Después de años diciendo que la Ley de la Dependencia era insostenible, que los datos de base (el Libro Blanco de la Dependencia) no parecían correctos, que era imposible que triunfase si para hacerlo dependía de un acuerdo anual entre el Estado y cada comunidad autónoma, y muchas otras cosas. Ahora que los hechos parecen darme la razón me entristece no haberme equivocado.
La reforma de la Ley del pasado mes de Julio, que muchos han dicho que la mataba no pasa de ser un intento por maquillar el cadáver. Y eso es aún más triste.
Los datos que va publicando el Sistema de la Dependencia parecen incontestables. Los de Septiembre han reflejado 4.801 beneficiarios menos que el mes anterior, 4.354 solicitudes y 7.953 dictámenes menos, 4.459 grandes dependientes y 2.298 graves dependientes menos que en los dictámenes del mes anterior o 6.188 prestaciones y servicios menos, algo que ha hecho decir al presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que la Ley muere de inanición y que, ante esta situación sólo caben dos valoraciones posibles: o se
trata de una demolición cruel y calculada de la Ley de dependencia o bien se ha
cometido una torpeza de tal calibre que exigiría la dimisión de más de un responsable
ministerial.
Pero, ¿son realmente esas las dos únicas explicaciones a lo que sucede? El gobierno no parece resignado a a aceptar que la Ley haya muerto o que ellos la estén estrangulando. Por eso, en vez de fijarse en si los números han bajado en el último mes prefieren ver el vaso medio lleno al decir que De enero a septiembre de 2012, las solicitudes han aumentado en más de 21.000 y las resoluciones de valoración se han incrementado en más de 27.000. “Además, a 1 de septiembre, y con respecto al 1 de enero, hay 43.000 beneficiarios más y menos personas en lista de espera. Por tanto, el Sistema sigue incorporando dependientes e incrementando resoluciones y beneficiarios. El Sistema está vivo y, aunque los dependientes moderados no se incorporarán hasta 2015, confío en que la situación económica prospere”.
No cabe duda que al tomar la decisión de recortar la Ley de Dependencia el gobierno debió prever que habría contestación pero, ¿Fue una decisión adecuada en su contexto? Está claro que para muchas personas y para la Asociación de Directoras fue una decisión, por lo menos equivocada. Parece como si se hubiese decidido quitar el dinero de la dependencia para dárselo a los bancos. Pero de nuevo aquí hay otra posible explicación. El gobierno defiende que, cuando ellos llegaron “Las Administraciones habían gastado 2.700 millones de euros más de lo estimado; había 400.000 dependientes más de los previstos, de ellos 225.000 grandes dependientes; y la deuda a la Seguridad Social por los cuidadores en el entorno familiar ascendía a más de 1.000 millones de euros”. Como consecuencia, actualmente hay más de 300.000 personas que están a la espera de recibir servicio o prestación.
O sea que, si les creemos, ni siquiera están sacando el dinero de la Dependencia para gastarlo en otra cosa, sino que, sencillamente han reformado la Ley para que ésta deje de generar deuda o para que la genere en menor medida.
Las dos preguntas claves son ¿Podría haberse mantenido la Ley tal como estaba? y ¿Serán suficiente la reforma introducida para mantenerla en el tiempo?
Entiendo que, desde la perspectiva de algunos familiares de dependientes que están cobrando la prestación económica, aunque sea en su versión reducida, y que están viviendo una situación económica muy difícil, la opción de continuar recibiendo, aunque sean 200 euros al mes (más la pensión íntegra del mayor) y tener al dependiente en casa continuará siendo preferible a un servicio profesional sometido a copago. Pero continuo pensando que la Ley tiene por función garantizar que las personas dependientes reciban servicios de calidad que les permitan mantener la máxima autonomía durante el mayor tiempo posible. Hoy en día las prestaciones económicas para el cuidado familiar siguen suponiendo el 45% del total (el 68% en Baleares y el 60% en Cataluña). Por eso, existe un tramo enorme para aumentar las atenciones profesionales.
En poco tiempo hemos oído a la Fundación Iniciativas diciendo que la atención a la dependencia podría crear 600.000 puestos de trabajo o al Presidente de la FED hablando de la obligación ética de atender a los Dependientes con atención profesional y evitar que se hunda todo un sector. En ambos casos la clave la centran en que los ahorros que generen las medidas tomadas sobre la Ley sean reinvertidos en la atención a los dependientes.
Si oímos lo que dice el secretario de Estado, "Ahorrar en dependencia para invertir en dependencia". Parece que la cosa podría ir en el buen camino pero, cuando se leen las previsiones sobre cómo serán los próximos presupuestos las incógnitas vuelven a aparecer.
Espero que el Presidente del Gobierno lea esta frase aparecida en una noticia en el Diario el Pais refiriéndose al estudio de la Fundación Iniciativas
La Ley de Dependencia podría crear más de 600.000 empleos antes de 2015 "No hay otro sector donde se pueda conseguir un crecimiento tan rápido y con tan poca inversión" asegura Ángel Rodríguez Castedo, uno de los autores del estudio. El documento arguye que se puede conseguir hasta 300.000 empleos en un año con una inversión de 6.000 millones de euros al año, una cifra que consideran poca, comparada "por ejemplo con los más de 34.000 millones destinados a financiar Bankia"
viernes, 28 de septiembre de 2012
miércoles, 26 de septiembre de 2012
UN SISTEMA ESTABLE Y SOSTENIBLE
Justo antes del verano tuve la ocasión de asistir en la misma semana a la inauguración de una residencia de mayores con presencia del Presidente de la Generalitat, a una conferencia del conseller Cleries y me tocó impartir una charla sobre la situación de la acreditación de residencias en Cataluña.
Han pasado tres meses y la sensación que tengo es que hemos "encapsulado" el discurso de forma que, debido a que aquí la administración no ha publicado su decreto de acreditación, todo lo que dijeron las autoridades y yo mismo podría decirse, sin cambiar una coma, hoy mismo, hace seis meses o dos años. Ahora la situación económica es peor, la administración debe un mes a los centros concertados pero las palabras sobre el marco de relación entre la administración y el sector son las mismas
La Generalitat tendría que haber aprobado su decreto de acreditación de residencias hace cuatro años y sigue sin hacerlo. Ahora, con unas elecciones convocadas para el 25 de noviembre el horizonte se ha alejado considerablemente pero ya antes del verano me hizo gracia escuchar a Josep Lluís Cleries, a quien aprecio, decir que no era necesario esperar a nadie más para que Cataluña saque adelante su decreto de acreditación y que, en uso de su competencia exclusiva en materia de servicios sociales lo haría. Yo pensé "¿por qué lo dice? Lleva casi un año en el gobierno y, si hubiese querido lo habría hecho ya tres veces. En vez de decirlo, ¿por qué no lo hace?".
La respuesta la obtuve en ese mismo acto. Se trataba de a presentación de la propuesta de acreditación que elaboró Antares Consulting por encargo de la Fundación Edad y Vida. Una propuesta que, tras analizar los modelos inglés, francés, sueco y el sociosanitario de Cataluña, recomienda crear un sistema, no puramente de acreditación sino de clasificación. La base del mismo es que no son necesarios los mismos requisitos de acreditación para cuidar a una persona con gran dependencia que a un dependiente moderado. Por ese motivo, la propuesta propugna que se establezcan tres niveles de forma que algunas residencias geriátricas asistidas podrían acoger sólo a usuarios de baja dependencia y algunas otras a los de alta. El sistema prevé un plazo de adecuación de forma que todas las residencias que se pudieran y quisieron adaptar tuviesen tiempo para hacerlo.
Como en casi todos los actos a los que asisto, lo más interesante estuvo en los "corrillos del café".
Nadie puede atacar el estudio desde su vertiente técnica pero algunos me dijeron que veían que, si se adoptase, supondría en la práctica que casi nadie querría ir a las residencias acreditadas "de nivel bajo". La reflexión es obvia, ¿por qué ingresar en esta residencia durante un tiempo si después tendré que cambiar una o dos veces a centros más especializados? Mejor entro directamente en una de "alta dependencia" que me cobre mi módulo de "baja dependencia".
No sorprenderá a nadie que la mayoría de los asistentes al acto de presentación, muchos de ellos responsables o propietarios de residencias, mirasen la propuesta exclusivamente en primera persona: ¿Cómo me afecta esto a mí?
Las residencias que llevan más de quince años abiertas, sea cual sea su tamaño, y las que tengan menos de 50 plazas, sea cual sea el año de apertura, tendrían serias dificultades para ser clasificadas como de alta dependencia. Por un lado por los requisitos arquitectónicos y por otro porque hace falta una cierta "masa crítica" para que los modelos de gestión sean eficientes.
Por eso, detrás de una propuesta, en apariencia neutra, se esconde una apuesta clara por un modelo de sector de atención a mayores.
Un modelo basado en una acreditación de un único escalón en la que todos los centros acreditados se entienden preparados para poder dar atención a todo tipo de residentes a igual precio puede llevar a la existencia de un sector con residencias de diferentes tamaños y tipos. En ese sistema no existe un incentivo para la especialización ni para atender los casos más complicados. Las empresas que han hecho grandes inversiones en la creación de grupos asistenciales pueden ver que se enfrentan a una competencia que tienen gastos inferiores a los suyos. A la administración un sistema de un único escalón con un sector atomizado le puede interesar para reducir costes y "mantener a raya" a un sector a veces díscolo.
En definitiva, que el gobierno se encuentra ante una disyuntiva y tiene que tomar una decisión. Debe tener en cuenta que la opción que tome sea sostenible, que se pueda aplicar equitativamente y, algo que a veces se olvida, debe considerar qué quieren los usuarios y cuánto están dispuestos a pagar por obtenerlo.
Sea como sea necesitamos de un sistema. No de una interinidad permanente. Algo estable, que pueda durar quince o veinte años y que permita a los que puedan adaptarse a él hacerlo y a los que no, una salida no traumática.
Empecé a escribir esto antes de la convocatoria de las elecciones/plebiscito del 25 de Noviembre y ahora, mientras lo repasaba no hacía más que pensar que, dada la situación, el gobierno que salga de las urnas no tendrá ni entre sus trescientas primeras prioridades el redactar el decreto de acreditación y el sistema estable y sostenible del que hablo. De todas formas, soñar es gratis.
Han pasado tres meses y la sensación que tengo es que hemos "encapsulado" el discurso de forma que, debido a que aquí la administración no ha publicado su decreto de acreditación, todo lo que dijeron las autoridades y yo mismo podría decirse, sin cambiar una coma, hoy mismo, hace seis meses o dos años. Ahora la situación económica es peor, la administración debe un mes a los centros concertados pero las palabras sobre el marco de relación entre la administración y el sector son las mismas
La Generalitat tendría que haber aprobado su decreto de acreditación de residencias hace cuatro años y sigue sin hacerlo. Ahora, con unas elecciones convocadas para el 25 de noviembre el horizonte se ha alejado considerablemente pero ya antes del verano me hizo gracia escuchar a Josep Lluís Cleries, a quien aprecio, decir que no era necesario esperar a nadie más para que Cataluña saque adelante su decreto de acreditación y que, en uso de su competencia exclusiva en materia de servicios sociales lo haría. Yo pensé "¿por qué lo dice? Lleva casi un año en el gobierno y, si hubiese querido lo habría hecho ya tres veces. En vez de decirlo, ¿por qué no lo hace?".
La respuesta la obtuve en ese mismo acto. Se trataba de a presentación de la propuesta de acreditación que elaboró Antares Consulting por encargo de la Fundación Edad y Vida. Una propuesta que, tras analizar los modelos inglés, francés, sueco y el sociosanitario de Cataluña, recomienda crear un sistema, no puramente de acreditación sino de clasificación. La base del mismo es que no son necesarios los mismos requisitos de acreditación para cuidar a una persona con gran dependencia que a un dependiente moderado. Por ese motivo, la propuesta propugna que se establezcan tres niveles de forma que algunas residencias geriátricas asistidas podrían acoger sólo a usuarios de baja dependencia y algunas otras a los de alta. El sistema prevé un plazo de adecuación de forma que todas las residencias que se pudieran y quisieron adaptar tuviesen tiempo para hacerlo.
Como en casi todos los actos a los que asisto, lo más interesante estuvo en los "corrillos del café".
Nadie puede atacar el estudio desde su vertiente técnica pero algunos me dijeron que veían que, si se adoptase, supondría en la práctica que casi nadie querría ir a las residencias acreditadas "de nivel bajo". La reflexión es obvia, ¿por qué ingresar en esta residencia durante un tiempo si después tendré que cambiar una o dos veces a centros más especializados? Mejor entro directamente en una de "alta dependencia" que me cobre mi módulo de "baja dependencia".
No sorprenderá a nadie que la mayoría de los asistentes al acto de presentación, muchos de ellos responsables o propietarios de residencias, mirasen la propuesta exclusivamente en primera persona: ¿Cómo me afecta esto a mí?
Las residencias que llevan más de quince años abiertas, sea cual sea su tamaño, y las que tengan menos de 50 plazas, sea cual sea el año de apertura, tendrían serias dificultades para ser clasificadas como de alta dependencia. Por un lado por los requisitos arquitectónicos y por otro porque hace falta una cierta "masa crítica" para que los modelos de gestión sean eficientes.
Por eso, detrás de una propuesta, en apariencia neutra, se esconde una apuesta clara por un modelo de sector de atención a mayores.
Un modelo basado en una acreditación de un único escalón en la que todos los centros acreditados se entienden preparados para poder dar atención a todo tipo de residentes a igual precio puede llevar a la existencia de un sector con residencias de diferentes tamaños y tipos. En ese sistema no existe un incentivo para la especialización ni para atender los casos más complicados. Las empresas que han hecho grandes inversiones en la creación de grupos asistenciales pueden ver que se enfrentan a una competencia que tienen gastos inferiores a los suyos. A la administración un sistema de un único escalón con un sector atomizado le puede interesar para reducir costes y "mantener a raya" a un sector a veces díscolo.
En definitiva, que el gobierno se encuentra ante una disyuntiva y tiene que tomar una decisión. Debe tener en cuenta que la opción que tome sea sostenible, que se pueda aplicar equitativamente y, algo que a veces se olvida, debe considerar qué quieren los usuarios y cuánto están dispuestos a pagar por obtenerlo.
Sea como sea necesitamos de un sistema. No de una interinidad permanente. Algo estable, que pueda durar quince o veinte años y que permita a los que puedan adaptarse a él hacerlo y a los que no, una salida no traumática.
Empecé a escribir esto antes de la convocatoria de las elecciones/plebiscito del 25 de Noviembre y ahora, mientras lo repasaba no hacía más que pensar que, dada la situación, el gobierno que salga de las urnas no tendrá ni entre sus trescientas primeras prioridades el redactar el decreto de acreditación y el sistema estable y sostenible del que hablo. De todas formas, soñar es gratis.
lunes, 10 de septiembre de 2012
LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Hace poco escribí en el blog algunas entradas en las que defendía que la idea de recortar el Estado no era una opción sino una necesidad ("Paso adelante, paso atrás" o "Quizás es que había que hacerlo").
Como hay gente a la que respeto mucho que piensan de otra forma y lo exponen de forma clara, creo que es un buen momento para leer el manifiesto que han redactado desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales:
Han recortado las prestaciones de la Ley de Dependencia. Han recortado el presupuesto destinado a las prestaciones sociales básicas de los servicios sociales. Han eliminado la universalidad en la sanidad. Han eliminado las ayudas a los comedores escolares y a los libros. Han recortado las prestaciones económicas mínimas a los desempleados. Han recortado en ciudadanía. ¿Hace falta más para movilizarse? Tal vez sí. Darle la vuelta a las frases que machaconamente tratan de impedir que veamos la realidad tal cual es. Por eso nos vamos a manifestar para decirles esto:
Tenemos que tomar decisiones difíciles. Pero no es difícil tomar las decisiones que favorecen a los poderosos y a las grandes corporaciones. Lo difícil ahora es tomar decisiones que favorezcan al pueblo, a la gente que estáis obligados a proteger. Tomad decisiones difíciles y gobernad para los españoles y no para los mercados financieros.
Contra lo que dice vuestro mensaje oficial no hemos gastado por encima de nuestras posibilidades, hemos gastado por encima de las necesidades de enriquecimiento del 1% de la humanidad que es el que controla los mercados financieros. No hemos gastado por encima de nuestras posibilidades sino por encima de las necesidades de la ideología que cree en los dogmas de la nueva economía No hemos gastado por encima de nuestras posibilidades sino por encima de los intereses de las grandes corporaciones privadas mundiales que quieren un pedazo más grande del pastel.
No sabemos cómo tenéis la vergüenza de decirnos que tenemos que volver a la cultura del esfuerzo. ¿Creéis que es fácil llegar a fin de mes con 400€? ¿Creéis que es fácil dar de comer a tu hijo, pagar los libros, pagar la casa, la luz, con el salario mínimo? ¿Creéis que se puede defender a tu familia con la pensión mínima? No tenéis ni idea.
Es cierto que no puede haber de todo, para todos y gratis. No nos podemos permitir el lujo de mantener a esos explotadores, a esos banqueros que se ríen en nuestra cara y nos echan de nuestras casas, ni podemos manteneros a vosotros como sus fieles sirvientes. No tenemos dinero para pagar las pérdidas que ha generado la irresponsabilidad de los banqueros
Por eso tenemos que hacer nuestros deberes, que no son los que dicta el FMI, ni el BCE, sino los que dicta nuestra conciencia cívica. Esto es luchar para impedir que se impongan los intereses de los privilegiados a costa de la mayoría de la población. Tenemos que hacer nuestros deberes y poner en el centro de las políticas a las personas y no los intereses mercantiles. Tenemos que hacer nuestros deberes y demostrar que el ser humano no se mueve exclusivamente por el máximo beneficio económico. Tenemos que hacer nuestros deberes y honrar a los millones de seres humanos que han luchado y en muchos casos dado su vida para llegar hasta donde estamos.
No hay alternativa. Nosotros no tenemos más que una alternativa. Tenéis razón, defender nuestros derechos y el modelo social por el que hemos trabajado, con esfuerzo, duramente, con nuestra vida. Vosotros tenéis dos. Servir al pueblo o al dinero. Ya vemos qué habéis decidido, por eso os vais a encontrar con nosotros.
No queremos ser súbditos en un mundo gobernado por el interés de unos pocos, queremos ser ciudadanos de una patria grande en la que caben todos y en la que es un insulto pensar siquiera que alguien pueda quedarse atrás.
Como hay gente a la que respeto mucho que piensan de otra forma y lo exponen de forma clara, creo que es un buen momento para leer el manifiesto que han redactado desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales:
LLAMAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA MANIFESTACIÓN DEL 15-S EN MADRID (Marea Naranja)
Tenemos que tomar decisiones difíciles. Pero no es difícil tomar las decisiones que favorecen a los poderosos y a las grandes corporaciones. Lo difícil ahora es tomar decisiones que favorezcan al pueblo, a la gente que estáis obligados a proteger. Tomad decisiones difíciles y gobernad para los españoles y no para los mercados financieros.
Contra lo que dice vuestro mensaje oficial no hemos gastado por encima de nuestras posibilidades, hemos gastado por encima de las necesidades de enriquecimiento del 1% de la humanidad que es el que controla los mercados financieros. No hemos gastado por encima de nuestras posibilidades sino por encima de las necesidades de la ideología que cree en los dogmas de la nueva economía No hemos gastado por encima de nuestras posibilidades sino por encima de los intereses de las grandes corporaciones privadas mundiales que quieren un pedazo más grande del pastel.
No sabemos cómo tenéis la vergüenza de decirnos que tenemos que volver a la cultura del esfuerzo. ¿Creéis que es fácil llegar a fin de mes con 400€? ¿Creéis que es fácil dar de comer a tu hijo, pagar los libros, pagar la casa, la luz, con el salario mínimo? ¿Creéis que se puede defender a tu familia con la pensión mínima? No tenéis ni idea.
Es cierto que no puede haber de todo, para todos y gratis. No nos podemos permitir el lujo de mantener a esos explotadores, a esos banqueros que se ríen en nuestra cara y nos echan de nuestras casas, ni podemos manteneros a vosotros como sus fieles sirvientes. No tenemos dinero para pagar las pérdidas que ha generado la irresponsabilidad de los banqueros
Por eso tenemos que hacer nuestros deberes, que no son los que dicta el FMI, ni el BCE, sino los que dicta nuestra conciencia cívica. Esto es luchar para impedir que se impongan los intereses de los privilegiados a costa de la mayoría de la población. Tenemos que hacer nuestros deberes y poner en el centro de las políticas a las personas y no los intereses mercantiles. Tenemos que hacer nuestros deberes y demostrar que el ser humano no se mueve exclusivamente por el máximo beneficio económico. Tenemos que hacer nuestros deberes y honrar a los millones de seres humanos que han luchado y en muchos casos dado su vida para llegar hasta donde estamos.
No hay alternativa. Nosotros no tenemos más que una alternativa. Tenéis razón, defender nuestros derechos y el modelo social por el que hemos trabajado, con esfuerzo, duramente, con nuestra vida. Vosotros tenéis dos. Servir al pueblo o al dinero. Ya vemos qué habéis decidido, por eso os vais a encontrar con nosotros.
No queremos ser súbditos en un mundo gobernado por el interés de unos pocos, queremos ser ciudadanos de una patria grande en la que caben todos y en la que es un insulto pensar siquiera que alguien pueda quedarse atrás.
Creo que hace falta tener en cuenta estos argumentos a la hora de defender o no la política de austeridad. Pero, por mucho que me resulten atractivos en el plano de las ideas, cuando vuelvo al terrible mundo de la realidad, veo que, el abanderado de la "no austeridad", el Presidente Holland, ese que parecía que arreglaría el problema quitando los coches oficiales y bajando los "megasueldos semipúblicos", acaba de anunciar un tijeretazo de 30.000 millones de Euros, acompañado de un impuesto sin excepciones del 75% a quienes ingresen más de un millón de euros al año y de una inminente reforma laboral. ¿Reacciones? Es el presidente Francés que de forma más rápida a ha bajado su popularidad (casi como Mariano Rajoy en España) y el hombre más rico de Francia, Bernard Arnalud, ha pedido la nacionalidad belga. ¿Quiere esto decir que ni la gente ni los más ricos están contentos?
Hay frases en el Manifiesto de la Asociación de Directores (luchar para impedir que se impongan los intereses de los privilegiados a costa de la mayoría de la población o No nos podemos permitir el lujo de mantener a esos explotadores, a esos banqueros que se ríen en nuestra cara y nos echan de nuestras casas) que me recuerdan la frase de Hollande durante su campaña electoral "Mi verdadero adversario no tiene nombre, ni rostro, ni partido. No presentará nunca su candidatura y, sin embargo, nos gobierna. Es el mundo de las finanzas".
Creo que el demonio vive en los detalles y me gustaría saber cuál sería otra forma concreta de intentar salir de la crisis. Hay que potenciar el debate y el planteamiento de ideas por que volverá ha haber elecciones en algún momento y sólo si estamos informados, a lo que ayudaría mucho que los partidos se volviesen más sinceros, podremos elegir la opción que consideremos adecuada.
martes, 4 de septiembre de 2012
PASO ADELANTE, PASO ATRÁS
La ventaja de tener amigos extranjeros es que tienes ocasión de intercambiar puntos de vista con personas contaminadas por otro contexto y medios de comunicación. El inconveniente es que últimamente, las preguntas y comentarios que me hacen sobre España me hacen sonrojar.
En poco tiempo he podido habla con un francés, un sueco y una holandesa y, todavía no se me ha bajado el carmesí de las mejillas.
Es cierto que el gobierno está tomando medidas impopulares, y en algunos casos, según mi opinión, equivocadas. Pero lo que es más cierto es que aquéllo a lo que nos habíamos acostumbrado como país lo estábamos pagando con dinero prestado que ya no nos quieren dejar. Encima habíamos llegado, en algunos puntos a situaciones en las que teníamos condiciones más favorables que aquéllos a los que les pedimos dinero. A los ojos de un alemán, un holandés o un finlandés, es como si un vecino le pide dinero a otro para pagar la cuota en el club de golf o las clases de hípica del hijo.
Me explico. Resulta que el hecho de que la atención sanitaria sea totalmente gratuita para todos (exceptuando el copago farmacéutico), es algo que no existe ni en Suecia, ni en Alemania ni en ninguno de nuestros países acreedores. De hecho lo saben tan bien que algunos norteños han venido a España a operarse gratis de intervenciones por las que en sus casas tendrían que haber pagado. Que una persona se pueda empadronar sin ningún requisito y acceder automáticamente a la sanidad y educación de forma gratuita, existe en muy pocos países, fuera de España. Que el servicio de ayuda a domicilio se siga prestando de forma totalmente gratuita para todos, como en algunos ayuntamientos es también bastante extraño en el contexto europeo.
Sigamos imaginando. Ahora somos un eurofuncionario alemán que llega a Madrid o Barcelona para una reunión. Lo primero que encuentra es, en ambos casos, un aeropuerto que es mucho más lujoso y aparente que cualquiera de los que ha dejado en su país. Según un conocido alemán, "el aeropuerto de Barcelona parece más propio de un Emirato que de un país que no puede pagar sus deudas" (cuando me lo dijo pensé, ¡Pues si llega a ver el de Madrid!).
Podría seguir, yo o cualquiera que tenga ojos, relatando la lista de despilfarros en forma de aeropuertos fantasma, vías muertas y palacios de congresos vacíos.
Si lo vemos desde la perspectiva española siempre podemos decir, "No es culpa mía, que paguen los culpables". Si lo vemos desde la perspectiva de aquéllos a los que seguimos pidiendo dinero, la distinción entre culpables e inocentes no se ve tan clara. Un empleado de oficina de Helsinki que haya visitado este verano España puede preguntarse: ¿Cuántos se opusieron a la construcción del aeropuerto de Ciudad Real, Castellón o Lleida? ¿Cuántos dijeron que era ridículo que cada capital de provincia tuviese un palacio de congresos que apenas se ocupa veinte días al año y siempre genera pérdidas? ¿Cuántos votantes tenían los partidos que se opusieron a la construcción de la red de alta velocidad? ¿Quien se ha opuesto, en todos estos años, a la gratuidad total de la sanidad para todos (incluso para los que sin duda podrían haber pagado algo sin notarlo)? ¿Quién se ha movilizado hasta ahora para que haya menos ayuntamientos? ¿Quién se quejó cuando durante tres años se dio el cheque bebé de 2.500 euros a todo aquél que tuvo un hijo, aunque ganase un millón de euros al año? ¿Quién dijo que la Ley de Dependencia no se podía pagar por lo que no se tenía que haber puesto en marcha de una forma tan precipitada? ¿Quién se quejó porque los bancos diesen hipotecas por el 110% del valor de tasación o porque los tasadores "siempre acertasen"?
¿Cuál es la respuesta correcta a estas preguntas?, Da igual. La respuesta, percibida por un finlandés, nos convierte en culpables a todos. Y esa es la respuesta que marcará nuestro futuro próximo.
Tenemos que convencer a nuestros vecinos del norte de que hemos cambiado. Ahora somos austeros, nos vamos a subir los impuestos, vamos a recortar servicios, vamos a adelgazar aunque nos lleve a la recesión. Pero ¿qué ve el norteño? Que, dejando a un lado la contestación en la calle, cuando se plantea que los inmigrantes irregulares tengan que pagar por recibir servicios no urgentes, varias comunidades dicen que no lo aceptan. Que cuando se plantea recortar los derechos que estableció la Ley de Dependencia, pasa tres cuartos de lo mismo.
La imagen que damos es la de alguien que da un paso adelante y otro atrás (a veces al mismo tiempo). Sólo hay que abrir el periódico para verlo. El día 3 de Septiembre en el Comercio leo «Es un logro que en Asturias no se pare la Ley de la Dependencia, como sí lo harán otras comunidades, pero hace falta presupuesto». ¿Lo ha dicho Groucho Marx? No, un líder de Comisiones Obreras. (¿Quien vota por que el coche siga andando sin gasolina?, ¿Todos? Pues, camaradas, hemos resuelto el problema.)
Releo lo anterior y creo que he sido un poco cínico. Perdonen. Es fruto de la vergüenza.
En poco tiempo he podido habla con un francés, un sueco y una holandesa y, todavía no se me ha bajado el carmesí de las mejillas.
Es cierto que el gobierno está tomando medidas impopulares, y en algunos casos, según mi opinión, equivocadas. Pero lo que es más cierto es que aquéllo a lo que nos habíamos acostumbrado como país lo estábamos pagando con dinero prestado que ya no nos quieren dejar. Encima habíamos llegado, en algunos puntos a situaciones en las que teníamos condiciones más favorables que aquéllos a los que les pedimos dinero. A los ojos de un alemán, un holandés o un finlandés, es como si un vecino le pide dinero a otro para pagar la cuota en el club de golf o las clases de hípica del hijo.
Me explico. Resulta que el hecho de que la atención sanitaria sea totalmente gratuita para todos (exceptuando el copago farmacéutico), es algo que no existe ni en Suecia, ni en Alemania ni en ninguno de nuestros países acreedores. De hecho lo saben tan bien que algunos norteños han venido a España a operarse gratis de intervenciones por las que en sus casas tendrían que haber pagado. Que una persona se pueda empadronar sin ningún requisito y acceder automáticamente a la sanidad y educación de forma gratuita, existe en muy pocos países, fuera de España. Que el servicio de ayuda a domicilio se siga prestando de forma totalmente gratuita para todos, como en algunos ayuntamientos es también bastante extraño en el contexto europeo.
Sigamos imaginando. Ahora somos un eurofuncionario alemán que llega a Madrid o Barcelona para una reunión. Lo primero que encuentra es, en ambos casos, un aeropuerto que es mucho más lujoso y aparente que cualquiera de los que ha dejado en su país. Según un conocido alemán, "el aeropuerto de Barcelona parece más propio de un Emirato que de un país que no puede pagar sus deudas" (cuando me lo dijo pensé, ¡Pues si llega a ver el de Madrid!).
Podría seguir, yo o cualquiera que tenga ojos, relatando la lista de despilfarros en forma de aeropuertos fantasma, vías muertas y palacios de congresos vacíos.
Si lo vemos desde la perspectiva española siempre podemos decir, "No es culpa mía, que paguen los culpables". Si lo vemos desde la perspectiva de aquéllos a los que seguimos pidiendo dinero, la distinción entre culpables e inocentes no se ve tan clara. Un empleado de oficina de Helsinki que haya visitado este verano España puede preguntarse: ¿Cuántos se opusieron a la construcción del aeropuerto de Ciudad Real, Castellón o Lleida? ¿Cuántos dijeron que era ridículo que cada capital de provincia tuviese un palacio de congresos que apenas se ocupa veinte días al año y siempre genera pérdidas? ¿Cuántos votantes tenían los partidos que se opusieron a la construcción de la red de alta velocidad? ¿Quien se ha opuesto, en todos estos años, a la gratuidad total de la sanidad para todos (incluso para los que sin duda podrían haber pagado algo sin notarlo)? ¿Quién se ha movilizado hasta ahora para que haya menos ayuntamientos? ¿Quién se quejó cuando durante tres años se dio el cheque bebé de 2.500 euros a todo aquél que tuvo un hijo, aunque ganase un millón de euros al año? ¿Quién dijo que la Ley de Dependencia no se podía pagar por lo que no se tenía que haber puesto en marcha de una forma tan precipitada? ¿Quién se quejó porque los bancos diesen hipotecas por el 110% del valor de tasación o porque los tasadores "siempre acertasen"?
¿Cuál es la respuesta correcta a estas preguntas?, Da igual. La respuesta, percibida por un finlandés, nos convierte en culpables a todos. Y esa es la respuesta que marcará nuestro futuro próximo.
Tenemos que convencer a nuestros vecinos del norte de que hemos cambiado. Ahora somos austeros, nos vamos a subir los impuestos, vamos a recortar servicios, vamos a adelgazar aunque nos lleve a la recesión. Pero ¿qué ve el norteño? Que, dejando a un lado la contestación en la calle, cuando se plantea que los inmigrantes irregulares tengan que pagar por recibir servicios no urgentes, varias comunidades dicen que no lo aceptan. Que cuando se plantea recortar los derechos que estableció la Ley de Dependencia, pasa tres cuartos de lo mismo.
La imagen que damos es la de alguien que da un paso adelante y otro atrás (a veces al mismo tiempo). Sólo hay que abrir el periódico para verlo. El día 3 de Septiembre en el Comercio leo «Es un logro que en Asturias no se pare la Ley de la Dependencia, como sí lo harán otras comunidades, pero hace falta presupuesto». ¿Lo ha dicho Groucho Marx? No, un líder de Comisiones Obreras. (¿Quien vota por que el coche siga andando sin gasolina?, ¿Todos? Pues, camaradas, hemos resuelto el problema.)
Releo lo anterior y creo que he sido un poco cínico. Perdonen. Es fruto de la vergüenza.
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