domingo, 27 de mayo de 2012

PAÑALES Y RESIDENCIAS

Una de las cuestiones curiosas cuando hablamos de residencias es que los residentes, aunque en apariencia son iguales al resto de mayores, para la Sanidad Pública no lo son. Por supuesto, la realidad difiere en cada Comunidad, pero al final resulta que el número de pañales que recibe un mayor es diferente si éste vive en su casa o en una residencia; algo que suele repetirse cuando hablamos de "lancetas" o "tiras reactivas" (palabras que a los diabéticos les sonarán muy familiares).

La fuente del problema radica en un punto de partida engañoso: aunque en relación con la Sanidad, las personas que viven ingresadas en residencias asistidas (las que podríamos llamar "de tipo social") tienen la misma condición que la de los mayores que viven en su domicilio, la realidad es diferente. En principio tendría sentido otorgar una naturaleza especial a la relación entre esa Sanidad y unos establecimientos en los que conviven personas que tienen en común, por regla general, la fragilidad, la polimedicación y una alta necesidad de atención médica.  En cambio esta no ha sido una preocupación generalizada.

Si se reconociese esa "especial relación" podría establecerse, para toda España, un sistema común de atención sanitaria, prescripción y derivación hospitalaria que después, cada comunidad ajustase a su realidad.  Lo esencial sería que la respuesta a preguntas como ¿Quién presta atención médica al residente? ¿Cómo se le prescribe al residente? ¿Dónde se llevan las recetas? o ¿Cómo, cuándo y por qué se deriva a un residente al hospital?, no tuviesen siempre como respuesta un "depende".



Si te mueves un poco por España ves que en algunas Comunidades autónomas han regulado la prescripción y venta de medicamentos a residencias; en otras (o en alguna parte de algunas comunidades), existes planes piloto de atención.    Incluso existen ejemplos de coordinación sociosanitaria con más de veinte años a la espalda.  Todo ello está muy bien pero, en la medida en que el derecho a la Sanidad debería estar regulado, en sus aspectos básicos por el Estado, y en su aplicación concreta por las Comunidades Autónomas, y en la medida en que existe un grupo de personas mayores que viven en residencias que tienen unas necesidades intensivas de atención y gasto farmacéutico, ¿No sería momento de empezar a construir un sistema  común?



Supongo que el número de pañales que necesita un residente no depende demasiado de si éste reside en Cádiz, Sestao o Santa Cruz de Tenerife. También supongo que, como siempre que algo se da "gratis", en algún momento y en algún lugar se produjo algún abuso.  El problema es que, muchas veces, en la corrección de abusos, la tentación es hacer pagar justos por pecadores.



En el caso de Castilla la Mancha, me parece que más que la corrección de un abuso están intentando, lisa y llanamente, una reducción del coste.  Ahora mismo, quizás no están para mucha planificación, pero, cuando tengan un momento, sería bueno que pensase que, considerando los pañales como parte de un problema más grande y afrontando ese problema (atención sanitaria a los residentes), quizás ahorrarían más que reduciendo en un  10% el número de pañales.

miércoles, 23 de mayo de 2012

DISCREPANDO DE UN AMIGO

Hace unos días recibí una nota de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, firmada por su director José Manuel Ramírez Navarro, persona a la que respeto y admiro, entre otras cosas porque tiene las ideas muy claras y, algo muy difícil de encontrar hoy en día, la obstinación de defenderlas aunque en esa defensa se juegue su comodidad y bienestar material.

Mi problema es que, a pesar del respeto que me merece su asociación y él mismo, cada vez discrepo más de lo que él defiende. Creo que, plantear mis discrepancias puede servir a cualquiera que quiera tener un criterio propio a alcanzarlo.

Esta es (en color negro) la nota que he recibido  y éstas (en color verde) mis reticencias.


ALARMANTE DESLEALTAD DE ESTADO

La fiereza con que el Ministerio de Hacienda está tratando a las Comunidades Autónomas  pone contra las cuerdas la atención a cientos de miles de personas en situación de dependencia en España.
Los brutales objetivos de déficit unidos a la reducción de los Presupuestos Generales del Estado en partidas tan necesarias como la del Nivel Acordado de financiación de la Dependencia (283 Millones –sin atender a razones-) no sólo impiden el desarrollo del sistema, sino que provocan que las atenciones que ya se han puesto en funcionamiento peligren seriamente (actualmente más de 950.000 atenciones dirigidas a 750.000 personas afectadas).

No estoy de acuerdo con que la crítica se dirija hacia el Ministerio de Hacienda, dejando a las comunidades autónomas como víctimas de su "fiereza"  y "brutales objetivos", especialmente si no se hace referencia a que la situación que tenemos ahora viene del mismo gobierno y las mismas comunidades autónomas, ocupadas por el mismo o distinto partidos políticos, que aprobaron una Ley de Dependencia insostenible (basada en un defectuoso Libro Blanco y en una memoria económica sin fundamento); que se endeudaron sin sentido; que pusieron en marcha políticas de gasto alocadas y que generaron déficit año tras año ocultándonos la realidad todo lo que pudieron.  Creo que está claro que hoy estamos luchando contra un incendio que amenaza con consumir toda nuestra casa. No creo que sea momento de identificar y castigar al pirómano, pero mucho menos de atosigar al bombero acusándole de que está mojando el colchón o rompiendo una pared por la que entrará aire.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a través de su Observatorio Estatal de la dependencia es y ha sido muy crítica en estos años con la gestión de muchos de los responsables autonómicos en esta materia, pero en las actuales circunstancias creemos urgente y necesario denunciar la deslealtad del Gobierno de la Nación con las Comunidades Autónomas (todas sin excepción) en materia de Dependencia. Se les exige cumplir con la legalidad vigente atendiendo a más de un millón de personas dependientes con un derecho reconocido al tiempo que se elimina el nivel acordado de financiación. Se les recorta financiación en otras partes fundamentales de los Servicios Sociales (que afectan directamente a derechos ciudadanos) al tiempo que se les exigirá atender, junto a las Corporaciones Locales, a miles de personas que están entrando en riesgo de exclusión provocado por la crisis y el desempleo. Señora Mato, Señor Montoro: o sorbemos, o soplamos.

En esta parte estoy bastante de acuerdo.  El gobierno de España debe actuar de forma más decidida en este campo.  No se puede sorber y soplar a la vez.  El problema de fondo es que la Ley de Dependencia está tan mal hecha que incluso si hubiese seguido la racha de crecimiento se tendría que haber modificado.  No se puede quitar el dinero y decir que la Ley sigue en vigor (con alguna pequeña modificación).

Si se han de parar o enfriar máquinas, hágase (ya se viene haciendo de tapadillo). Si para preservar unos mínimos derechos esenciales de una Ley dada a todos los ciudadanos se han de revisar calendarios, plazos u otras cuestiones, hágase. Si se han de reducir cuantías de las prestaciones económicas para poder mantener servicios o, incluso, si se ha de paralizar la entrada de nuevos dependientes al sistema para poder continuar atendiendo a los más graves, hágase también. No podremos, por principio, estar de acuerdo.

¿Y por qué no plantear una modificación a fondo de la Ley basada en la universalidad sólo para la gran dependencia y basada en servicios y en una revisión a fondo del copago que haga el sistema sostenible y equitativo (no entro aquí en detalles porque ya lo he hecho en muchas otras entradas)?

Pero a lo que seremos radicalmente contrarios es a que se obligue a las Comunidades Autónomas (que recordemos que también son Estado) a que incumplan sus obligaciones con la ciudadanía por mor del equilibrio presupuestario, soltándoles a los pies de los caballos y sin ofrecer salida plausible alguna. No podemos estar de acuerdo con que quepa la posibilidad de destruir un tejido empresarial de atención a las personas que será esencial y estratégico cuando la palabra “crecimiento” vuelva a los vocabularios políticos. No estaremos nunca de acuerdo con que después de no regar las flores alguien se envalentone y les acuse por haberse marchitado.

De nuevo de acuerdo y de nuevo con matizaciones.  Existe una diferencia importante en el nivel de cumplimiento de la ley de Dependencia entre diferentes comunidades (según datos de los Observatorios que publica la propia Asociación).  Algunas han dado muchas más prestaciones económicas que otras; algunas han concertado pagando 1.300€/mes y otras 1.900€; el coste per cápita de atención a cada dependenciente y el nivel de copago ha sido muy diferente en distintas comunidades, como también lo ha sido lo que tardaban en pagar a los proveedores.  Todo esto ha hecho que, aunque el derecho a la atención a la dependencia era el mismo, se han generado diferentes modelos con diferentes costes y diferentes calidades sin que casi nadie dijese nada.  La Asociación de Directores fue elaborando sus observatorios, poniendo notas a las diferentes comunidades según unos criterios entre los que no estaban cuánto pagaba la comunidad por la atención a los dependientes o cuánto tardaba en pagar a los centros concertados.  

No culpo en absoluto a la Asociación de no haber tenido en cuenta esos datos ya que bastante hacía una entidad de voluntarios con recopilar, ordenar y publicar  una información que de otra forma no hubiésemos sabido encontrar o entender. Pero, visto en perspectiva, quizás si entonces se hubiesen destacado esos aspectos o la abismal diferencia entre lo que le cuesta a una comunidad atender a un residente en una residencia pública de gestión directa, en una externalizada o en una de concierto, ahora  estaríamos hablando desde una realidad diferentes.

O sea, que estoy de acuerdo con que la forma no es la correcta. "El gobierno del PP no sabe comunicar" será con toda seguridad una de las frases del año.  Pero el fondo sí lo es.  La Ley de Dependencia, tal como se diseñó no podía funcionar.  Con crisis o sin crisis tendría que haber sido modificada.  El PSOE y el PP, junto con el resto de partidos que la aprobaron en el Parlamento son en parte culpables, ya que ellos la crearon.  Pero también lo son todos los que dijeron que era una buena Ley que suponía un gran avance (lo son porque desde muy al principio se vio que tenía contradicciones y que era insostenible).  No olvidemos a las comunidades autónomas que, en un primer momento abusaron reconociendo muchas más valoraciones de alta dependencia que las razonables (no olvidemos que ha resultado que hay más personas con alta dependencia que con baja cuando todos los estudios consideran que la realidad es exactamente la contraria) y que después han ido cambiando.

Quizás lo que me desagrada de la nota recibida es la forma poco justa de repartir la culpa entre los diferentes protagonistas.  El maniqueismo siempre me ha resultado difícilmente sostenible, sobre todo cuando te intentas poner en el lugar de cada uno.  

Me cuesta mucho aceptar que en la exposición de un argumento se utilicen palabras como "fiereza" o "brutal" ya que me interesa más lo que apela a mi razón que a mi sentimiento.   Si alguien me habla de "El gobierno del GAL y la corrupción" refiriéndose al de Felipe González; "el de las Azores y el Prestige" hablando de Aznar o de "el del despilfarro" tratando del de Zapatero, en seguida me pongo en guardia.  Me convencen mucho más los argumentos sólidos envueltos en palabras sencillas.


Espero poder seguir coincidiendo y discrepando con José Manuel durante muchos años.

domingo, 20 de mayo de 2012

LA GEMELA SINIESTRA SE CARGA AL DEFENSOR DEL PUEBLO DE GALICIA

En "La Gemela Siniestra" defiendo que la Ley de Dependencia nació con una hermana gemela que, tras morir la primera la suplantó e intentó engañarnos a todos haciéndonos creer cosas totalmente falaces.

Parece que un bolgero puede hacer esa comparación pero un Valedor do Pobo (defensor del pueblo gallego) no.  Según leí en la Voz de Galicia de 3 de mayo  el  Sr. Beningo López lamentó que la denominada Ley de dependencia «nació muerta» por falta de presupuesto y que ahora es necesario «mitigar» la situación. Por ello, apuntó que o bien los poderes públicos «aportan más dinero», o se dedican a «priorizar» y a reservar los fondos a los «grandes dependientes» que requieren asistencia prioritaria,o bien «dejan en suspenso la aplicación de la leyhasta que haya dinero».  El dedo acusador del valedor también apuntó hacia una excesiva burocratización.

La consecuencia de estas manifestaciones, contenidas en el informe que presentó al parlamento fueron, en primer lugar una moción para que dimitiese, que no prosperó y su dimisión hace pocos días.

En la prensa titulares como "Las polémicas opiniones del Valedor ponen en la picota a la institución" y otros por el estilo.

Pero, ¿Cuál es el problema? ¿Existe alguien en España que cree todavía que la Ley de Dependencia se ha aplicado correctamente? ¿Puede alguien argumentar que la Ley es técnicamente correcta?

Yo creo dos cosas.  En primer lugar, la hipocresía de nuestra clase política le impide decir lo que es claro y meridiano: La Ley de Dependencia, tal como se redactó, ha sido un fracaso.  En segundo lugar, ya va siendo hora de que alguien diga en voz alta lo que algunos pensamos, decimos y escribimos sin conseguir llegar a la opinión pública.

No soy el único que lleva diciendo varios años que la Ley es insostenible tal como se ha redactado, que es técnicamente mala y que lo mejor sería concentrarse en garantizar la atención de los grandes de pendientes. Lo que me sorprende es que unas palabras tan tibias como las dichas por el Valedor do Pobo hayan ocasionado tanta polémica.

El problema es que, tal como se ha dado la noticia en los medios de comunicación, este señor aparece como una especie de iluminado extremista que lo que quiere es que se deje de atender a los dependientes.

En fin, yo seguiré con mi blog y que él siga en su  nueva actividad profesional.

miércoles, 16 de mayo de 2012

LEÓN TAMBIÉN APUESTA POR EXTERNALIZAR LA GESTIÓN DE SU RESIDENCIA

Una de las cosas buenas que saqué del tiempo en que serví como funcionario en la Generalitat de Catalunya fue una correcta formación jurídico administrativa.   Durante mis diez años conseguí becas y ayudas para estudiar dos másters y un postgrado universitarios.  Supongo que con los recortes las cosas habrán cambiado, entonces existían unas becas parciales con lo que tú pagabas la mitad de la matrícula y la Escuela de Administración Pública la otra mitad.  Como esas matrículas eran algo elevadas, no solía haber muchos candidatos con lo que una persona como yo podía acceder a las mismas.

Uno de esos Másters fue el de Derecho Público y Organización Administrativa que curse en la Universidad Pompeu Fabra en 1996. Y últimamente pienso bastante en algunas cosas de las que aprendí entonces.

Recuerdo que un profesor, al hablar de la organización municipal nos explicó que, cuando se constituyeron los primeros ayuntamientos después del advenimiento de la democracia, todos los alcaldes querían tener en su municipio guarderías y clubes de jubilados y residencias.  Muchos de ellos, con independencia de su tamaño, pusieron en marcha esas iniciativas, que después fueron acompañadas por muchas otras que fueron mejorando la vida de los ciudadanos, sin duda, y sometiendo a los presupuestos municipales a una carga constante y creciente.

La Legislación española de Régimen Local, la que regula lo que se hace a nivel municipal y provincial establece que los municipios a partir de determinada población tienen  la obligación de prestar determinados servicios, pero no impide que los que tengan menos de esa población también los presten por lo que, si un municipio de, pongamos 1.000 habitantes que durante unos años ha ingresado mucho dinero por las licencias de un polígono industrial, por algún proyecto europeo o cosas por el estilo, podría decidir construir una residencia de cien plazas.

La experiencia nos ha demostrado que cuando un ayuntamiento se convierte en gestor de una residencia municipal, las condiciones laborales de los empleados del centro van mejorando, en proporción, mucho más que los del resto de empleados de residencias.  Como el coste de personal supone un 60% del total de una residencia, con  los años, las residencias municipales acaban siendo mucho más caras de gestionar.  Además, si cada ayuntamiento establece su sistema de acceso y copago, también vemos que los residentes acaban pagando bastante poco por su estancia.  Es muy comprensible que, un alcalde, que se va a encontrar por la calle a esos trabajadores y a los familiares de los residentes sea más "blandito" a la hora de establecer condiciones que un gestor autonómico o estatal que tiene la "ventaja/inconveniente" de la distancia.

En la situación actual muchos ayuntamientos se están planteando hacer algo al respecto.  En el Puerto de Santamaría (Cádiz) han optado por la vía radical y han cerrado una ruinosa residencia (13 plazas y un déficit anual de medio millón de euros) y en otros lugares se plantean una vía más acorde con nuestros tiempos:  la externalización del servicio, o sea, contratar a una empresa para que gestione la residencia pública. 

Por supuesto que, en el momento en que se pronuncia la palabra "privado" y servicios sociales, aparecen los  "sacerdotes de la pureza público/social" y anuncian todo tipo de calamidades.  Las más recurrentes: 

"La privatización hará que las personas sin recursos no puedan acceder".  Eso no es cierto.  Que se privatice la gestión no supone que se modifiquen los criterios de acceso y copago.

"Se cambia un servicio público de todos por el enriquecimiento de unos pocos". Eso no es cierto.  La obligación de los gestores públicos es gestionar el gasto con criterios deeficiencia y economía (lo dice la constitución española. Esto quiere decir que la administración tiene la obligación de considerar las diferentes opciones existentes y optar por aquélla que le permita alcanzar el objetivo óptimo con los mínimos recursos.  Si resulta, como en el Puerto de Santamaría, que atender a 13 residentes genera un déficit de medio millón al año y que existe un sistema con el que ese mismo medio millón permitiría atender a 50, la administración debería adoptarlo.  Si en el camino hay una empresa que se lucra, mejor.  El lucro de esa empresa generará más impuesto de sociedades, IRPF de sus empelados, IVA....

Ahora le toca el turno a León, una ciudad que se está planteando hacer el cambio y está viviendo la arremetida "anti-privada".

Yo creo que estamos ante un debate que debiera afrontarse de forma seria y basada en datos.  Sigo pensando que si existiese un sistema de comparación de gestión/coste/resultado que nos permitiese conocer el detalle de cada sistema la decisión que se tomase acabaría siendo menos apasionada.  La pena es que no se está haciendo esto porque sea lo mejor sino porque ya no aguantan más con lo que tienen.

Lástima.

jueves, 10 de mayo de 2012

SOBRE EL USO DE CONTENCIONES EN RESIDENCIAS

Entre 1995 y 1998, el Máster en Gerontología Social de la Universidad de Barcelona, dirigido por Ricardo Moragas convocó una serie de Jornadas sobre la situación de las residencias de personas mayores de Cataluña.  Yo entonces era inspector de la Generalitat y recibí una invitación para exponer en números cuál era esa situación.  Aquél día triunfé, y no por los datos ni por mi explicación sino porque utilicé una presentación powerpoint con gráficos que se movían, letras que bailaban y algún que otro aditamento gráfico.  Para muchos de los asistentes era la primera vez que veían una presentación así en un ámbito como el nuestro. Algunos me preguntaron si era un video y otros que quién me había ayudado. Por aquél entonces la mayoría de los ponentes iban pertrechados con sus transparencias de plástico y sólo los más avanzados traían su cajita de diapositivas.  Han pasado unos cuantos años.

Esto no es sólo una concesión a la nostalgia.  Me ha venido a la cabeza porque en una mesa redonda que se celebró en una de esas Jornadas apareció el tema del uso de contenciones en residencias. No recuerdo quiénes eran los ponentes pero sí la discusión.  Uno decía que el uso de una contención suponía una limitación clara de derechos por lo que ésta requieriría una autorización judicial, otro que se trataba de una prescripción médica y que judicializar las decisiones médicas sólo podía traer efectos negativos. En la discusión aparecieron ideas como el uso de contenciones para evitar males mayores, el consentimiento de la familia, la bondad de que fuesen los profesionales los que estableciesen pautas de uso..

Por aquél entonces, tanto en las residencias como en los hospitales resultaba bastante normal ver cómo una persona mayor era contenida con una sábana que le impedía levantarse de un sillón o con algún otro sistema artesano.  Incluso, cuando alguna persona cursaba una formación de auxiliar se les enseñaba cómo utilizar una sábana como medio de contención.

La inspección empezó, hacia el 1998 a pedir dos requisitos para el uso de contenciones: una pauta médica y el uso de sistemas homologados.  Después vino un Decreto de 2000 y después la Ley de 2007 que acabaron de regularlo.

Una residencia me recordó hace poco como a finales de siglo pasado recibió una visita conjunta de la inspección y la Fiscalía para examinar el uso de contenciones.

Con todo esto quiero decir que llevamos muchos años hablando de esta cuestión.  Mucho antes de que apareciesen iniciativas como "desatar" o "liberar" y, aunque haya pasado todo ese tiempo, parece que los puntos de controversia no han avanzado demasiado.

Cuando la Generalitat ha difundido el informe elaborado por la inspección de servicios sociales sobre el uso de contenciones y los medios lo han difundidio diciendo que uno de cada cinco residentes viven "atados", parece haberse producido un cambio cualitativo.

Creo que durará poco tiempo pero eso de las contenciones se ha convertido en un tema de debate fuera del ámbito puramente asistencial.

Yo creo que  estamos ante una de las cuestiones jurídicamente más relevantes de la atención a personas mayores  y que, como casi todo lo jurídicamente relevante en este campo, se está resolviendo de una forma chapucera.

En un mundo en el que se cumpliese la Ley, todos los incapaces estarían incapacitados y contarían con un tutor (persona o institución tutelar).  En esos casos, la contención, como tratamiento sería una decisión que, cuando debiera tomarse, se pactaría entre el médico, la residencia y el tutor tras haber compartido información sobre los motivos que la justifican, la intensidad de la misma y los riesgos que supone.  En ese mundo ideal habría residencias que apostarían por un modelo "libre de contenciones", esas residencias informarían a sus residentes y a sus representantes de la opción que toman y de los riesgos.  Estas residencias, sin duda, dirían, "es mayor el riesgo que supone el uso de la contención que el daño que se puedo ocasionar si no se usa".

En ese mundo ideal se tendría en cuenta la opinión de la persona, cogintivamente capaz y del tutor.  Existirían opciones y, con el tiempo algunas de esas opciones se iría imponiendo, no a base de multas sino de lógica.

El problema es que, aunque según la Ley todos los incapaces deberían ser incapacitados, la realidad es que muy pocos lo son.  Además, la teórica protección que ofrece la Ley de Servicios Sociales al residente desaparece cuando éste es ingresado en un hospital (entonces depende del "buen hacer" de los profesionales).  Incluso, si analizamos el extremo rigor con que se está aplicando la Ley de Servicios Sociales en residencias privadas y los datos de uso de contenciones en residencias públicas, parece que el paraguas de proteccion no cobija igual a todos.

Quien tenga los datos podría hacer una pequeña exploración:

- ¿Cuántas inspecciones se han hecho a residencias durante 2012?
- ¿Cuántas actas mencionan algún posible incumplimiento referido a contenciones?
- ¿Cuántas han acabado generando la apertura de un expediente sancionador?

Una vez obtenidos esos datos, sólo habría que hacer una distribución tomando como base la titularidad de la residencia inspeccionada (pública, mercantil, social) y qué inspector/a, ha realizdo la inspección.

Al final habría que preguntarse:

- ¿Se comprueba con igual intensidad el uso de contenciones en todo tipo de residencias?
- ¿Todos los inspectores aplican el mismo nivel de rigor?

En mi munto ideal la respuesta a ambas preguntas sería sí.  En el mundo real, sólo quien tiene los datos puede hacer la comprobación.

Autor del post:  Josep de Martí

miércoles, 9 de mayo de 2012

HACIA UNA SEGUNDA LEY DE DEPENDENCIA

Hace unas semanas me llamaron de la residencia Costa Nevada de Motril (Granada) y me dijeron que habían escuchado una conferencia en el congreso de la FED en Valencia en la que hablé de la Gemela Siniestra y del fracaso de la Ley de Dependencia.  El caso es que les había gustado y me invitaban a participar en un acto organizado por  una "Aula de Pensamiento" para que hablase de ese tema.

La conferencia fue ayer por la noche y, la verdad fue una experiencia muy interesante.

Yo hablé de lo que suelo hablar: una mezcla entre Gemela Siniestra, Acciones necesarias para salvar la Ley de Dependencia, con algo de Pajín en el país de las maravillas y de Mato mata a la Gemela Siniestra.

A diferencia de la última vez que estuve en Granada, cuando un representante político me dijo con toda claridad, que la "paguilla" era muy buena porque ayudaba a superar la crisis a mucha gente y muchos la preferían.  En esta ocasión (quizás porque los políticos han cambiado o porque lo han hecho los tiempos) me sorprendió encontrar bastante asentimiento entre el público y los políticos municipales que asistieron.

El periódico local ha recogido el acto aunque, como casi siempre, cuando leo lo que reflejan que dije, me gustaría corregir algunos puntos.  De todos modos, agradezco mucho a la residencia y a la Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos la invitación y dejo dicho que, si alguien quiere que vaya a explicar mi visión, sólo tiene que escribirme y hablamos de cómo hacerlo.


martes, 8 de mayo de 2012

PLATAFORMAS MULTISERVICIOS

Debió ser a mediados de los noventa del siglo pasado cuando oí por primera vez una idea que entonces me pareció novedosa:  las residencias debían tender a ser plataformas de servicios en las que, no sólo hubiese personas mayores viviendo sino, además, usuarios de centros de día, otros que sólo fuesen a comer y aún otros a los que se les llevaría la comida a casa. Además, esa plataforma sería la base de un servicio de ayuda a domicilio y la central desde donde se controlarían los servicios de teleasistencia.  De esta forma, no hablaríamos de residencias y residentes sino de unos centros que atenderían a personas mayores de una zona.

Desde entonces he escuchado cosas parecidas en varias ocasiones.  He visto como algunas residencias incorporaban estancias diurnas, esto por supuesto si la normativa autonómica de turno lo permitía ya que algunas exigen que los centros de día sean espacios separados con entrada separada;  también he visto alguna empresa que presta servicio de residencia y de ayuda a domicilio.  Lo que no he llegado a ver en los veintiún años que llevo trabajando en esto es una verdadera "plataforma de servicios" con el concepto que escuché entonces.

Casi siempre que alguien habla de esta idea lo hace desde la administración y  aludiendo a conceptos de eficiencia y eficacia.  La idea es que "Siempre será más barato prestar un servicio como "plataforma" que varios servicios separados" y "Siempre se prestará un mejor servicio si existe una atención continuada".

La última vez que he oído hablar del tema ha sido a raíz de un artículo publicado en el ABC referido a Castilla León donde lo plantean como un cambio de modelo: Los centros «multiservicio» permitirán al usuario acudir a las residencias desde «a tomar el café, comer, dormir durante dos semanas o un fin de semana» hasta a permanecer allí durante el día. Es, en definitiva, un «modelo más abierto» y «más atractivo».  En este caso, a diferencia de en otras, el peso no se pone en la parte de eficiencia sino en una mejora del servicio centrándolo en las necesidades de cada persona (gestor de caso incluido). Espero que les salga bien aunque me preocupa que en la misma noticia digan que las residencias pequeñas privadas deben reestructurarse para sobrevivir ya que, sabemos que cuando se habla de "reconvertir" o "reestructurar" referido a residencias pequeñas lo que se quiere decir de verdad es "cerrar".

Me parece positivo que las administraciones inventen o reinventen modelos. Lo que me sorprende es que, en un momento crítico como el que vivimos se resistan a tomar medidas que tienen mucho más cercanas y a su alcance.  Me refiero al análisis de la forma en que prestan los servicios "que ya prestan".  O sea, cuánto les cuesta que un ciudadano con derecho a recibir servicio de residencia, centro de día, teleasistencia o ayuda a domicilio lo reciba.

Cómo me gustaría tener una hoja de cálculo elaborada por alguien independiente en el que apareciese el coste unitario de atención a una persona según tipo de servicio (residencia, centro de día, teleasistencia y SAD) según la forma de prestación (pública  en gestión directa; pública en gestión privada; concierto; prestación vinculada, otros) y según qué administración lo gestiona (aquí aparecerían las diferentes comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos).  Para dar alegría a los defensores del pensamiento platafórmico añadiría una columna más en la que se incluyese esa modalidad como forma de mejora y ahorro intentando poner una cifra de coste.


domingo, 6 de mayo de 2012

QUÉ PASARÁ CON LA SUBIDA DEL IVA EN LAS RESIDENCIAS

En Cataluña las residencias "colaboradoras", o sea, aquéllas que tenían desde hace años un sistema parecido a la prestación económica vinculada (aunque con un precio marcado por la administración).  Vieron, cuando hubo la última subida del IVA, como su cuenta de resultados se resintió "un poquito más".  El motivo fue que la Generalitat les dijo que, cuando se establecía el precio máximo que podían cobrar por la estancia de un residente, éste se consideraba "IVA incluido" por lo que, si el IVA subía, la residencia tenía que asumir la subida.  Como era "sólo un punto" las residencias aceptaron el trágala y a quien no le gustó, supongo que sigue sin gustarle.

Ahora se plantea una nueva subida del IVA y, aunque la situación es diferentes, algunas residencias empiezan a sudar.  Están pagando los restos de la subida atrasada del convenio anterior, con los precios públicos congelados y viendo cómo en otras comunidades (Cantabria, Madrid, Castilla la Mancha, Castilla León..) se está produciendo una rebaja en las tarifas de concertación (rebaja que no viene acompañada con una relajación de los requisitos).

No sé cuánto tiene previsto el Gobierno aplicar la subida del IVA pero estaría bien que esta vez hubiese un poco más de previsión que la anterior de forma que las residencias puedan saber cuánto pueden cobrar y a quién.

Dicen que la subida del IVA es lo más parecido a una devaluación que puede hacer un gobierno que no controla su propia moneda.  Espero que no se equivoquen y que la medida ayude.  Porque si no..

viernes, 4 de mayo de 2012

SOBRE EL COPAGO SANITARIO

Aunque normalmente la salud me acompaña, hace dos semanas he pasado uno de esos días que, cuando pasan te hacen valorar lo maravilloso que es encontrarse bien.

Todo empezó con un leve dolor de barriga, seguido por un malestar  intenso y, por la noche, un viaje al lavabo que se truncó  a causa de un mareo, un desmayo y un golpe en la cabeza durante la inconsciente caída.  Como en casa somos del "seguro público", mi mujer llamó al 061 y en unos diez minutos teníamos en casa una ambulancia y dos profesionales que se quedaron durante unos cuarenta minutos, tomándome la tensión, el nivel de azúcar y observándome hasta que, vuelto en mí, decidimos que me quedaba en casa y, si seguía encontrándome mal acudiría a un servicio de urgencias no hospitalario.

Dicho y hecho, al día siguiente, visita al centro Dos de Maig de Barcelona.  Más observación, examen físico, analítica de sangre y orina, medicación inyectada, receta de Omeprazol y, ¡para casa!.

Dos días después, todavía no me encontraba bien y pedí hora al médico, ese mismo día por la tarde, visita.  Ya estoy algo mejor pero sigo "no bien".  La doctora me escucha, me envía a hacer un electrocardiograma, descarta la afección cardíaca y me envía a casa.  Al día siguiente  me llama por teléfono para saber si me encuentro mejor y, efectivamente, en cuestión de dos días más, después de cinco mal, vuelvo a ser el de siempre.

No puedo hablar por toda la sociedad pero en mi caso, con mi nivel de renta y mi situación familiar, si me hubiesen dicho que tenía que participar en el coste de la atención que he recibido, lo hubiese encontrado totalmente razonable.  Es cierto que tuve que esperar bastante en el Dos de Maig y en el ambulatorio pero cuando llamamos a la ambulancia ésta vino en seguida.  Para mí la cuestión no es el copago en sí, sino encontrar una cantidad que sea lo suficientemente alta como para que "se note" (reduciendo costes y atenciones no necesarias) y lo suficientemente ajustada como para que no suponga que alguien pueda quedarse fuera de cobertura.

Estoy muy contento con la atención recibida y, podría decir lo mismo de las otras veces que he necesitado atención médica (para mí u otros miembros de mi familia).  Quiero que se mantenga un buen nivel de calidad y me parece que el copago razonable debería haber existido siempre (como existe en casi todos los países de nuestro entorno).  Por eso no creo que el copago deba implantarse como un remedio contra la crisis actual sino como parte de un modelo racional y equitativo.

Se me olvida una cosa.  Después de mi visita al Dos de Maig hablé con mis padres, ambos jubilados, les comenté lo que me estaba pasando y me dijeron: "no compres el Omeprazol" nosotros tenemos varias cajas que ya no necesitamos y te podemos dar una. ¿Por qué tenían mis padres varias cajas del medicamento? ¿Lass tendrían en casa si hubiesen tenido que pagar aunque fuera una pequeña cantidad por ellas?

miércoles, 2 de mayo de 2012

¿SE IRÁ IMPONIENDO LA CORDURA?

Hace tres años en Inforesidencias.com apareció una noticia titulada "La Sangría de las Residencias Públicas" en la que, basándose en una información aparecida en el Heraldo de Soria y sacando la calculadora se ponía de manifiesto que a la Diputación Provincial de Soria le costaba mantener cada una de las 350 plazas de residencia pública que gestionaba la no desdeñable cifra de 4.000 Euros al mes.

Ahora en La Razón encontramos una continuación a esta historia en forma de nuevo cálculo y toma de decisiones.

Resulta que tres años después, la Diputación gestiona cuatro residencias con 291 residentes cuidados por 206 empleados, una tasa de absentismo del 13% y un coste 28.332 Euros al año por plaza de los que 8.484 Euros son asumidos por el residente.

Dejando de lado que me cuesta mucho creer que el copago medio en Soria sea de 707 Euros al mes.  Centrémonos en los datos.

Estamos hablando de un coste de 2.330 Euros al mes por plaza (un coste que, con toda seguridad excluye los los capítulos de alquiler y amortizaciones); con una ratio del 0,7 y un absentismo bárbaro.  En conjunto, estamos hablando de una gestión mejorable.

Lo sorprendente de este caso concreto es que, no sólo se han hecho públicos los datos sino que, además, la administración ha decidido tomar cartas en el asunto y plantear que alguna empresa pueda asumir la gestión de las residencias, respetando el derecho de los residentes.

La Diputación considera que, sólo aplicando el convenio de residencias privadas a los trabajadores de los centros, se alcanzaría un 35% de rebaja en los costes de personal.  Por supuesto, si la nueva gestora pudiese adecuar la ratio de empleados a la necesidad real de los centros y consiguiese bajar el absentismo, seguro que la Diputación podría encontrar empresas que pudiesen gestionar los centros a precio de concertación.

Es un asunto que tendremos  que seguir ya que, el coste razonable de la atención es uno de los pilares sobre los que de tendrá que asentar la viabilidad de la nueva Ley de Dependencia que parece estarse redactando.