sábado, 31 de diciembre de 2011

CARTA A LOS REYES MAGOS

Supongo que como para todos los niños, el día de Reyes era para mí una mezcla de mucha ilusión, enorme sorpresa y unas gotas de decepción. Parece que en oriente no entendían bien mi idioma ya que nunca acababan de traer todo lo que les pedía. Recuerdo que en una ocasión pedí el "madelman esquimal" y tuve un abrigo. Mis padres me decían que los Reyes eran muy listos, que me alegrase por lo que habían traído y que quizás si me hubiese portado mejor durante el año habría tenido más cosas. Yo, inmune al desaliento volvía a escribir al año siguiente una nueva carta en la que, si me acordaba, volvía a pedir lo que el anterior no había llegado.

Hace unos días escribí una entrada sobre la mayoría absoluta de Rajoy en la que dije que quería escribir una carta a los Reyes sobre la Ley de Dependencia. Estaba estos días pensando en la carta cuando leo en el periódico que el nuevo gobierno ha decidido paralizar la entrada de nuevos dependientes moderados en el sistema durante 2012. "Esto me suena", he pensado y me he puesto a buscar en las "cartas a los reyes magos de la dependencia" que ya he escrito en años anteriores. En un rato he encontrado lo que escribí el 19 de Septiembre de 2008, cuando la Ley no había cumplido ni dos años, el título era "Acciones necesarias para salvar la Ley de Dependencia" y me permito reproducir una parte ya que, a mi entender, si los reyes hubiesen traído en 2008 lo que pedía entonces, quizás tendríamos ahora algo mucho más sólido y sostenible:

- Modificación de la disposición adicional primera de la Ley de forma que la efectividad del derecho de las personas valoradas en el grado de dependencia moderada y en el de dependencia severa, grado 1 se pospusiese sine die o durante un período largo de tiempo. Esto supondría aplicar un a moratoria atendiendo durante los próximos años a los dependientes con mayor afectación y dejando para una segunda fase a los demás.

- Redacción del Real Decreto de copago basándose en los siguientes puntos:
o Separación clara de los costes de manutención-hoteleros de los que son estrictamente de dependencia. En principio el sistema de atención a la dependencia no debería cubrir costes de manutención-hoteleros.
o Establecimiento de un sistema de copago que, en determinados niveles de renta permitiese el pago del 100% del precio de referencia.
o Exclusión de las prestaciones económicas para dependientes con un nivel de renta superior a unos límites establecidos.
o Establecimiento de un sistema de “resarcimiento” mediante el cual la administración pudiese recuperar a la muerte del dependiente una parte del dinero pagado para su cuidado personándose en la sucesión como interesado con un crédito preferente. Habría un mínimo exento y un porcentaje máximo.
o Establecimiento de un copago de los familiares obligados a prestar alimentos a la persona dependiente. Éste dependería del grado de parentesco, capacidad económica y cargas familiares habiendo siempre mínimos exentos. Podría establecerse un mecanismo para que los obligados pudiesen negarse al copago familiar, mecanismo que conllevaría la incapacidad para poder recibir donaciones o heredar del dependiente.

Se trata de medidas reversibles que supondrían aumentar las posibilidades de sostenibilidad del sistema en estos tiempos de crisis y que requerirían para ser efectivas modificar la legislación civil y fiscal así como establecer una cooperación estrecha entre la Agencia Tributaria y las comunidades autónomas.

Como con toda seguridad, en un primer momento aparecería un gran rechazo, sería indispensable el acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas y, muy necesario, el del resto de partidos, sindicatos y patronales, poniendo el acento en que las medidas son la única vía de mantener el sistema y suponen una mejora sustancial respecto a la situación que existía antes de la Ley de Dependencia.


El anuncio del gobierno de ayer nos ha traído lo primero de la lista. A ver qué hacen a partir de ahora.

Yo, como hacía de pequeño, vuelvo a enviar la carta a ver qué pasa.

Feliz año nuevo

lunes, 26 de diciembre de 2011

PUESTOS A SOÑAR

Me gustaría vivir en un país en el que poder tener la seguridad de saber que, aunque todo me vaya muy mal, aunque haya tomado las decisiones equivocadas, habrá un mínimo de subsistencia que tendré garantizado.  Por supuesto, que esta garantía no evitará que, con esfuerzo y suerte pueda prosperar e incluso despuntar.  Deseo no necesitar nunca recurrir a ese mínimo garantizado, pero, me gustaría transitar la vida  sabiendo que allí abajo hay una red de seguridad, basada en una “solidaridad entre ciudadanos”. 

Para que en ese país imaginario sean los que se esfuerzan los que prosperen y despunten necesito que exista un buen sistema educativo que premie el esfuerzo y del que salgan ciudadanos formados y con espíritu crítico.  Necesito que la sanidad esté garantizada para todos, que exista un sistema de pensiones que permita a los más mayores la subsistencia y que exista una cobertura social para determinadas circunstancias.  Por supuesto considero que, quien decida destinar parte de sus recursos a contratar servicios educativos, de salud o de previsión, podrá acabar recibiendo unos de mejor calidad que los garantizados para todos, la clave está en que, incluso los que no hayan previsto nada puedan tener su necesidad básica cubierta.

La cobertura de la dependencia en ese país imaginario sería universal para todos aquéllos que necesitasen de un apoyo intenso (gran dependencia).  Así, todos los ciudadanos sabrían que, llegado el momento en que necesitasen atenciones constantes para poder vivir, el sistema les ofrecería unos servicios profesionalizados en forma de residencias, centros de día, servicios de ayuda a domicilio y de apoyo a la persona .  En esos casos, se calcularía su capacidad económica de forma que se pudiese determinar hasta dónde debe llegar la solidaridad. Lo ideal en ese país imaginario sería que cada uno previese sus necesidades futuras y ahorrase o contratase seguros para cubrir esos riesgos.  Así, los que han sido previsores o lo que tuviesen más recursos podrían acabar recibiendo mejores servicios, pero nadie que estuviese en situación de gran dependencia se quedaría sin recibir una atención adecuada.

Regresando de esta ensoñación navideña al mundo real.  El país en el que vivo no es cómo a mí me gustaría, pero ahora que se ha visto que la Ley de Dependencia ha sido un fracaso y que, tal como está redactada es totalmente inaplicable, me gustaría que, como mínimo en este aspecto, se pudiera mejorar la cosa.

Como la vida es una sucesión de encrucijadas, me gustaría que el nuevo gobierno eligiese entre dos opciones:

1.Cambiar lo que hay manteniendo el espíritu de la actual Ley. 

Si tuviera que hacer esto la nueva norma
  •           Establecería la universalidad para los grandes dependientes.  La dependencia severa y la moderada se dejaría en el ámbito de los servicios sociales de cada comunidad autónoma sin afectación por parte de la Ley estatal.
  •           Aplicaría un catálogo de prestaciones en las que hubiese servicios (residencias, centros de día, ayuda a domicilio y apoyo personal) y prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de bienes (ayudas técnicas) y servicios. Sobre la las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno doméstico, crearía el criterio de excepcionalidad del que ha carecido la Ley limitándola a supuestos de grandes dependientes discapacitados que convivan con familiares. O sea, se excluiría del campo de atención a mayores y se concentraría en el ámbito de la discapacidad.
  •           Crearía un sistema de copago diferenciado para servicios sustitutorios del hogar (residencias) y el resto de servicios.  En las residencias, establecería el precio hotelero, de atención y sanitario.  En esta línea, para garantizar la equidad y la sostenibilidad, generaría un sistema de reconocimiento de deuda a aplicar a dependientes con determinado nivel de patrimonio que permitiese recuperar parte de lo gastado tras el fallecimiento del dependiente.
  •           Establecería un sistema multilateral de financiación sustituyendo el de los convenios, de forma que se fomentase la transparencia.

Alguien me dirá que lo que esta opción es un paso atrás respecto a lo que tenemos ahora.  Yo creo que no es así ya que “lo que tenemos ahora” es una mentira disfrazada de Ley.  Lo que tenemos no se aplica (y yo creo que ni se puede aplicar).

2.       2. Inventar algo radicalmente diferente

Aquí sí que habría campo por explorar.  Para empezar, podríamos  hartarnos de realidad y pensar que, si todas las comunidades tienen atribuida de forma exclusiva la competencia sobre servicios sociales, quizás la Ley de Dependencia debería limitarse a establecer unos principios muy generales y dejar que todo se regule y ejecute a nivel autonómico.

También podríamos pensar que la situación de dependencia más que un derecho es un riesgo que podría cubrirse con un seguro público/privado.  Entraríamos pues a regular una póliza que pagarían los ciudadanos que tuviesen recursos para hacerlo y que quedaría cubierta por la administración cuando las personas no pudieran.  Esta fórmula plantearían problemas, por supuesto, sobre todo para los que son dependientes ahora, pero sería interesante explorarla.

Sea como sea, algo habrá que pensar ya que lo que tenemos hace agua y sólo lo podremos mantener engañando.

viernes, 23 de diciembre de 2011

"NUEVOS COSTES" DE LOS CENTROS ASISTENCIALES

A veces lo que empieza como una conversación de café acaba tomando forma y puede tener consecuencias.
Hace unas semanas hablaba con un gestor de residencias y la conversación nos llevó a los “nuevos costes” de los centros asistenciales (residencias y centros de día).  O sea, a aquél dinero que hace unos años podía llegar a ser beneficio o reservas pero que, poco a poco ha ido engrosando el capítulo de gastos.


Hace tiempo fueron la protección de datos, la legionela, los puntos críticos… más recientemente lo son los planes de autoprotección.  Resulta que todos los centros de atención a mayores de Cataluña tendrían que haber comunicado su actividad al Departamento de Interior a mediados de 2011 y, antes del 7 de enero tienen la obligación de presentar su plan de autoprotección.  Dependiendo del tamaño del centro ha de ser homologado por el Ayuntamiento o la Generalitat.  Redactar el plan supone contratar a un técnico acreditado y supone unos 1.500€ para una residencia mediana.


Los requisitos que deben cumplir las residencias y centros de día, a raíz de estos planes son diversos y oscilan, según el tamaño del centro en contar con video vigilancia, un desfibrilador con personal formado o, vigilancia privada para centros de más de 100 plazas.


La cuestión no es menor debido a que, si tenemos en cuenta este último requisito, si un centro de 100 plazas tiene que contratar seguridad privada las 24 horas al día, necesitaría aproximadamente contar con 5 vigilantes a jornada completa.


Aunque es una cuestión que está pasando muy desapercibida, ese director de residencias y yo quedamos para profundizar más con un técnico habilitado para redactar planes de autoprotección  que nos dijo que, el Decreto que crea estas obligaciones  establece un plazo de cuatro años para la contratación de la vigilancia privada y que, de momento,  lo importante es presentar el plan.  Como la fecha límite de 7 de enero está tan cercana y muchas empresas (esto no afecta sólo a residencias) no lo han hecho, el Departamento de Interior no piensa sancionar, de momento.  Además, con el número de técnicos habilitados y la cantidad de empresas que tendrían que redactar su plan, resulta imposible que se cumpla el plazo.
Dado lo intranquilizante de la situación, y utilizando contactos  y amistades, conseguimos los tres (el director de residencia, el técnico y yo) concertar una visita con una diputada del parlament de Catalunya durante la que le expusimos lo que estaba pasando, como meros ciudadanos que hablan con uno de sus representantes.
La diputada, receptiva a lo que le decíamos, a su vez utilizó sus propios resortes y, gracias a ellos,  dentro de unos días, tendremos una entrevista con técnicos del Departament d’Interior.


Quizás no es ahora el momento más adecuado para cargar a las residencias pequeñas con un coste adicional y quizás no es el momento de establecer requisitos que pueden cargar de una forma insoportable la menguada cuenta de resultados de unos prestadores de servicios que llevan con las tarifas congeladas dos años.
Si alguien quiere enviar alguna reflexión para que comentemos con los técnicos de interior, sólo tiene que enviármela.


En fin, después de la visita de Enero os mantendré informados en el blog.

jueves, 22 de diciembre de 2011

¿ANA MATO?

Hace un tiempo, cuando Zapatero nombró a Leire Pajín como Ministra del ramo de la sanidad y los servicios sociales escribí que a Zapatero realmente no le interesaba el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia y, como prueba de ello había colocado al frente del departamento responsable de la materia a alguien que en su trayectoria anterior nunca había gestionado nada parecido  (de hecho no había gestionado casi nada).  El perfil de la señora Pajín era el de una "política de batalla" más que la de una gestora eficiente.

Ahora, el presidente Rajoy con su flamante mayoría absoluta llega conduciendo un camión de bomberos al edificio en llamas que es España, dispuesto a tomar las medidas necesarias para salvar lo que se pueda sacrificando lo demás.  Empiezan a bajar los miembros de su equipo y vemos que los encargados del área económica son técnicos con gran experiencia de gobierno en la materia, de hecho parece que tengamos cuatro ministerios económicos (Presidencia, Economía, Hacienda y Asuntos Exteriores),  si seguimos analizando vemos a una gran mayoría de "especialistas" pero cuando baja la nueva Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad vemos a... ¿Ana Mato?

Mi primera reacción es considerar que se trata de un error, seguro que se refieren a Ana Pastor, una gestora experimentada y con amplios conocimientos sobre sanidad y dependencia, pero no, es Ana Mato, una apartich del Partido Popular que ha encadenado cargos internos de gran responsabilidad con otros representativos tanto en España como en el Parlamento Europeo.

Como hago casi siempre, para saber más, he ido a Google, he escrito "Ana Mato" y "Ley de Dependencia" y he obtenido un resultado tan escuálido que me ha confirmado en mi idea anterior.  Ana Mato nunca ha gestionado nada relacionado con dependencia.

¿Qué mensaje oculto nos manda Rajoy con este nombramiento?

Puestos a especular podríamos pensar, tal como defendí cuando se nombró a Pajín, que a Rajoy este tema no le interesa demasiado y por eso no nombra a alguien con experiencia.  En esta ocasión no lo creo, ya que, quitando sus polémicas declaraciones sobre el nivel de alfabetismo de los niños andaluces, Mato no parece tanto una "política de cuerpo a cuerpo" como una gestora de equipos.

Si ponemos el nombramiento en el escenario político actual, con catorce de las diecisiete comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (probablemente quince después de las elecciones andaluzas de la primavera), podríamos ver en el nombramiento de Ana Mato un intento de armonizar algo el sistema de dependencia, o lo que quede de él.

Creo que el nuevo gobierno deberá plantearse una modificación de la Ley de Dependencia que limite de forma importante las prestaciones económicas para  el cuidador no profesional, que limite la universalidad a la gran dependencia y que regule el copago de forma mucho más equitativa que hasta ahora.  Además deberá intentar hacerlo manteniendo una cierta armonía de aplicación en las diferentes comunidades.  Quizás esto sea algo que la Sra. Mato pueda hacer ya que, al fin y al cabo se parece a los esfuerzos que ha tenido que desarrollar dentro de su partido para que, algo tan grande funcione en una dirección.

El hecho de que Dependencia se haya mantenido dentro del Departamento de Sanidad me parece muy bien.  Ahora que el anterior gobierno ha publicado (de forma quasi póstuma) el Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria en España y que en Cataluña parecen adivinarse los caminos que seguirá España en el campo de la racionalización de gastos y generación de nuevos ingresos, la nueva Ministra debe prepararse para impulsar, tanto en Sanidad como en Servicios Sociales, unas políticas que deberán ser implementadas por las comunidades autónomas.  En otras palabras, tendrá que ser una "impulsora eficaz" y una "removedora de obstáculos".

Esperemos, por el bien de todos, que la Sra. Mato haya sido la elección acertada.

miércoles, 14 de diciembre de 2011

LA LAPAD SE CAE A TROZOS

Algunas noticias necesitan un poco de "lectura entre líneas" para poder llegar a su verdadero significado.

Leo en  el Diario Información de Benidorm que el Ayuntamiento de esa ciudad deja de prestar servicio de ayuda a domicilio a 250 dependientes de la ciudad al anunciar el alcalde que, tras rescindir el contrato con la empresa que prestaba el servicio, no piensa renovarlo.

Vayamos por partes:

Antes que nada hay que destacar el papel que los Ayuntamientos han tenido en la fallida puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia en España.  Muchos de ellos ya prestaban con sus presupuestos servicios de ayuda a domicilio además de atender con sus trabajadores sociales de atención primaria, a los ciudadanos en el momento de acceso a los servicios sociales. Para estos ayuntamientos la Ley ha supuesto un aumento de costes, ya que por un lado el trabajo de los trabajadores sociales se ha visto incrementado considerablemente y por otro, han seguido prestando la ayuda a domicilio.

Por supuesto que los ayuntamientos han recibido dinero para prestar los servicios, pero esta financiación ha sido muy inferior al amento generado por la aplicación de la Ley.

Si unimos esto a la situación de crisis, con la bajada de recaudación de las arcas locales y la necesidad de equilibrar los presupuestos vemos que a muchos ayuntamientos les quedan dos opciones.  Seguir contratando el servicio de SAD a empresas sin saber cuándo podrán pagarles por el trabajo prestado o rescindir el contrato y no renovarlo.  El Ayuntamiento de Benidorm a hecho lo segundo.

Veamos un poco más en detalle lo que supone la medida:  Dice la noticia que se dejan de atender 250 personas de las que 46 son "grandes dependientes".  Cuando la concejal del ramo justifica la medida dice una frase que no tiene desperdicio estas personas recibían una atención "máxima de dos horas diarias", por lo que "tienen otros recursos" adicionales y propios, como "personas que las atienden a lo largo de todo el día". Si se puede, se sacará una línea de subvenciones" dirigida a estas personas con mayor grado de dependencia. O sea, que, tal como venimos diciendo algunos desde hace años, la Ley de Dependencia hace que una persona con una gran dependencia, si recibe servicio de residencia, necesite un equipamiento especializado con un equipo interdisciplinar  y un programa de atención, pero si se queda en casa, con dos horas al día de SAD tiene suficiente y, si ni siquiera  se quiere dar eso, pues una subvención (suponemos que la concejala se refiere a la prestación económica para el cuidador no profesional).  Como música de fondo de la frase de la concejal podemos intuir los bramidos de la gemela siniestra: el desinterés total por lo que debería ser importante (que los dependientes reciban una atención profesionalizada y de calidad) y la única importancia de la estadística y el número.

Por supuesto que, detrás de todo esto hay también batalla política.  En Benidorm gobierna el PSOE y en la Comunidad Valenciana el PP.  El PSOE nacional siempre ha cargado contra el PP Valenciano por la forma de aplicar la Ley de Dependencia por eso, la reacción del PP en Benidorm está siendo dura.  Sólo hace falta leer unas palabras de un concejal del PP para ver la dureza:  el alcalde ya no sólo chulea a la oposición, sino que también pretende chulear a los beneficiarios de este programa y a las empleadas.


Al final, los protagonistas visibles de la historia son 250 dependientes que no recibirán el SAD (o sea que revisarán su PIA y solicitarán acogerse a la prestación económica para el cuidador no profesional) y los 50 empleados de la empresa que se han quedado sin trabajo.

Los protagonistas invisibles son los dependientes de Benidorm que optaron desde el principio por la prestación económica "excepecional".  ¿Cuántos son? No lo sé.

Me permito recomendar a los concejales del PP que bajen el nivel de la crítica ya que dentro de poco les tocará a ellos redactar el certificado de defunción de la Ley de Dependencia y lo que hoy pasa en Benidorm, pasará quizás en otros lugares, siendo ellos los que tomen la decisión y los socialistas los que les critiquen.

Si queremos sacar algo positivo de todo esto, podríamos ir pensando en el futuro, en una nueva Ley de Dependencia que concentre las ayudas universales únicamente para los grandes dependientes y que las concentre en servicios profesionalizados.  En ese caso, quizás en Benidorm, no se estaría prestando servicio de SAD a 250 personas (con un máximo de 2 horas diarias) sino a los 50 que de verdad son grandes dependientes pero recibiendo 5 horas cada uno.  

Pronto éste será uno de los temas de debate.  Vayámonos preparando.

jueves, 1 de diciembre de 2011

LA SANGRÍA DE LAS RESIDENCIAS PÚBLICAS

Hace ahora dos años aparecieron en los medios de comunicación noticias que permitían intuír cuánto le cuesta a una administración prestar el servicio de residencia asistida a personas mayores dependientes en un centro gestionado por la propia administración.  Entonces escribí un texto pero no lo puse en el blog.

Ahora que llega el momento de racionalizarlo todo y de intentar llegar al máximo número de dependientes con el mínimo coste posible se tendrán que replantear muchas cosas.  Os invito a leer lo siguiente (aunque tenga datos de hace dos años) y digáis vuestra opinión.

Es indiscutible que las administraciones han de garantizar que existan plazas residenciales de calidad para personas dependientes lo que puede ser cuestionado es el modelo de gestión de las residencias en las que vivirán los beneficiarios de servicios y prestaciones públicas.

En un principio se optó por construir y gestionar directamente las residencias desde las propias administraciones. Con el tiempo los gobernantes han ido optando por modelos que hacen participar la iniciativa privada (gestión privada de residencias públicas, concierto, cheques..). El problema es que, cada vez que se opta por esos modelos alguien se queja de la "privatización" incidiendo en que cuando ésta se produce se rebaja la calidad y las condiciones laborales de los trabajadores.

Desde Inforesidencias.com siempre hemos defendido que alguien con una autoridad técnica y moral indiscutible debería hacer un estudio comparando el coste y el resultado de los servicios prestados en las diferentes modalidades de forma que pudíeramos saber qué cuesta cada modelo y si existen justificaciones para las diferencias.

Hasta que este estudio se produzca sólo podemos tener indicios parciales que nos permitan adivinar por dónde van las cosas.

En el Heraldo de Soria de 28 de diciembre de 2009 vemos que la Diputación de esa provincia se gasta una cuarta parte de su prespuesto en servicios sociales en mantener 350 plazas en 5 residencias.

Las cinco residencias de ancianos dependientes de la Diputación Provincial de Soria siguen siendo el gran 'lastre' de las cuentas del organismo provincial. La gestión y mantenimiento (incluido el personal) de los centros de mayores de Ágreda, El Royo, El Burgo de Osma y Navaleno se 'comen' más del 25% (exactamente el 25,29%) del presupuesto de la Diputación para 2009.
De los 66,9 millones de euros previstos para el próximo ejercicio, 16,8 millones irán directamente a las residencias de ancianos: 8,3 millones para personal y 8,5 millones para gastos directos de mantenimiento.
Los datos suponen un recorte importante respecto de 2008, cuando la Diputación gestionaba seis centros de mayores en la provincia. El cambio de titularidad de Virgen del Rivero de San Esteban de Gormaz, que ha pasado a manos de la Junta de Castilla y León, ha permitido liberar al organismo provincial de 4,8 millones de euros, ya que en 2008 el gasto destinado a residencias superaba los 22 millones de euros.
A pesar de ello, es preciso puntualizar que este centro era el único que no representaba pérdidas para la Diputación el año pasado, ya que la Junta asumía el coste de mantenimiento de la residencia a través de una ayuda directa al organismo provincial.
Teniendo en cuenta que 25 de cada 100 euros de la Diputación van directamente a residencias sin posibilidad de negociación alguna, es evidente que la partida destinada a este fin representa un importante 'lastre' para la Corporación, que ve claramente limitados sus proyectos e inversiones por esta situación. Además, esta problemática representa el tendón de Aquiles al que siempre acude la oposición para reclamar al organismo una gestión más dinámica.


De las cinco residencias que gestiona la Diputación, la de San José, en El Burgo de Osma, es sin duda la más deficitaria. Se come el 8,8% del presupuesto total de la Diputación, casi seis millones de euros (5.910.000 euros). De éstos, 2,9 son gastos de mantenimiento y tres millones son gastos de personal, con 84 empleados.

Si sacamos la calculadora veremos que cada una de las 350 plazas le cuesta a la Diputación 4.000 Euros al mes y que cada empleado de la residencia San José tiene un coste mensual de casi 3.000 Euros.

Pongamos que, en vez de optar por la gestión pública se optase por contratar empresas para gestionar las residencias o, directamente por concertar plazas. Es muy posible que por 1.800 Euros/mes, encontrásemos mas de una y más de dos empresas dispuestas a construir y gestionar centros. Pues bien, en ese caso, en vez de dar atención a 350 personas, con el mismo dinero se llegaría a las 777.

¿Hay algún motivo que haga más conveniente el sistema de gestión pública a pesar del mayor coste? Nadie debería decir sí o no sin pruebas. ¿NO sería ya el momento de buscarlas?

Aquí puedes saber más sobre residencias de la tercera edad en Soria.