley ha sido ese leve temblor en el lecho marino que genera un tsunami. ¿Estarán preparados los servicios de base para recibir en embate? Pronto lo sabremos.

¿PERDERÁ EL PROYECTO FUELLE EN LA RECTA FINAL?

Cuando todo parecía indicar que el PP votaría en contra del proyecto de Ley de Dependencia: una reunión entre los dos grandes partidos, una cincuentena de enmiendas pactadas y, todo arreglado. Los populares se suman a la mayoría y sólo CiU y PNV quedan fuera, por motivos más de competencia que de fondo.

La posición de los dos partidos nacionalistas proyecta una oscura sombra sobre la futura vida del Sistema Nacional de Dependencia ya que el artículo de la Constitución que da fuerza competencial a la Ley (el 149.1.1) ha sido tradicionalmente mirado con lupa por parte del Tribunal Constitucional de forma que, un eventual recurso de inconstitucionalidad podría dar al traste con todo el invento.

Las enmiendas pactadas entre PP y PSOE serán incorporadas en el Senado siendo entonces cuando sabremos cómo queda definitivamente el sistema

Dejando a un lado la alegría por que se llegue a conseguir la aprobación, hay una cuestión que no puede dejar de plantearse.

Durante los once meses que llevamos hablando del anteproyecto y proyecto de ley se han planteado dudas, sobre todo desde comunidades no gobernadas por el PSOE respecto a la viabilidad económica del Sistema Nacional de Dependencia y sobre la poca eficacia que puede tener un sistema que se basa en la firma anual de diecisiete convenios que concreten necesidades y financiación. Sin ir más lejos, la Gerencia de servicios sociales de Castilla León hacía público, pocos días antes del anuncio del pacto, un estudio en el que se ponía de manifiesto que, sólo en esa comunidad y durante el primer año harían falta 270 millones de Euros para poner en marcha el sistema cuando la memoria económica del proyecto preveía únicamente 64.

Se ha planteado también durante estos meses que la apuesta que hará la ley por la calidad y la profesionalización generará necesariamente un encarecimiento del servicio debido principalmente a que el coste de personal se incrementará de forma sustancial. Encarecimiento que no ha tenido en cuenta la memoria económica.

Parece, además, que parte de las enmiendas que se introducirán en el texto cuando pase por el senado supondrán ampliar el abanico de personas dependientes susceptibles de recibir servicios y prestaciones, lo que necesariamente comportará un aumento de recursos necesarios.

Hasta ahora, las aportaciones y críticas recibidas por el gobierno de parte de la oposición y de algunos colectivos nos permitían contrastar las luces y sombras del proyecto de ley. ¿Encontrará el texto que finalmente se apruebe la inspiración y recursos necesarios para que el Sistema pueda nacer viable y se acallen las críticas? ¿Dejarán las comunidades autónomas de plantear sus dudas y quejas ahora que los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo?

Esperemos que este caballo no pierda fuelle en la recta final y que en el próximo número de la revista podamos hablar de celebraciones y no de decepción.