miércoles, 29 de mayo de 2013

¿EL ASESINO BONDADOSO DE OLOT? NO ME CREO NADA

Durante muchos años he estado convencido que eso de los asesinos en serie era algo que pasaba más en Hollywood que en la realidad.  El asesino de la residencia de Olot me hizo ver hace un par de años, cuando todo salió a la luz, que también por estas latitudes teníamos nuestra parte de escoria humana.

Ahora que se está celebrando el juicio, los medios de comunicación han encontrado una buena dosis de carnaza en la que revolcarse y lo están haciendo fijándose en ángulos "interesantes".  Parece que Joan Vila era una bellísima persona, que sus compañeros le consideraban un buen empleado, los residentes y familiares estaban contentos con él y que, según el medio, o bien estaba loco o lo que hizo lo hizo para evitar sufrimientos a sus víctimas.

No me creo nada.

Un médico inglés llamado Harold Shipman, encantador con sus pacientes mató a entre 200 y 250 de ellos con sobredosis de insulina.  Todo se destapó cuando intentó quedarse con la herencia de una de sus víctimas.  Cuando se supo que era un asesino mucha gente se sorprendió: "era tan amable".

A mí hay algunas cosas, de las que he leído, que me parecen muy llamativas.  Una es el arma que utilizaba para matar.  En algunos casos eran sobredosis de insulina pero en otras introducía lejía en la garganta de sus víctimas.  Me estremezco al pensar lo que se debe notar, demente o no, cuando ese líquido cáustico te quema las entrañas, y sólo me estremece más el suponer que, si Joan Vila hubiese seguido utilizando las sobredosis de insulina, con casi toda seguridad habría seguido matando impunemente.

Ahora, en el juicio, resulta que Joan Vila sólo quería ahorrarles sufrimiento a unos pobres ancianos y lo peor es que, parece que las salvajadas de este hombre para algunos son un buen motivo para empezar a hablar de eutanasia, o de la dignidad de los que sufren, o de las medidas de control que deberían aplicar las residencias geriátricas.

Vayamos por partes:

La dignidad de las personas se refiere al valor de la vida humana en sí misma.  Un ser humano es valioso en sí y debe ser respetado con independencia de cómo sea o cómo lo veamos.  Es porque creo en la dignidad de las personas que me parecería aberrante que ahora hiciesen beber lejía a Joan Vila (algo que prevén algunos ordenamientos, como el del "civilizado Irán") o que lo sometiesen a apedreamiento o tortura.

La autonomía es otro principio en el que creo bastante y por eso veo interesante que se puedan plantear conflictos cuando una persona considera que su vida ya no es digna de ser vivida y decide racionalmente finalizarla.  Nada de eso pasó en Olot.

Joan Vila decidió que podía ser Dios.  El daría y quitaría la vida.  Y le gustó.  Le gustó tanto que lo hizo una y otra vez.  Supongo que se aburrió de matar con insulina y probó con lejía.

En su camino dejó la muerte de diez residentes y un daño, aún por evaluar a los profesionales que trabajan en residencias.

He leído que algunos familiares de los fallecidos cuestionan la forma en que la residencia guardaba y administraba la medicación.  Incluso que se quejan de la falta de controles en la residencia.  Supongo que acabarán pidiendo que la residencia les indemnice.

Lo cierto es que una residencia para mayores cuenta con un equipo interdisciplinar y una serie de protocolos, registros y programas orientados a prestar un servicio de calidad a los residentes y no para evitar que un empleado psicópata los mate.

Aprovechando la atención que provoca el suceso podríamos caer en la tentación de exigir que las residencias tengan muchos más controles y supervisiones.  Que se firme cada vez que una pastilla sale de la caja o cada vez que una botella de lejía entra o sale del almacén.  Sería un error.

Lo más importante cuando una persona ingresa en una residencia geriátrica es la confianza que está depositando en un equipo de profesionales que van a suplir aquéllo que él ya no puede hacer por sí mismo y le van a dar el apoyo necesario para que siga su proyecto de vida.

La tendencia en nuestro sector es la de que el mayor cada vez se sienta más dueño de su vida, tome más decisiones "haga más cosas" de las que quiera, lo que supone asumir riesgos.

Poner más controles para que otro loco no mate a los residentes supone limitar los derechos de aquéllos residentes que todavía mantienen margen para poder "hacer más cosas".  Por eso, en vez de más controles lo que deberíamos es tender a que más residentes pudieran autoadministrarse la medicación con una supervisión discreta.

Joan Vila es un asesino que resulta trabajaba en una residencia geriátrica de Girona.  Podría haber sido médico, notario o antenista pero era gerocultor y esto hizo que matase a personas en una residencia.

Reflexionemos sin obsesionarnos si se puede mejorar el control de la medicación, que condenen al asesino, y sigamos en lo que nos ocupa: ver cómo la atención a personas mayores en residencias puede mejorar a pesar de la crisis y los impagos de la administración.

lunes, 20 de mayo de 2013

UN "ALGO" ESCONDIDO

¿No es cierto que a veces haces algo bueno y con buena intención y por algún pequeño detalle acabas quedando mal?

Me temo que algo así es lo que le va  a pasar a la Generalitat  de Catalunya con un proyecto de Ley que se tramita en el Parlament.

Me refiero concretamente al proyecto de Ley de Accesibilidad que se tramita actualmente (mayo de 2013 en el Parlament de Catalunya) y que me ha facilitado el presidente de Upimir, Vicente Botella. Aunque en apariencia regula la accesibilidad  en los medios de transporte, los edificios, la comunicación  y los productos, esconde alguna sorpresa.

Alguien no familiarizado con los entresijos del poder pensaría que si se llama Ley de Accesibilidad y en su índice aparece que trata de accesibilidad, entonces es que, efectivamente trata sobre Accesibilidad.  ¡Pues no!  Nuestros gobernantes y parlamentarios, que seguro saben más que nosotros, han decidido que esta Ley es un buen lugar en el que meter un cambio del régimen de autorización y sancionador de servicios sociales.

O sea, que a partir del momento en que esta Ley se apruebe, cuando se busque cómo se autoriza una residencia o qué se considera infracción o sanción, tendremos que mirar en esta Ley.

Quizás estoy siendo demasiado sarcástico ya que la primera versión de la actual Llei de Serveis Socials, la 12/2007, aquélla por la que tanto se congratularon nuestros políticos al haber conseguido aprobarla por unanimidad, fue modificada a fondo mediante la   Ley 10/2011, del 29 de Diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa (en serio, le pusieron ese nombre) que popularmente se conoció como Ley Omnibus.  O sea que, eso de cambiar las leyes "de tapadillo", es algo a lo que ya deberíamos estar acostumbrados.

Digo "de tapadillo", no porque yo no tuviese ni idea de que se estaba tramitando, sino porque, hace muy pocos días, estuve en un acto en el que había altos representantes de diferentes asociaciones patronales del sector de las residencias para mayores y atención a la dependencia y, sorprendentemente, algunos no tenían ni idea, y los que sí, se acababan de enterar.

Dejando a un lado lo chapucero que resulta utilizar una disposición final de una Ley de Accesibilidad para modificar el régimen sancionador de servicios sociales, voy al grano.

Básicamente se cambian dos cosas:

En lo relativo a la autorización de servicios sociales se permite que, los que no estén vinculados a un establecimiento, o sea, los servicios de ayuda a domicilio, puedan abrirse comunicando a la administración que su cumplen una serie de requisitos.  Las residencias geriátricas de Cataluña y otros establecimientos para personas mayores seguirán con el mismo sistema de licencia municipal (ambiental) más autorización de la Generalitat (que comporta la inscripción en el RESES, Registro de Entidades Servicios y Establecimientos Sociales). Ver apartado de reglamentación de residencias geriátricas y otros servicios para personas mayores.

En lo relativo al régimen sancionador, casi no se cambia nada.  Se adaptan la redacción de varias infracciones para adecuarlas al nuevo sistema de autorización y se introduce lo único verdaderamente significativo:

Se modifica el artículo 99.1 de la Ley que quedará, si se aprueba la nueva Ley, con el siguiente redactado:  Las infracciones leves es pueden sancionar con una amonestación o con una multa, o ambas a la vez, por una cantidad equivalente al importe del Indicador de Renta de Suficiencia correspondiente a un periodo de entre un día y tres meses.

¿Dónde está el cambio? , hasta ahora el 99.1 establecía multas de entre "un mes y tres meses".  O sea, que la sanción económica mínima que impondrá el Departament de Benestar Social i Familia ya no será de 569,12 Euros, sino de 1.   

Muchos verán en la modificación algo nimio.  Muchos pensarán que, puestos a cambiar la tipificación de infracciones y sanciones se podría haber optado por una modificación más a fondo que dejase de lado la profunda desconfianza que se destila de su mera lectura.  Puestos a cambiar la Ley se podría haber introducido la prestación económica vinculada y la capacidad de elección por parte de los usuarios como pilares del sistema.  Pero claro, esos muchos, entre los que me encuentro, no entendemos tan bien como nuestros gobernantes y parlamentarios, cómo hay que hacer las cosas.  Y así nos va.


jueves, 16 de mayo de 2013

ARQUITECTURA PARA LA TERCERA EDAD: HACIA DÓNDE VAMOS


Durante el último viaje geroasistencial que organizamos desde Inforesidencias.com a Holanda en abril de 2013 para ver en primera persona cómo trabajan allí las residencias para personas mayores, conocí a una arquitecta, Ana Fernández, que nos impartió en Rotterdam una interesante conferencia en la que hablaba sobre como la arquitectura debía generar edificios flexibles que se pudiesen ir adaptando a los cambiantes necesidades.  Curiosamente la conferencia nos la impartía en un edificio que había nacido en los años treinta como fábrica de tabaco y ahora es un "polo de conocimiento".  

Su conferencia me pareció tan inspiradora que le pedí si quería escribir una entrada para este blog.

Agradezco mucho a Ana Fernández su ayuda y, aquí tenéis su reflexión.  Ella también tiene un blog.  Abajo podéis ver en elnace:

Arquitectura para la tercera edad

Ana Fernández Kaw Architecten Holanda
Ana Fernández
Es sabido que los arquitectos estamos destinados a abarcar muchas áreas, manejamos el diseño y dominamos las técnicas de la construcción. También necesitamos empaparnos de disciplinas sociales y tener bien en claro para quién proyectamos, quienes son y cómo evolucionan los usuarios de nuestros proyectos. Desde sus comienzos nuestro despacho - estudio KAW en Barcelona y KAW architecten en Holanda - ha sido muy consciente de ello y es por esto que intentamos anticiparnos estudiando cómo van cambiando los usuarios  a lo largo del tiempo en la sociedad. En el tema específico de la arquitectura para la tercera edad es necesario plantearse ahora como serán las nuevas generaciones de seniors para aplicar este conocimiento en los próximos encargos. Los futuros proyectos tendrán que diferenciarse de los actuales porque es evidente que las próximas generaciones serán muy activas y no querrán prescindir en lo posible de su independencia.


Los nuevos seniors


Los mayores serán cada vez más jóvenes. Será gente sana y en plenas facultades. Desearán seguir realizando sus actividades favoritas, mantener sus hábitos y ser autónomos. Dejar la vida laboral no les producirá un vacío, sino que se les presentará como una oportunidad para poder dedicarse a otros intereses que hasta ahora no habían podido realizar. Esta nueva etapa podría brindarles la ocasión de estudiar algo siempre deseado o de poder seguir con su profesión fuera del estrés del trabajo. La dependencia disminuirá, el sedentarismo no será una opción aceptable y la iniciativa personal será muy valorada. El ocio será planificado personalmente, elegirán lo que desean hacer en su tiempo libre. Habrá menos enfermedades y menos minusvalías graves, se llegará a la vejez en mejor estado físico. El consumo de servicios para el bienestar será mayor. Habrá una consciencia afincada sobre la actividad física moderada y sobre el deporte suave. Hacer ejercicio será parte de la rutina y estar ocupados intelectualmente será algo normal. Intentarán mantener una mente activa para retrasar la disminución de las funciones cerebrales y sabrán que el aprendizaje es la mejor medicina para la salud neuronal.


La arquitectura que vendrá


Mudarse  de domicilio es un cambio radical para la tercera edad, generalmente produce desolación porque existe un gran apego hacia la vivienda propia. Se tiende a no querer abandonarla porque implica dejar algo seguro. Como consecuencia se empezarán a proyectar “casas flexibles para toda la vida”, ver http://estudiokaw.blogspot.com.es/2013/04/casas-para-toda-la-vida.html

Edificio Bedmun 1  arquitectura para tercera edad
Bedmun 1
Otro tipo de proyectos serán los que propondrán “encanecer en el sitio con servicios a la carta”. Serán residencias flexibles con varias opciones de elección, donde la autonomía personal será la base. Para estos proyectos se tendrá en cuenta que los nuevos usuarios serán más exigentes y su lugar de vida será muy importante, querrán habitar en espacios definitivamente armoniosos. Se querrán reconocer acompañados, atendidos y a la vez independientes. El confort material se dará por hecho y el alojamiento deberá ser un lugar estable, positivo y protector.

Para concluir esta reflexión, les presento un diseño propio donde la experimentación pasa por la mezcla de usuarios donde se vinculan seniors con gente joven… y funciona! Esta es otra tendencia con futuro, creer en el apoyo entre generaciones. Este proyecto alberga 3 grupos de mayores, plenamente independientes, con dependencia media y con graves minusvalías tanto físicas como mentales. La planta baja se dedicó plenamente a este programa y las plantas superiores a viviendas de alquiler para gente joven. Se fomentó la interacción entre los usuarios y se logró una buena comunicación entre ambos. Los jóvenes dan vida al edificio y ofrecen servicios, los mayores prestan sus espacios y su tiempo. Se promueven evidentemente las actividades comunes. El proyecto por su diseño formal crea un parque público, un jardín cerrado privado, terrazas y balcones, adecuados para diferentes actividades conjuntas, ver http://www.estudiokaw.com/es/project.aspx?id=29

Hay mucho por hacer y muchas ideas por materializar, arquitectos y otros expertos reunidos lograremos resultados excelentes.

viernes, 10 de mayo de 2013

POR QUÉ LA GENERALITAT SE EQUIVOCA AL BLOQUEAR LA ACREDITACIÓN DE NUEVAS RESIDENCIAS

Para aquéllos a quienes el título de este post les suene extraño, me gustaría empezar explicando que, a principios de mayo de 2013, el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, publicó una nota en su web en la que venía a decir que, como los tiempos están muy achuchados y hay poco dinero, cerraba la posibilidad de que las residencias privadas que cumpliesen una serie de requisitos se aceditasen pudiendo así acoger a residentes financiados por la administración mediante el sistema de la Prestación Económica Vinculada.  Las residencias concertadas y ya acreditadas seguirían pudiendo acoger a esos usuarios y las que ya habían presentado la solicitud podrían todavía acceder si cumplían los requisitos.

La noticia no me ha cogido totalmente por sorpresa ya que, hace unos meses alguien dentro del ICASS me dijo que esa era su intención y, de hecho, ya llevaban algún tiempo diciéndolo informalmente a las residencias que querían acreditarse.  Cuando me lo comentaron desde ICASS les dije que me parecía incorrecto e irregular pero no lo debí expresarme de una forma suficientemente persuasiva o, sencillamente no estuvieron de acuerdo.

Hoy creo que la Generalitat se equivoca y voy a explicar por qué. Y para ser más convincente esta vez, iré por partes.

1. Qué es la acreditación


En el sistema de la Ley de Dependencia (LAPAD) quienes reciben prestaciones de servicios lo hacen en servicios públicos o concertados.  Para que un servicio privado pueda ser concertado tiene que estar acreditado.

Por otro lado, quienes reciben una Prestación Económica Vinculada (PEV) pueden comprar servicios en entidades acreditadas.

Así, la acreditación se convierte en la puerta de entrada de las entidades públicas para la prestación de servicios financiados por el sistema de Dependencia.

Acreditarse quiere decir cumplir unos requisitos más exigentes que los de autorización con lo que lo que prevé la Ley es que existan dos tipos de servicios privados  (a partir de ahora me centraré en residencias):

Las residencias "privadas-privadas" serían las que cumplen con la norma de autorización y buscan a sus clientes en el mercado privado.
Las residencias "privadas-acreditadas" cumplirían, además de las normas de autorización una norma específica más exigente que es la que les permite "vender" plazas a la administración, ya sea mediante concierto, colaboración o PEV.

En otras palabras la Ley de Dependencia prevé que las residencias privadas puedan acreditarse, cumpliendo los requisitos de acreditación,  y sólo las acreditadas puedan ser concertadas o recibir a beneficiarios del PEV.

2. ¿Cuáles son los requisitos de acreditación?


La Ley de Dependencia marca que cada comunidad autónoma establecerá sus requisitos de acreditación existiendo unos criterios comunes que se establecen para todas las comunidades.

Esos criterios comunes de acreditación se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en Diciembre de 2008 y daban un plazo de un año para que todas las comunidades autónomas publicasen sus respectivos Decretos de acreditación.

Si todo hubiese ido tal como estaba previsto, la Generalitat antes de diciembre de 2009 habría publicado su Decreto y, a partir de entonces todas las residencias que quisieran acreditarse sabrían, de forma clara y segura a qué atenerse, qué requisitos cumplir y qué procedimiento seguir para conseguir esa acreditación.  En un sistema de acreditación no habría unos plazos para presentar solicitudes, ICASS no podría decir "ya no acredito más" ya que todas las residencias que lo pidiesen y cumpliesen los requisitos, podrían estar acreditadas.

Lo que pasa es que la Generalitat y, concretamente el Departament de Benestar Social i Família, con sus sucesivas denominaciones y personificaciones, ha sido incapaz  ¡en casi cinco años! de elaborar un Decreto estableciendo cuáles son los requisitos de acreditación.  Y no sólo eso sino que, además de no elaborar un Decreto que diese seguridad ha ido pergeñando sucesivos sistemas provisionales, transitorios o ad hoc que le ha permitido concertar plazas en residencias sin acreditar, establecer "topes en el copago" y mantener con vida al Programa de Suport a l'Acolliment Residencial (la colaboración) cuando hace ocho años se nos anunció que era algo "a extinguir".  Y normalmente lo ha hecho, no publicando normas en el Diari Oficial de la Generalitat sino emitiendo notas, circulares, publicaciones en internet que tienen nulo valor jurídico pero son de obligado cumplimiento en la medida en que son la única forma en la que una residencia ha podido acceder al "cliente público".

Dentro de este malabarismo ajurídico, del que llevo unos años opinando en este blog, en mayo de 2011 se inició un proceso de acreditación transitoria mediante la publicación en la web de la Generalitat de una serie de documentos.

Ese proceso permitía a las residencias que cumpliesen unos requisitos, y aceptasen un "tope" en el precio que cobrasen a los residentes, acoger a beneficiarios de la PEV mientras éstos o pudieran ingresar en una residencia pública o concertada.

Actualmente los requisitos contenidos en esa documentación son los de acreditación en Cataluña.  ¿Hubiera sido tan difícil dar forma de Decreto a aquél sistema y dejarlo de forma definitiva?

3. ¿Qué supone hoy para una residencia privada ser acreditada?

Con un par de ejemplos se entiende perfectamente.

Supongamos que soy una residencia "privada-privada" y que uno de mis residentes solicita la ayuda de la dependencia.  Desde servicios sociales le dirán claramente que cuando consiga la ayuda el mayor tendrá que ingresar en una residencia pública, concertada, colaboradora y que, si no encuentra plaza, deberá ponerse en lista de espera de alguna de aquéllas y mientras tanto podrá estar en una residencia acreditada cobrando una PEV.  Además le dejará claro que, durante el tiempo en que esté en la "privada-privada" no podrá cobrar nada.  O sea, que lo mejor es que se vaya y se busque otra que sea acreditada.

Las residencias "privadas-privadas" saben hoy que no ser acreditadas les puede comportar la pérdida de residentes que, hasta entonces vivían felizmente en sus centros.

Además saben que todas las trabajadoras sociales de atención primaria, cuando asesoran a familias que inician el proceso de la dependencia y consideran el ingreso del dependiente en una residencia, les aconsejan que busquen una residencia acreditada.

Durante los últimos años hemos pasado por fases y hemos visto mucha casuística.  Desde un momento inicial en el que todas las residencias privadas podían acoger a beneficiarios de PEV hasta residentes a los que les decía que hasta que no ingresasen en una residencia acreditada su expediente estaba paralizado.  Sea como sea, el proceso ha ido hacia el arrinconamiento de las residencias "privadas-privadas" y su exclusión del sistema de la dependencia.

Como no quiero ser del todo fatalista querría dejar claro que el fracaso clamoroso y colapso de la Ley de Dependencia también está generando en algunas residencias "privadas-privadas" un cierto alivio:  En la medida en que algunas de ellas no cumplen con los rigurosos requisitos de personal de las acreditadas, pueden tener costes algo inferiores; en la medida en que la esperanza que generó la Ley de Dependencia se convierte en desengaño, más personas dependientes tienen que optar por plazas privadas en residencias.  Cuando nuestros gobernantes decidan decirnos la verdad y deroguen la Ley volviendo a un sistema de cobertura no universal (o sea que las rentas más altas queden excluídas de cobertura), algo que pasará, calculo en unos dos o tres años, la cifra de personas que optarán de nuevo por residencias privadas se incrementará sustancialmente.  La competencia será entonces la clave.

4. ¿Qué supone frenar la acreditación de nuevas residencias para las residencias?

Sean cómo sean las perspectivas a medio y largo plazo, la verdad hoy es que, desde que en 2011 la Generalitat divulgó los criterios de acreditación transitoria, sin establecer una fecha de caducidad, hubo residencias que empezaron a calcular qué les costaría cumplir esos requisitos y poder entrar en el "mercado de las plazas PEV".

Para algunas residencias de mayores, sobre todo las pequeñas y medianas, acreditarse suponía hacer algunas obras en la residencia, reducir alguna plaza y pensar en contratar más personal.  Eso a cambio de una expectativa incierta.  Las residencias sabían que la Generalitat cuando las acreditase no se obligaría a ingresarles a nadie. Unicamente aparecerían en la lista de residencias acreditadas y tendría que ser el dependiente el que las eligiese.   Las residencias sabían que asumían un riesgo pero, en muchos casos, más que pensar en futuros residentes, pensaban en no perder los que ya tenían.

Unas tardaron más que otras en tomar la decisión pero la verdad es que hoy existen residencias en Cataluña que ya han realizado una parte de la inversión con la esperanza de, cuando finalicen las obras, poder ser acreditadas.

Frenar en seco la acreditación supone traicionar la confianza que unos ciudadanos han depositado en la palabras de la Generalitat, aunque éstas estuviesen en internet y no en el BOE.  Una confianza que les ha llevado a realizar inversiones y obras (algo encomiable en la difícil situación).  La Generalitat podría haber dicho que dentro de tres meses dejará de aceptar nuevas solicitudes.  De esa forma habría estimulado a más residencias a acelerar las obras y habría aparecido ante la sociedad como alguien que entiende las dificultades.

Por supuesto existe el otro lado de la balanza.  Las residencias que hoy ya están acreditadas pueden estar contentas con la decisión de la Generalitat.  Si ves que tu vecino está haciendo obras y que cuando las acabe será una competencia con la que luchar para captar los cada vez más exiguos beneficiarios de PEV, te alegrarás si el ICASS le da con la puerta en las narices.  Quien esté en esa situación tiene motivos para alegrarse pero eso no hace mejor la decisión de la Generalitat.

5- ¿Qué supone frenar la acreditación de nuevas residencias para los ciudadanos?

La respuesta es sencilla. Las personas mayores beneficiarias de la Ley de Dependencia en Cataluña tendrán con esta medida menos capacidad de elección.

Quizás soy un iluso pero me gusta tener la sensación de que elijo.  Me encanta la filosofía de atención/planificación centrada en la persona en la que el residente puede tomar decisiones y los demás las respetan aunque no sean las más adecuadas.  Cada vez que voy a un curso, conferencia, jornada... sobre atención centrada en la persona veo a alguien de la administración asintiendo con la cabeza.  Ahora me doy cuenta de que cuando lo hacen deben estar pensando en otra cosa, ya que, cuando tienen la ocasión de hacer algo que de verdad pueda potenciar el respecto a las elecciones, en vez de aumentar la posibilidad de elegir la cercenan.

Un ejemplo: Si en su municipio hay una residencia que se ha gastado un dinero para conseguir ser acreditada y que cumple todos los requisitos de acreditación,  y una persona mayor beneficiaria de la Ley de Dependencia que quiere ingresar en esa residencia. ¿Por qué la Generalitat puede conseguir que acabe yéndose a otro municipio?

6- ¿Por qué el argumento que da la Generalitat no se aguanta?


El ICASS, Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales inició en mayo del 2011, a pesar de las dificultades presupuestarias, un nuevo proceso de acreditación de centros residenciales y diurnos para poder acoger usuarios con derecho a prestación económica vinculada, poniendo especial atención en territorios con más necesidad de oferta pública de plazas.
El actual contexto de prórroga presupuestaria, condiciona la garantía de las obligaciones presupuestarias económicas que se derivan, por lo que no se está dando continuidad al proceso de nuevas acreditaciones salvo aquellas que se encuentren inmersas en mejoras propuestas por escrito previo la obtención de esta condición.

La verdad es que el hecho de acreditar nuevos centros como posibles acogedores de beneficiarios de PEV no supone incrementar ni un euro el gasto.

Recordemos que el hecho de estar acreditado (igual que antaño sucedía con el estar acreditado como residencia colaboradora) no supone que la Generalitat asuma ninguna obligación de "enviarte" residentes.  El ser acreditado sólo supone aparecer en la lista de acreditados para que los beneficiarios de la PEV puedan elegir estar en tu residencia mientras esperan a tener una plaza pública o de concierto.

Las únicas plazas que la Generalitat tiene "comprometidas" son las que ha concertado con alguna residencia y, en menor medida las colaboradoras (que cada vez intenta tratar de forma más análoga a las concertadas).

Si lo que resulta caro para le Departament es el coste del proceso de acreditación, tienen una vía muy fácil y directa de trasladarlo a la residencia.  La Ley de Serveis Socials de 2007 establece que la acreditación se tienen que inscribir en el Registro de Servicios Sociales.  En la medida en que existen unas tasas que pagan los procesos de inscripción en el registro, no costaría demasiado incluir la acreditación entre los hechos "a tasar".  Estoy seguro de que las residencias pagarían la cantidad sin demasiado reparo.

7- ¿Puede rectificar la Generalitat?

Les sería difícil rectificar si hubiesen apostado por un sistema de gobierno más serio basado en el imperio de la Ley y en la publicación en los diarios oficiales de los actos y reglamentos que afectan a un conjunto indeterminado de ciudadanos afectando sus derechos.

Pero hoy no vivimos en este sistema sino en el de "mira lo que he colgado en mi muro de facebook".

Creo que mañana mismo la Generalitat podría potar por cambiar la nota que colgó (y de la que éste es el enlace http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=92c63cfc50130310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=92c63cfc50130310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default), por otra que dijese que para garantizar el derecho a elegir proveedor de entre los que cumplan los criterios de acreditación, la Generalitat continuará acreditando transitoriamente residencias, de acuerdo con los criterios de mayo de 2011 y asumiendo el compromiso de publicar el Decreto de acreditación definitivo antes de final de año.

Como siempre, quizás soy yo el que me equivoco, por lo que pido encarecidamente comentarios.




BLOGUISTA INVITADO: ANDRÉS RUEDA, PRESIDENTE DE ASCAD

El Máster en Gerontología Social de la Universidad de Barcelona, dirigido durante casi quince años por el profesor Ricardo Moragas, además de preparar a muchos profesionales sirvió de embrión de una asociación de directores de residencias que, con el tiempo se convirtió en ASCAD (Asociación Catalana de directores de centros y servicios de atención a la dependencia gerontológica).  Esta asociación, que agrupa a directores de residencias geriátricas, centros de día para personas mayores y servicios de ayuda a domicilio, es la que ha promovido, entre otras, la Iniciativa Legislativa Popular  para priorizar el pago de los servicios que reciben los grandes dependientes.

Hoy invito a participar como bloguista a Andrés Rueda, su presidente.  Gracias por tu mensaje


Es muy fácil y un orgullo hablar de ASCAD desde dentro, reconozco que no somos una asociación al uso y por eso quizá no fácil  encuadrarnos. Podríamos decir que somos el lógico proceso evolutivo de aquel espacio de reflexión y contraste de ideas en libertad que significó el Máster en Gerontología Social (MGS) de Les Heures y de aquella embrionaria asociación de directores que nació… como nacen las cosas serias: en el bar, en los intermedios de las clases y alrededor del café cada vez más numeroso de los fines de semana, posiblemente de invierno, de aquel invierno del……..

¡Que te voy a decir, Josep de Martí!,… Inforesidencias.com también tiene en su genética el espíritu MGS de la libertad  siendo hoy un poco la casa de todos, así lo entendemos desde ASCAD y así cobija a la última criatura del “laboratorio de ideas”: la ILP de blindaje del dependiente severo.

Este marco de libertad impregna hoy a todos los “ascadianos” y lo defenderemos “a muerte”: somos una asociación profesional transversal y plural y todas nuestras  acciones nacen de ese debate interno dando origen a posicionamientos, reflexiones y comunicados.

ASCAD ha sido el catalizador para hacer emerger estas filosofías para que se queden con nosotros porque lo necesitamos. Los que tenemos la responsabilidad de hacer funcionar este entramado de la asistencia a la gerodependencia no nos podemos sentir solos como chivos expiatorios contra los que se ceba la normativa con inusual inquina proyectando la parte oscura de nuestra conciencia sobre ese profesional, entonces invisible y que en consecuencia, no se podía defender. Solo quien lea los capítulos de infracciones y sanciones de la Llei de Serveis Socials entenderá porqué tuvimos que plantear una denuncia “a dos bandas” de autoprotección y defensa de nuestros residentes ante fiscalía en agosto de 2012. Fue una “salida del armario del SI SEÑOR” a gritos … que después cada cual manipuló según sus intereses. Lógicamente a quien le gustó menos fue al “poder” que siempre, sea del color que sea, le cuesta aceptar la crítica y tendría que entender con mas naturalidad que la sociedad civil tiene sus instrumentos constitucionales de participación debiendo mostrar siempre un talante respetuoso “con ella y hacia  ellos.” ¿O no?. Esto ya es historia profesional… y marca limites.

En esta línea tenemos otro reto encima de la mesa, la ILP,  que con gran satisfacción sabemos que será cuidada por todas las entidades del sector. La ILP es un verdadero paraguas para la dependencia y sus agentes y pionera del estado español.

Pero no queda ahí el reto: la sostenibilidad, los profesionales, la tipología  de centros, inspección,… por apuntar algunos temas son aspectos que exigen redefinición hacia objetivos nítidos y con trayectorias menos erráticas para afianzar el sistema de la gerodependencia que ahora está demasiado expuesto a vendedores de humo, charlatanes de feria e indocumentados que desde la distancia se permiten meter cuchara, remover y luego,… desaparecen mientras nosotros nos quedamos con el desaguisado. Por denunciar esta necesidad de redefinición desde hace dos años nos han llamado incendiarios, intransigentes, alarmistas,.. y otros piropos. La evidencia es tozuda y ahora hablan de asfixia económica y de riesgo vital del estado de bienestar desde el President hasta el último mono de cualquier conselleria. No estaría mal que se retiraran esas acusaciones hacia nosotros… ó que se repartan entre todos. ¿Harán alguna de las dos cosas?.

Y en el horizonte de nuestro punto de mira tenemos lo que entendemos sería definitivo para todos, el colegio o asociación profesional que, al amparo de la Ley de Colegios Profesionales, normalice y vehiculice aspectos internos que van desde  la deontología, la praxis o la autodefensa, hasta externos como los  sistemas de relación con la administración u otros colectivos del sector. En esas estamos y seguiremos “dando pedales”. 

Andrés Rueda.
ASCAD.


lunes, 6 de mayo de 2013

ENTENDER EL ÚLTIMO RECORTE DE LA DEPENDENCIA

Aviso que esta entrada me ha salido un poco larga, pido excusas.

Antes de nada, viendo cómo los medios de comunicación están reflejando el último recorte de la Ley de Dependencia (LAPAD) me gustaría recordar que, lo que se promulgó en 2006 con el pomposo nombre de "Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia", fue una chapuza desde el principio.  Una chapuza que puso de acuerdo a PP y PSOE pero una chapuza al fin y al cabo:  No se calculó bien cuántos dependientes habría, no se calculó bien el coste de los servicios, la financiación del sistema se basó en acuerdos bilaterales entre en Estado y cada Comunidad Autónoma, que ¡oh, sorpresa! se han contaminado por la lucha partidista, y algunos despropósitos más.

Cuando alguien dice que el actual gobierno se está cargando la Ley de Dependencia respondo que sólo está intentándonos hacer creer que un cadáver sigue con vida.  El sistema para la Dependencia, tal como se había pensado, muríó hace tiempo.

Iba a escribirlo otra vez pero ya lo hice hace algún tiempo.  Invito a quiénes estén en este blog a leer las siguientes líneas y a ver al final en qué fecha las publicó en la extinta revista "Negocios y Gestión Residencial",  llevaban por título "Acciones necesarias para salvar la Ley de Dependencia":

En un arranque de sinceridad que nos ha dejado a todos sobrecogidos, Mercedes Cabrera, Ministra de Educación, Política Social y Deporte (el nombre del ministerio no es una broma), ha dicho que la actual coyuntura económica que atravesamos puede que tenga alguna influencia en el despliegue de la ley de dependencia. O sea, que no habrá suficiente dinero en los próximos años para mantener el recién creado sistema.
La crisis que no se podía llamar por su nombre sirve ahora como perfecta excusa para admitir algo que, incluso si hubiese seguido la bonanza económica, hubiera acabado pasando.
La Ley de Dependencia reconoce a todas las personas que dependan de otra para realizar las actividades básicas de la vida diaria el derecho subjetivo a ser valoradas y a recibir prestaciones (económicas y de servicios) según su grado y nivel de dependencia. En otras palabras, con esta Ley, cualquier persona que necesite vivir en una residencia geriátrica o recibir ayuda en su casa, la tendrá a cargo del erario público aunque tendrá que “co-pagar” una parte. 
Para redactar la Ley de Dependencia se hicieron unos cálculos sobre cuántas personas necesitarían ayuda y cuánto costaría la misma pero el tiempo ha demostrado que hay más personas dependientes de las previstas y que los costes de los servicios tienden a subir por encima de la inflación. La consecuencia es un sistema que se ha vuelto tempranamente insostenible.

Durante el primer año de aplicación, en el que básicamente se empezó a valorar y a redactar planes individuales, fuimos testigos de un agrio enfrentamiento entre el gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el PP con continuas acusaciones de incumplimientos y deslealtad.

Ahora que las orejas del lobo nos acarician la nariz las acusaciones partidistas se incrementan y, sabiendo que “esto” no se podrá mantener como estaba previsto, parece que nuestros gobernantes están más preocupados en no aparecer como culpables que en resolver realmente el problema.

Lo cierto es que ha llegado el momento de aceptar que existen serias dificultades y de tomar decisiones desagradables pero necesarias para capear el temporal y salvar el sistema de atención a la dependencia.

Por supuesto, existe una opción drástica: derogar la Ley y volver al sistema de protección no universal de la dependencia desde la competencia en servicios sociales de las comunidades autónomas. Se podría establecer un aumento ajustado de las transferencias del estado para tal fin y decir “lo intentamos, pero no fue posible”. Cada uno culparía al contrario, algunos a la crisis internacional y, a otra cosa.

También podría optarse por un gran engaño: mantener la Ley, hacer un desarrollo restrictivo y confuso rebajando a la vez la financiación de forma que, en la práctica se perdiese la esencia. Para evitar que se produjese descontento, la opción tendería a incrementar al máximo las prestaciones económicas para el cuidado no profesional en el entorno familiar. O sea, repartiría pequeñas cantidades de dinero entre mujeres de mediana edad para que se quedasen en casa cuidando a un dependiente, fuera de las listas del paro. Nadie comprobaría nada y en apariencia tendríamos un sistema de atención a la dependencia aunque sin profesionalización ni trazas de calidad.

Quizás la opción más audaz, y por ello menos probable, sería que los dos grandes partidos se sentasen y llegasen a un acuerdo que permitiese salvar el proyecto desde una perspectiva amplia ahorrándonos a los ciudadanos polémicas estériles. 

El acuerdo podría contener los siguientes puntos:

- Modificación de la disposición adicional primera de la Ley de forma que la efectividad del derecho de las personas valoradas en el grado de dependencia moderada y en el de dependencia severa, grado 1 se pospusiese sine die o durante un período largo de tiempo. Esto supondría aplicar un a moratoria atendiendo durante los próximos años a los dependientes con mayor afectación y dejando para una segunda fase a los demás.
- Redacción del Real Decreto de copago basándose en los siguientes puntos:
o Separación clara de los costes de manutención-hoteleros de los que son estrictamente de dependencia. En principio el sistema de atención a la dependencia no debería cubrir costes de manutención-hoteleros.
o Establecimiento de un sistema de copago que, en determinados niveles de renta permitiese el pago del 100% del precio de referencia. 
o Exclusión de las prestaciones económicas para dependientes con un nivel de renta superior a unos límites establecidos.
o Establecimiento de un sistema de “resarcimiento” mediante el cual la administración pudiese recuperar a la muerte del dependiente una parte del dinero pagado para su cuidado personándose en la sucesión como interesado con un crédito preferente. Habría un mínimo exento y un porcentaje máximo.

o Establecimiento de un copago de los familiares obligados a prestar alimentos a la persona dependiente. Éste dependería del grado de parentesco, capacidad económica y cargas familiares habiendo siempre mínimos exentos. Podría establecerse un mecanismo para que los obligados pudiesen negarse al copago familiar, mecanismo que conllevaría la incapacidad para poder recibir donaciones o heredar del dependiente.

Se trata de medidas reversibles que supondrían aumentar las posibilidades de sostenibilidad del sistema en estos tiempos de crisis y que requerirían para ser efectivas modificar la legislación civil y fiscal así como establecer una cooperación estrecha entre la Agencia Tributaria y las comunidades autónomas.

Como con toda seguridad, en un primer momento aparecería un gran rechazo, sería indispensable el acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas y, muy necesario, el del resto de partidos, sindicatos y patronales, poniendo el acento en que las medidas son la única vía de mantener el sistema y suponen una mejora sustancial respecto a la situación que existía antes de la Ley de Dependencia.

El sistema está hoy en sus inicios y, en las actuales circunstancias, crear unos cimientos sólidos en el apoyo a los que tienen un mayor nivel de dependencia es la clave para que, en un segundo momento, pueda atenderse con calidad y eficiencia a todas las personas dependientes. No lo desaprovechemos.

Septiembre de 2008

Como no soy adivino ni tengo información de que no dispongan las comunidades autónomas o el Estado, creo que nuestros gobernantes fueron cobardes o ineptos al no haber tomado medidas en relación con la Ley de Dependencia mucho antes.  Lo que ahora está haciendo el gobierno se parece bastante a lo que yo propugnaba hace cinco años aunque con una pequeña diferencia.  Hacerlo ahora supone quitar derechos a personas a que previamente se les han reconocido.  Si desde 2008 nos hubiésemos centrado en prestar servicios profesionales al gran dependiente y dejar las ayudas económicas para casos excepcionales (como la atención de discapacitados "no mayores" en sus domicilios), con menos recursos hubiésemos alcanzado a más personas.  Dejar la ayuda a la dependencia severa y  moderada para un momento posterior y, de momento cubrirla con ayudas no universales hubiese sido menos bonito pero más realista.

Durante estos días oigo y leo que las ayudas económicas de la Ley de Dependencia están ayudando a personas a subsistir y se critica severamente al gobierno porque si quitan o reducen esa ayuda algunas familias pasarán por debajo del nivel de subsistencia.  Yo veo en ese argumento una perversión:  el dinero de la dependencia es para que la persona dependiente reciba atención.  No dudo que en estos momentos deben existir programas y ayudas para evitar la exclusión social, pero éstos no son los de la dependencia.

Para entender la rebaja de las ayudas al cuidador familiar, hay que ver ésta en perspectiva:  en Julio de 2012 el gobierno ya bajó estas ayudas un 15% y permitió que las comunidades autónomas pudieran efectuar una rebaja adicional de otro 15%.  Como muy pocas comunidades han aplicado la rebaja adicinal, es muy posible que lo que haga ahora el gobierno es recortar él mismo, pero que este "segundo recorte" sólo se aplique en las comunidades que no lo aplicaron en 2012.

¿Producirá un ahorro la medida?  Sin duda. ¿Afectará a las familias? por supuesto, aunque no a todas por igual.  Una ayuda que era de 520€, bajó en 2012 a 440€ y ahora vuelve a bajar a unos 360€ afectará de forma muy diferente a diferentes personas.  La clave está en la capacidad económica previa del núcleo familiar.  Es cierto que la rebaja hará que muchas familias vivan peor que cuando recibían más pero no creo que, pasado el momento del anuncio, tenga mucha consecuencia en el total del sistema.

Habrá muchas famílias que, debido a su nivel de renta, recibían hasta ahora 200€ y verán rebajada esa cantidad a 170€.  Es cierto que es una rebaja pero, la cantidad inicial era ya tan baja que dífícilmente el dependiente llegará a notar algún cambio.  Los que de verdad notarán el cambio será las familias con rentas muy bajas para las que la ayuda suponía la diferencia entre "llegar o no llegar".

Para quien se dedica profesionalmente a la atención a dependientes que las ayudas al cuidador no profesional se reduzcan es una "medio buena noticia". Al fin y al cabo es algo que se viene reclamando desde hace años.  La parte "no buena" es que, si reducimos 400 millones de Euros al año en esas ayudas y la reducción se considera un "ahorro" no mejoramos nada.  En cambio, si en vez de "ahorro" consiguiésemos destinar la mitad de esa cantidad a financiar más plazas en residencias concertadas podríamos ocupar al rededor de 15.000 plazas.  Plazas que ya existen y están desocupadas, que supondrían crear 7.000 puestos de trabajo.  Lo que quiero decir es que, las medidas, orientadas únicamente a reducir déficit pueden conseguir lo que pretenden mientras dejan en el camino cadáveres innecesarios.

O sea, que en principio, el recorte de las ayudas a las familias no tendrá un efecto sobre las residencias existentes y que, con un poco de imaginación y audacia sí podría tenerlo, y positivo.

La otra gran medida: la modificación del copago debe ser vista de forma diferente.

Para mí ésta es la clave.  La Ley de Dependencia se promulgó con el mensaje de que creaba un derecho universal.  Todo el mundo tenía derecho a recibir servicios y prestaciones, ¡Fuese quien fuese, tuviese lo que tuviese!  La equidad venía a este sistema universal de la mano del copago.  O sea, Amancio Ortega y quien le corta el césped (si algún día llegan a ser dependientes) tendrían el mismo derecho a recibir prestaciones y servicios "de la dependencia". La diferencia es que Don Amancio tendría que participar en el coste (o sea, copagar) en mayor cantidad que su jardinero.

Ahora se está intentando emprender algo que, también por falta de aptitud o por cobardía, no se había hecho hasta ahora: dotar al sistema de un sistema de copago más o menos homogéneo, equitativo y justo.

Vayamos por partes:  Antes de la Ley de Dependencia, en España una persona mayor dependiente que tuviese ingresos por encima de 800€ al mes quedaba excluida de ayuda pública debido a que se consideraba que ésta tenía que reservarse para quien "no se pudiese ayudar a sí mismo".  Alguien con muy pocos ingresos podía llegar a ingresar en una residencia pública o concertada y "copagaba", una parte de su escueta pensión. Por otro lado, una persona con 900€ mensuales que necesitase una residencia tenía que afrontar ella misma los 1500€ que en  2006 costaba mensualmente el servicio.  ¿Cómo lo hacía?  Pues sacando de dónde podía lo que le faltaba (ahorros, ayuda de los hijos..).  Para algunos esto suponía un esfuerzo enorme y un gran sacrificio, para otros no tanto.

Al aprobarse la Ley, todos entran y, aplicándose los generosos sistemas de copago (que se habían diseñado pensando en el sistema anterior), las administraciones empezaron a asumir una parte muy importante del coste de las estancias en residencias de personas que tenían ingresos más o menos grandes. ¿Ven el mismo patrón al que me he referido antes?  Primero se crea un sistema generoso que no podemos mantener, entonces se genera confianza y expectativas y después hay que modificarlo y todo el mundo se siente traicionado. Eso, en vez de haber empezado diseñando un sistema más equitativo que no hubiese generado expectativas sin fundamento.

La Ley había previsto que el copago en residencias (el servicio más costoso)  debía distinguir entre los costes "hoteleros y de manutención"  y los de atención.  La idea era hacer lo mismo que en Alemania, Francia, Holanda, Suecia y todos los países de nuestro entorno:  considerar que, cuando una persona vive en una residencia los costes que genera son de tres tipos:  hoteleros, de atención y sanitarios;  y establecer un sistema de financiación para cada uno. Así, la parte hotelera la debería pagar la propia persona, si puede en su integridad y si no, con alguna ayuda;  la de atención la pagaría la administración con un copago y la atención sanitaria continuaría pagándola íntegramente la sanidad pública (hasta que se introdujese el copago también allí).

La realidad es que la Ley nunca se ha desarrollado en cuanto a copago se refiere (bueno, se intentó algo pero era tan chapucero que los tribunales lo tumbaron), de forma que cada comunidad ha hecho lo que le ha parecido correcto (u oportuno).  La conclusión es que algunas son mucho más generosas que otras.

Ahora llega, ¡seis años tarde! un intento por establecer un sistema de copago que suba lo que pagan las personas y reduzca o que cuesta el sistema a la administración.  El objetivo es pasar de recaudar 600 millones en copago (un 10% del total del sistema) a 900 (que será un 15% del total.  La trampa está en que, cuando el gobierno lo explica dice que se trata de incrementar un 5% el copago cuando la verdad es que el aumento deberá ser del 50%.

¿Cómo afecta esto a las residencias actuales, concertadas o que colaboran con la administración mediante algún sistema?

Por desgracia para conocer la respuesta tendremos que esperar.

Aunque me cueste, intentaré ser optimista durante unas líneas:

Si se elabora un Real Decreto con elementos de los que propuse hace cinco años, la medida podría acabar no siendo negativa para las residencias.

Se trataría que los que puedan paguen más.  "Los que puedan" serán los que entraron en la ley de Dependencia porque era universal y que, si no se hubiese aprobado la Ley habrían continuando estando del todo excluídos.

Ahora, vuelvo a ser realista/negativo.

La medida me habría parecido positiva, incluso plausible, si, en vez de buscar los 300 millones adicionales, dijesen que el "ahorro" será de 100 y que los otro 200 se dedicarán a la concertación de unos miles de plazas más.

Aquí veo el problema principal.  Aunque las medidas en sí no me parecen desencaminadas sí me lo parece lo que se pretende conseguir con ellas que es, únicamente gastar menos. Esto me parece miope ya que "gastar bien" en dependencia puede generar más beneficio que gasto.

Si, exactamente lo mismo se hiciese para dar más fuerza y coherencia al sistema, y aún mejor, si se hubiese hecho hace cinco años, habría felicitado al gobierno.

Tenemos un grupo de empresas y entidades que prestan servicios, que han reducido costes y se han profesionalizado. Nos ha costado veinticinco años tener un sector geroasistencial bien estructurado y esto es algo a defender.  Sólo hay que ver residencias en Madrid,  centros de día en Barcelona o cualquier otra ciudad, hoy y hace veinte años para entender de qué estoy hablando.

Ahora tengo la sensación de ver a alguien que tira por la borda cosas para mantener a flote el barco.  Ahora tira un mueble, ahora la comida de la despensa, ahora el botiquín...

Señores del gobierno ¿qué cenaremos hoy?

Os agradeceré comentarios en este blog o en el foro de Inforesidencias.com, el portal con el buscador de residencias para la 3ª edad

miércoles, 1 de mayo de 2013

ALGO MÁS SOBRE LA CULTURA DEL SÍ EN RESIDENCIAS

Después de varios intentos he conseguido ver un vídeo que Has Becker me dió durante la visita a la residencia Akropolis del grupo Humanitas.  Es la residencia de la que escribí hace unos días.

Este es el vídeo.



En los diferentes viajes que hemos organizado desde www.inforesidencias.com, "el buscador de residencias para mayores", hemos visto muchas cosas originales, la verdad es que ésa es de las que más.

Fijaos en el vídeo y veréis como una señora residente se está fumando un cigarrillo tranquilamente en la sala de actividades, cómo beben alcohol o cómo una señora choca su silla de ruedas contra una pared y, a pesar de todo le animan a que la siga controlando ella misma.

En Holanda tubieron el baby boom veinte años antes que en España, además tienen una cultura muy diferente a la nuestra por lo que sería tonto querer hacer una traslación directa.  No obstante, cuando aquí hablamos de planificacion o atención centrada en la persona ¿no pensamos un poco en cosas así?

Autor del post:  Josep de Martí