He esperado unos cuantos días a escribir sobre este tema ya que me parecía que, en los momentos posteriores a una tragedia como el incendio de la residencia de tercera edad de Zaragoza con ocho personas fallecidas, son los periodistas los que tienen que escribir.
Pasados unos días, leyendo diferentes medios de comunicación me parece que lo relevante es que en una residencia que cumplía las medidas de incendios una residentes quemó un colchón generando un incendio y la muerte de ocho personas.
En un primer momento las noticias parecían decantarse por la opción del "terrible accidente" sin buscar culpas, pero al cabo de pocos días una rueda de prensa de responsables de la administración autonómica aragonesa lo lió todo.
Esto es sólo un fragmento de la noticia, tal como la refleja la web de la cadena de televisión Tele5:
La residencia dejó de tener la autorización provisional favorable de apertura por no haber subsanado carencias de mantenimiento e higiénico-sanitarias y no en materia de personal, en el que "no había problemas", ni de incendios, que es competencia del Ayuntamiento de Zaragoza. Además, ha apuntado que hay un expediente en el Departamento y "una investigación" sobre lo ocurrido este fin de semana pero ni este ni en ningún otro caso, "se puede plantear el cierre inmediato de ninguna instalación condicionado a esta situación", ha señalado.
Por su parte, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha remarcado que "los procedimientos administrativos son muy complejos" y, por el momento, "no podemos avanzar más "ya que "estamos en una fase provisional". Sin embargo, se ha comprometido a "ir hasta el final y a tomar las medidas que creamos que debamos tomar".
En el Heraldo de Aragón leemos otras frases interesantes
Así lo reflejan documentos como son el Acta de Inspección 40/2014, que propuso la incoación de un procedimiento sancionador, y la resolución del mismo, del 10 marzo de 2015, que se limitó a multar a la residencia con 1.500 euros por tres infracciones leves, sin que en ella constara solicitud alguna de cierre del centro.
Me quedo con la frase del Consejero de Sanidad de Aragón: "Los expedientes administrativos son muy complejos". Me permito añadir que lo pueden ser para un biólogo marino o para un mozo de almacén pero no para un funcionario.
Lo voy a explicar de forma fácil:
Decir que la residencia dejó de tener la autorización provisional favorable por no haber subsanado carencias, quiere decir que la normativa Aragonesa de servicios sociales es tan mala técnicamente que requiere tres autorizaciones para poder abrir una residencia geriátrica. Primero necesitas que el ayuntamiento te dé la licencia municipal de actividades, después que el gobierno aragonés te dé una autorización provisional y después (cuando a ellos les parezca adecuado) te den la definitiva.
El sistema es tan malo que hay residencias "no autorizadas" que han funcionado incluso con una "orden de cierre sin ejecutar" durante cinco años. Ya en 2007 el Justicia mayor de Aragón (la versión local del defensor del pueblo) recomendó al gobierno autonómico que mejorase el sistema. Aquí está la prueba.
Así que en Aragón te dan una autorización provisional y puedes estar con ella años y años sin que pase nada. Si un día hay una desgracia, la administración se cubre las espaldas diciendo que no estás autorizado.
No es el que el sistema sea complejo sino, sencillamente, deficiente. Por eso, algunos medios, en vez de hilar fino directamente dicen que la residencia geriátrica funcionaba sin autorización administrativa.
No es el que el sistema sea complejo sino, sencillamente, deficiente. Por eso, algunos medios, en vez de hilar fino directamente dicen que la residencia geriátrica funcionaba sin autorización administrativa.
Sobre lo de las multas la explicación también es sencilla. La administración vuelve a marear la perdiz.
Primero dicen que entre 2011 y 2014 se han detectado irregularidades. Que una acta de inspección de 2014 propuso un expediente sancionador y que éste acabó en sanción en 2015 sobre hecho leves que no tiene nada que ver con el incendio o lo que lo pudiera haber causado.
Al hablar de "procedimiento definitivo sancionador" dan a entender que ha habido otros procedimientos "no definitivos" cuando la verdad es que de 2011 a 2014 las inspecciones no habían encontrado nada que sancionar y que sólo en 2014 la inspección propuso la apertura de un expediente.
Creo que lo que hace el gobierno de Aragón es decir medias verdades (algo que se parece bastante a mentir), con la intención de protegerse ante la tragedia.
Si ha habido una tragedia porque una residente que sufría una enfermedad mental ha quemad un colchón habría que preguntarse si el lugar más adecuado para una persona con una enfermedad mental es una residencia y no sacar a la luz alguna deficiencia leve que extienda sombra de sospechas sobre la residencia sin que nada tenga que ver con el incendio.
Ahora la Comunidad Autónoma va a replantearse la situación y va a comprobar las condiciones de todas las residencias con autorización provisional. E incluso anuncia un plan de inspección para todas las residencias geriátricas de Aragón ¡A buenas horas, mangas verdes! Mi experiencia en situaciones similares me hace temer que acaben pagando justos por pecadores y que ahora se haga un "plan de inspección de choque" cuando lo correcto sería mantener una inspección constante basada en la confianza y orientada a la mejora.
Quizás la desgracia de las ocho personas que han muerto en el incendio adquiriría un sentido si sirviese para que, no sólo en Aragón, se plantease la necesidad de tener un sistema racional de autorización de residencias.
Yo creo que lo más lógico sería que la autorización se diese en el nivel local con un único trámite de solicitud de licencia municipal. Dentro del trámite de la licencia, el Ayuntamiento tendría que pedir un informe a la Comunidad Autónoma, pero de cara al ciudadano sólo habría un trámite.
Dando un paso más, quizás deberíamos plantearnos tener unos únicos requisitos arquitectónicos y de funcionamiento para las residencias a nivel estatal. Entiendo que el número de metros cuadrados por cama en una habitación, la anchura de los pasillos o cuantas duchas debe haber en una residencia puede ser algo igual en Cádiz que en Santander. Siendo la competencia sobre servicios sociales autonómica habría que encontrar la forma en que un "ente técnico independiente" plantease los requisitos y las comunidades los suscribiesen. Creo que si los requisitos fuesen comunes podríamos generar economías de escala que nos permitirían mejorar, aunque eso ya es otro tema.
Si ha habido una tragedia porque una residente que sufría una enfermedad mental ha quemad un colchón habría que preguntarse si el lugar más adecuado para una persona con una enfermedad mental es una residencia y no sacar a la luz alguna deficiencia leve que extienda sombra de sospechas sobre la residencia sin que nada tenga que ver con el incendio.
Ahora la Comunidad Autónoma va a replantearse la situación y va a comprobar las condiciones de todas las residencias con autorización provisional. E incluso anuncia un plan de inspección para todas las residencias geriátricas de Aragón ¡A buenas horas, mangas verdes! Mi experiencia en situaciones similares me hace temer que acaben pagando justos por pecadores y que ahora se haga un "plan de inspección de choque" cuando lo correcto sería mantener una inspección constante basada en la confianza y orientada a la mejora.
Quizás la desgracia de las ocho personas que han muerto en el incendio adquiriría un sentido si sirviese para que, no sólo en Aragón, se plantease la necesidad de tener un sistema racional de autorización de residencias.
Yo creo que lo más lógico sería que la autorización se diese en el nivel local con un único trámite de solicitud de licencia municipal. Dentro del trámite de la licencia, el Ayuntamiento tendría que pedir un informe a la Comunidad Autónoma, pero de cara al ciudadano sólo habría un trámite.
Dando un paso más, quizás deberíamos plantearnos tener unos únicos requisitos arquitectónicos y de funcionamiento para las residencias a nivel estatal. Entiendo que el número de metros cuadrados por cama en una habitación, la anchura de los pasillos o cuantas duchas debe haber en una residencia puede ser algo igual en Cádiz que en Santander. Siendo la competencia sobre servicios sociales autonómica habría que encontrar la forma en que un "ente técnico independiente" plantease los requisitos y las comunidades los suscribiesen. Creo que si los requisitos fuesen comunes podríamos generar economías de escala que nos permitirían mejorar, aunque eso ya es otro tema.
