Finalmente hemos podido echar mano al tan esperado anteproyecto de “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia” (¡que nombres tan largos tienen las cosas en épocas de corrección política!).
Los medios de comunicación generalistas han puesto el foco en la universalidad y financiación hablando de lo mucho que se gastará, de quién pondrá el dinero y de quién se resiste a colaborar. Quizás a los lectores de N&G les interesa más saber qué consecuencias puede tener la puesta en marcha de la Ley en sus empresas.
Sabemos que la Ley creará el derecho de todos los españoles con un determinado nivel de dependencia a acceder a unas prestaciones y servicios (residencias para personas mayores, centros de día, teleasistencia y ayuda a domicilio) financiados por las administraciones aunque con participación económica de quien se beneficie. O sea, que existirá el derecho universal al servicio aunque no a la gratuidad del mismo.
Para dar atención a todos los dependientes (sean personas ancianas, discapacitadas o que dependan de otros para las actividades de la vida diaria por otras circustancias), el futuro Sistema Nacional creará una “red de utilización pública” de servicios, dentro de la cual habrá algunos de titularidad pública y otros privados concertados. Además se prevén prestaciones económicas y ayudas para financiar necesidades específicas.
Esto quiere decir que para el sector en general se abre una etapa de grandes expectativas. Como las administraciones no van a construir todas las residencias geriátricas que necesitará, gran parte del gasto en atención a la dependencia pasará por empresas privadas que prestarán servicios mediante conciertos con la administración u otras figuras de financiación pública.
Si todo sale como prevé el texto algunos aspectos del sistema serán comunes en todo el estado (como la valoración de la dependencia, las prestaciones mínimas o las condiciones de calidad y acreditación) dejándose la concreción y la gestión de los casos a unas comunidades autónomas que tendrán que armonizar sus normativas a esos aspectos comunes.
Al sector privado le corresponderá elegir entre formar parte de la “red de utilización pública” cumpliendo unos criterios de acreditación, o ser “puramente privada”. Pero, ¿habrá espacio para las residencias fuera de la “red”? Yo creo que no porque, si el derecho es realmente universal, toda persona que precise una residencia accede al Sistema Nacional y obtiene el ingreso en una plaza pública o concertada. ¿Quién ingresará en las residencias privadas no concertadas?, únicamente las personas que de verdad no la necesiten (o sea, que no tengan una gran dependencia) o aquéllas que prefieran ir “por lo privado” renunciando a la ayuda pública. En definitiva, muy pocas ya que la clase media que paga con esfuerzo las plazas en residencias privadas será la gran beneficiada del sistema.
Las residencias de 3ª edad que hoy ya tienen “plazas públicas” (concertadas, colaboradoras, “de co-pago”..) también vivirán cambios. Para empezar, la definición de lo que es un “centro residencial” que contiene el anteproyecto introduce un matiz que puede tener muchas consecuencias ya que dice que ofrece a las personas en situación más graves de dependencia servicios continuados de cuidado personal y sanitario. Hasta ahora, casi todas las normativas autonómicas habían querido separar lo que era atención social (que cubre la residencia) de la sanitaria (que cubre la sanidad pública). ¿Querrá la Ley que todas las residencias tengan personal sanitario de forma continuada y presten directamente la atención sanitaria? ¿Es un paso hacia la integración sociosanitaria en la atención a la dependencia? Ojalá sea así, aunque en ese caso las residencias necesitarán un reciclaje importante y las administraciones pensar en más presupuesto. Sea como sea, el establecimiento de nuevas normas de acreditación comportarán cambios a afrontar.
Otra duda que deberá despejarse es la del precio público. Sabemos que el Estado establecerá convenios con cada comunidad autónoma en los que establecerán objetivos, medios y recursos así como la intensidad de la prestación, ¿implicará esto que el precio público será diferente en cada comunidad autónoma? Actualmente las diferencias de precios de concierto entre comunidades son abismales. ¿Se tenderá a la armonización?. Como normalmente los precios públicos están algo por debajo de los de mercado, la forma en que se despeje esta incógnita puede ser una de las más importantes para el sector privado.
Al hilo de los precios, otra realidad que se hará usual en nuestras residencias (ya les llamemos centros geriátricos, residencias de ancianos, residencia de personas mayores, o residencias para la tercera edad) es la “conversión” de residentes. Es más que posible que personas que están ocupando plazas privadas (pagando el precio de mercado) accedan a la protección del Sistema. Si eso pasa en residencias “privadas puras”, la persona tendrá que cambiar de centro. Si la residencia, en cambio forma parte de la “red”, cosa que acabarán haciendo todas las que puedan, el residente seguirá ocupando la misma plaza aunque pagando “precio público”, eso querrá decir, menos que antes y peor (ya que una parte la pagará la administración con un tiempo de retraso). Esa “conversión” de residentes conlleva claras consecuencias en la cuenta de explotación.
A parte de estos casos, creo que los grandes afectados por la Ley serán los pequeños empresarios. Ese 50% de residencias geriátricas de menos de 50 plazas que con mucho sacrificio se ha ido ajustando a los cambios de normativas, a la contratación de nuevos profesionales y a las crecientes exigencias de calidad. Es muy posible que las normas de acreditación del Sistema Nacional dejen fuera de juego a muchos de estos centros que verán como sus residentes se van a residencias de una “red” a las que tienen vetado el acceso. Estas residencias llevan años funcionando y se pusieron en marcha de acuerdo con la reglamentación que regía en su momento por lo que, establecer unas normas de acreditación que, sabemos de antemano no van a poder cumplir, sin arbitrar alguna solución para ellas, sería cuanto menos poco ético.
Queda mucho camino en la tramitación de la Ley así que deberemos seguir atentos.
viernes, 13 de enero de 2006
sábado, 10 de diciembre de 2005
PERSPECTIVAS DEL SECTOR GEROASISTENCIAL PARA 2006
Escribo estas líneas a principios de Diciembre de 2005 y, la verdad es que me ayudaría mucho, para poder hablar de perspectivas del sector, poder escudriñar sólo dos o tres meses en el futuro ya que, con toda seguridad durante este tiempo se desvelará lo que serán de verdad las claves del futuro del sector.
La Ley de la Dependencia (o de la “Autonomía personal”, o de los “seis mil millones de Euros”), sigue su penosa gestación. Digo penosa porque a cada paso queda más enjuta y enclenque. Lo que se anunció como un derecho universal, de universal tendrá el nombre y nada más. Eso será así si hacemos caso al ministro Caldera que en El País de 8 de Diciembre dice que “la admisión al sistema [de dependencia] tiene un filtro en función de la renta y patrimonio. Los que puedan permitirse una asistencia privada no serán incluidos”. Yo creía que algunos servicios públicos, como la sanidad y la educación, eran universales porque se accedía a ellos con independencia del nivel de renta. Incluso creo recordar que en alguna de las innumerables ocasiones en que se nos había explicado desde el gobierno esto de la futura Ley, se nos decía que todos los dependientes podrían acceder al sistema aunque los que pudiesen colaborarían mediante copago en el sostenimiento del mismo. Quizás lo entendí mal.
Espero que lo del “filtro” haya sido un desliz del ministro y que, efectivamente el futuro sistema no establezca barreras de entrada por motivos de renta ya que, en ese caso, el intento de dejar entrar a la clase media en el sistema tendría serios riesgos de fracaso.
Sea como sea, todavía falta que el proyecto de Ley se presente a las Cortes y que éstas lo discutan. El PP ofrece un pacto de estado sobre dependencia y, salga lo que salga se nos avisa de que poner en marcha el sistema llevará unos ocho años. Lo que está claro es que 2006 será el año en que se discutirá en serio la Ley. ¿Mi pronóstico? Aunque espero equivocarme, creo que al final el Sistema Nacional de Dependencia será un sistema de transferencia de fondos a las comunidades autónomas, con una norma básica muy laxa y tantos sistemas rales como comunidades. ¿Llegará a suponer el mantenimiento del sistema el 1% del PIB?, lo dudo. De todas formas, lo sabremos en 2014.
Otro aspecto importante que traerá cola durante el año que empieza es el IV convenio colectivo estatal de residencias y atención domiciliaria y lo que ello comporta para la relación entre asociaciones patronales. De momento la constitución de la mesa de negociación ha sido polémica ya que tenemos una acta firmada por los sindicatos, y las patronales FNM y LARES en que se dice que CEAD ha aceptado una asignación de representantes. Por otro lados CEAD nos dice que no han aceptado de ningún modo el reparto, que están disconformes con el sistema utilizado para acreditar la representatividad de cada patronal y que estudian impugnar la constitución de la mesa.
La pugna no tendría mayor relevancia en otras circunstancias, pero ahora sí. Desde el lado sindical se convocan huelgas en Madrid y Aragón y se exigen incrementos de salarios y reducciones de jornadas que harían aumentar en más de un 25% los costes de las residencias privadas. Esto sería así si se aceptase el planteamiento sindical en la negociación del convenio de Madrid que supone asimilar las condiciones laborales de los trabajadores de residencias privadas con las públicas. Así las cosas, el convenio estatal se presenta algo complicado. Casi todos los empresarios admiten que los salarios son bajos y que cuesta mucho encontrar profesionales preparados que quieran trabajar en el cuidado de personas mayores, pero a la vez ven que existe una relación directa entre los salarios que se pagan y los costes de prestación del servicio (unos costes en los que el primer capítulo es el de personal). Querer ver sólo un lado de la ecuación no es en absoluto razonable pero dar solución al problema puede resultar muy complicado. Sobre todo si pensamos que los cálculos de coste del futuro Sistema Nacional de Dependencia se han hecho basándose en costes actuales y con incrementos ajustados a inflaciones previstas de forma que un aumento muy por encima de IPC de salarios y una reducción considerable de jornada llevarían al traste todos los cálculos efectuados y, posiblemente, la viabilidad misma del sistema.
A principios de año, cuando estas líneas se publiquen, ya se habrá vislumbrado el camino que seguirá la negociación del convenio. También sabremos cómo han acabado las cosas en la comunidad de Madrid. Hasta entonces esperemos que el Espíritu de la Navidad ilumine a los responsables de las asociaciones patronales y de los sindicatos para que encuentren la mejor solución para el sector.
Siguiendo con las claves de futuro, nos esperan unos años de ligera disminución de la demanda objetiva ocasionados por el bache demográfico de los que murieron de niños o no nacieron en los años de la guerra civil. Aún así, es muy posible que otros factores como los bajos niveles de paro femenino y el aumento de renta de los mayores compensen esa circunstancia haciendo que la demanda se mantenga firme. Una cuestión que empezará a dilucidarse durante en 2006 es si la promoción de productos de licuación patrimonial (rentas vitalicias, hipotecas inversas, pensiones hipotecarias..) llegarán a notarse como factores de aumento de demanda solvente. Estos productos (algunos nuevos, otros no tanto) no se están promocionando únicamente como medio de financiación de la dependencia sino más bien como obtención de más recursos para la época de madurez. Aún así pueden tener una gran importancia como creadores de opinión, no olvidemos que, entre las cosas que se nos han dicho de la futura Ley, aparece una vinculación del patrimonio del dependiente en el copago futuro del servicio ¿no viene esto a ser una especie de hipoteca inversa pública? ¿Querrán gestionar directamente las administraciones ese sistema o lo harán instituciones financieras o aseguradoras por encargo de aquellas?
¿Será en el lado de la oferta dónde se produzcan cambios llamativos? Vivimos en un momento en el que, por primera vez existe un número elevado de plazas libres en residencias privadas. Esta puntual sobreoferta no puede solucionarse con una bajada generalizada de precios ya que los márgenes de beneficios tampoco son muy elevados. Así las cosas, la nuevas residencias se preparan para aguantar durante más tiempo del previsto antes de alcanzar el punto de equilibrio mientras que los centros más consolidados, acostumbrados a ocupaciones superiores al 90% se ajustan para subsistir con otras algo inferiores.
En esta situación, seguro que en los próximos doce meses veremos alguna fusión/adquisición entre los grandes y alguna toma de posiciones por parte de empresas hasta ahora ajenas al sector, también continuará el rosario de inauguraciones de aquellos centros que fueron pensados hace cuatro o cinco años cuando los expertos decían que hacían falta miles de nuevas plazas. Hoy, casi todos los grupos han hecho una “parada de reflexión” en sus políticas de expansión, pero, claro, ésta afecta a nuevos proyectos, no a los que ya estaban en marcha.
Las residencias pequeñas y las micro-residencias seguirán viviendo entre unas administraciones que parecen dispuestas a asfixiarlas y muchos clientes que las prefieren a pesar de no poder ofrecer algunos de los servicios y espacios que las más grande sí tienen. Muchos de estos centros de menos de 25 plazas se enfrentarán también, como ya está sucediendo en los últimos años, a la finalización de sus contratos de alquiler y las negativas de renovación por parte de propietarios de inmuebles que han multiplicado su valor en los últimos años.
Otra incógnita que quizá empiece a despejarse el año que empieza es cómo se comercializarán las nuevos productos inmobiliarios dirigidos a personas mayores válidas. Un paseo por cualquiera de las últimas ferias y jornadas nos permitía hacernos a la idea de la gran cantidad de “edificios”, “complejos” e incluso “ciudades” para mayores que se están construyendo sobre todo en las grandes ciudades y en las zonas de costa. Hasta ahora sabemos que los apartamentos para mayores en ciudades empiezan a tener cierta aceptación (sobre todo cuando son de venta de forma que se convierten en una inversión) pero, ¿tendrán éxito esas nuevas promociones? ¿Serán españoles o extranjeros los que acaben viviendo en esos apartamentos y bungalows?
Quizás otro cambio que se irá produciendo en el sector, y en el que no puedo ser neutral, es el del uso de internet por parte de las personas que buscan un servicio (residencia, atención domiciliaria) o un trabajo. Durante 2005 Inforesidencias.com ha celebrado su quinto aniversario alcanzando el medio millón de visitas anuales y las 10.000 búsquedas de servicio. También durante este año han aparecido más webs dirigidas al sector de la atención a personas mayores y rara es la residencia que no disponga de su propio sitio en internet. Creo (y espero) que, a medida que se extienda la sociedad de la información se generalizará el uso de la red como primer medio de búsqueda de servicios.
Fuera del mundo de las residencias, y entrando en los servicios a domicilio, sin duda las administraciones seguirán apostando por la extensión de la teleasistencia. Mientras tanto la atención domiciliaria privada continuará con su peculiar convivencia con la competencia desleal de la economía sumergida y la búsqueda de nuevos campos de actividad, mientras mira de reojo la evolución de la ley de autonomía personal.
Resumiendo: ley de la dependencia, negociación del convenio, ligeros cambios en la oferta y demanda de servicios e internet. Estos pueden ser los factores que afectarán al sector durante el próximo año.
La Ley de la Dependencia (o de la “Autonomía personal”, o de los “seis mil millones de Euros”), sigue su penosa gestación. Digo penosa porque a cada paso queda más enjuta y enclenque. Lo que se anunció como un derecho universal, de universal tendrá el nombre y nada más. Eso será así si hacemos caso al ministro Caldera que en El País de 8 de Diciembre dice que “la admisión al sistema [de dependencia] tiene un filtro en función de la renta y patrimonio. Los que puedan permitirse una asistencia privada no serán incluidos”. Yo creía que algunos servicios públicos, como la sanidad y la educación, eran universales porque se accedía a ellos con independencia del nivel de renta. Incluso creo recordar que en alguna de las innumerables ocasiones en que se nos había explicado desde el gobierno esto de la futura Ley, se nos decía que todos los dependientes podrían acceder al sistema aunque los que pudiesen colaborarían mediante copago en el sostenimiento del mismo. Quizás lo entendí mal.
Espero que lo del “filtro” haya sido un desliz del ministro y que, efectivamente el futuro sistema no establezca barreras de entrada por motivos de renta ya que, en ese caso, el intento de dejar entrar a la clase media en el sistema tendría serios riesgos de fracaso.
Sea como sea, todavía falta que el proyecto de Ley se presente a las Cortes y que éstas lo discutan. El PP ofrece un pacto de estado sobre dependencia y, salga lo que salga se nos avisa de que poner en marcha el sistema llevará unos ocho años. Lo que está claro es que 2006 será el año en que se discutirá en serio la Ley. ¿Mi pronóstico? Aunque espero equivocarme, creo que al final el Sistema Nacional de Dependencia será un sistema de transferencia de fondos a las comunidades autónomas, con una norma básica muy laxa y tantos sistemas rales como comunidades. ¿Llegará a suponer el mantenimiento del sistema el 1% del PIB?, lo dudo. De todas formas, lo sabremos en 2014.
Otro aspecto importante que traerá cola durante el año que empieza es el IV convenio colectivo estatal de residencias y atención domiciliaria y lo que ello comporta para la relación entre asociaciones patronales. De momento la constitución de la mesa de negociación ha sido polémica ya que tenemos una acta firmada por los sindicatos, y las patronales FNM y LARES en que se dice que CEAD ha aceptado una asignación de representantes. Por otro lados CEAD nos dice que no han aceptado de ningún modo el reparto, que están disconformes con el sistema utilizado para acreditar la representatividad de cada patronal y que estudian impugnar la constitución de la mesa.
La pugna no tendría mayor relevancia en otras circunstancias, pero ahora sí. Desde el lado sindical se convocan huelgas en Madrid y Aragón y se exigen incrementos de salarios y reducciones de jornadas que harían aumentar en más de un 25% los costes de las residencias privadas. Esto sería así si se aceptase el planteamiento sindical en la negociación del convenio de Madrid que supone asimilar las condiciones laborales de los trabajadores de residencias privadas con las públicas. Así las cosas, el convenio estatal se presenta algo complicado. Casi todos los empresarios admiten que los salarios son bajos y que cuesta mucho encontrar profesionales preparados que quieran trabajar en el cuidado de personas mayores, pero a la vez ven que existe una relación directa entre los salarios que se pagan y los costes de prestación del servicio (unos costes en los que el primer capítulo es el de personal). Querer ver sólo un lado de la ecuación no es en absoluto razonable pero dar solución al problema puede resultar muy complicado. Sobre todo si pensamos que los cálculos de coste del futuro Sistema Nacional de Dependencia se han hecho basándose en costes actuales y con incrementos ajustados a inflaciones previstas de forma que un aumento muy por encima de IPC de salarios y una reducción considerable de jornada llevarían al traste todos los cálculos efectuados y, posiblemente, la viabilidad misma del sistema.
A principios de año, cuando estas líneas se publiquen, ya se habrá vislumbrado el camino que seguirá la negociación del convenio. También sabremos cómo han acabado las cosas en la comunidad de Madrid. Hasta entonces esperemos que el Espíritu de la Navidad ilumine a los responsables de las asociaciones patronales y de los sindicatos para que encuentren la mejor solución para el sector.
Siguiendo con las claves de futuro, nos esperan unos años de ligera disminución de la demanda objetiva ocasionados por el bache demográfico de los que murieron de niños o no nacieron en los años de la guerra civil. Aún así, es muy posible que otros factores como los bajos niveles de paro femenino y el aumento de renta de los mayores compensen esa circunstancia haciendo que la demanda se mantenga firme. Una cuestión que empezará a dilucidarse durante en 2006 es si la promoción de productos de licuación patrimonial (rentas vitalicias, hipotecas inversas, pensiones hipotecarias..) llegarán a notarse como factores de aumento de demanda solvente. Estos productos (algunos nuevos, otros no tanto) no se están promocionando únicamente como medio de financiación de la dependencia sino más bien como obtención de más recursos para la época de madurez. Aún así pueden tener una gran importancia como creadores de opinión, no olvidemos que, entre las cosas que se nos han dicho de la futura Ley, aparece una vinculación del patrimonio del dependiente en el copago futuro del servicio ¿no viene esto a ser una especie de hipoteca inversa pública? ¿Querrán gestionar directamente las administraciones ese sistema o lo harán instituciones financieras o aseguradoras por encargo de aquellas?
¿Será en el lado de la oferta dónde se produzcan cambios llamativos? Vivimos en un momento en el que, por primera vez existe un número elevado de plazas libres en residencias privadas. Esta puntual sobreoferta no puede solucionarse con una bajada generalizada de precios ya que los márgenes de beneficios tampoco son muy elevados. Así las cosas, la nuevas residencias se preparan para aguantar durante más tiempo del previsto antes de alcanzar el punto de equilibrio mientras que los centros más consolidados, acostumbrados a ocupaciones superiores al 90% se ajustan para subsistir con otras algo inferiores.
En esta situación, seguro que en los próximos doce meses veremos alguna fusión/adquisición entre los grandes y alguna toma de posiciones por parte de empresas hasta ahora ajenas al sector, también continuará el rosario de inauguraciones de aquellos centros que fueron pensados hace cuatro o cinco años cuando los expertos decían que hacían falta miles de nuevas plazas. Hoy, casi todos los grupos han hecho una “parada de reflexión” en sus políticas de expansión, pero, claro, ésta afecta a nuevos proyectos, no a los que ya estaban en marcha.
Las residencias pequeñas y las micro-residencias seguirán viviendo entre unas administraciones que parecen dispuestas a asfixiarlas y muchos clientes que las prefieren a pesar de no poder ofrecer algunos de los servicios y espacios que las más grande sí tienen. Muchos de estos centros de menos de 25 plazas se enfrentarán también, como ya está sucediendo en los últimos años, a la finalización de sus contratos de alquiler y las negativas de renovación por parte de propietarios de inmuebles que han multiplicado su valor en los últimos años.
Otra incógnita que quizá empiece a despejarse el año que empieza es cómo se comercializarán las nuevos productos inmobiliarios dirigidos a personas mayores válidas. Un paseo por cualquiera de las últimas ferias y jornadas nos permitía hacernos a la idea de la gran cantidad de “edificios”, “complejos” e incluso “ciudades” para mayores que se están construyendo sobre todo en las grandes ciudades y en las zonas de costa. Hasta ahora sabemos que los apartamentos para mayores en ciudades empiezan a tener cierta aceptación (sobre todo cuando son de venta de forma que se convierten en una inversión) pero, ¿tendrán éxito esas nuevas promociones? ¿Serán españoles o extranjeros los que acaben viviendo en esos apartamentos y bungalows?
Quizás otro cambio que se irá produciendo en el sector, y en el que no puedo ser neutral, es el del uso de internet por parte de las personas que buscan un servicio (residencia, atención domiciliaria) o un trabajo. Durante 2005 Inforesidencias.com ha celebrado su quinto aniversario alcanzando el medio millón de visitas anuales y las 10.000 búsquedas de servicio. También durante este año han aparecido más webs dirigidas al sector de la atención a personas mayores y rara es la residencia que no disponga de su propio sitio en internet. Creo (y espero) que, a medida que se extienda la sociedad de la información se generalizará el uso de la red como primer medio de búsqueda de servicios.
Fuera del mundo de las residencias, y entrando en los servicios a domicilio, sin duda las administraciones seguirán apostando por la extensión de la teleasistencia. Mientras tanto la atención domiciliaria privada continuará con su peculiar convivencia con la competencia desleal de la economía sumergida y la búsqueda de nuevos campos de actividad, mientras mira de reojo la evolución de la ley de autonomía personal.
Resumiendo: ley de la dependencia, negociación del convenio, ligeros cambios en la oferta y demanda de servicios e internet. Estos pueden ser los factores que afectarán al sector durante el próximo año.
jueves, 24 de marzo de 2005
CADA LOCO CON SU TEMA
Para los que creemos que debería existir una cierta homogeneización de normativas entre las diferentes comunidades autónomas en lo que a funcionamiento de residencias se refiere, la ley de dependencia se presenta como un proyecto esperanzador. Al fin y al cabo, si se establece un Sistema Nacional de dependencia” con unos baremos y una financiación común, lo más lógico será que los requisitos de autorización, funcionamiento y (sobre todo) dotación de personal de las residencias, sean uniformes.
Por desgracia, las evidencias demuestran que las cosas no van por ahí. En cuestión de pocas semanas, la comunidad Valenciana ha publicado su nueva normativa de autorización y condiciones de los servicios de mayores. Cantabria ha anunciado que hará lo propio antes de que acabe este año, y Cataluña continua con la preparación de su nueva ley de servicios sociales, con capítulo de protección a la dependencia incluido y que conllevará un desarrollo reglamentario novedoso.
En los numerosísimos actos que se están celebrando respecto a la futura Ley de Dependencia, la necesidad de racionalizar y, hasta cierto punto unificar las normativas se da por descontado. Cuando después hablas con cargos de comunidades autónomas te dicen que “algo se hará” pero da la sensación de que piensan en un futuro indefinido y que esto no va mucho con ellos.
No sé si es que no se acaban de creer que la ley de la dependencia vaya en serio o pueda llegar a salir adelante, o quizá están tejiendo estrategias para futuras negociaciones cuya sutileza se me escapa. Lo realmente cierto es que si se mantiene la enorme disparidad normativa, el funcionamiento del futuro Sistema Nacional de Dependencia producirá efectos perversos.
Por desgracia, las evidencias demuestran que las cosas no van por ahí. En cuestión de pocas semanas, la comunidad Valenciana ha publicado su nueva normativa de autorización y condiciones de los servicios de mayores. Cantabria ha anunciado que hará lo propio antes de que acabe este año, y Cataluña continua con la preparación de su nueva ley de servicios sociales, con capítulo de protección a la dependencia incluido y que conllevará un desarrollo reglamentario novedoso.
En los numerosísimos actos que se están celebrando respecto a la futura Ley de Dependencia, la necesidad de racionalizar y, hasta cierto punto unificar las normativas se da por descontado. Cuando después hablas con cargos de comunidades autónomas te dicen que “algo se hará” pero da la sensación de que piensan en un futuro indefinido y que esto no va mucho con ellos.
No sé si es que no se acaban de creer que la ley de la dependencia vaya en serio o pueda llegar a salir adelante, o quizá están tejiendo estrategias para futuras negociaciones cuya sutileza se me escapa. Lo realmente cierto es que si se mantiene la enorme disparidad normativa, el funcionamiento del futuro Sistema Nacional de Dependencia producirá efectos perversos.
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