LO QUE PODRÍA HACER LA GENERALITAT PARA AYUDAR

La Generalitat está pasando posiblemente el momento económico más difícil desde su reinstauración.  Eso es algo que nadie discute y casi todos entendemos.  Cómo hemos llegado hasta aquí y porqué no hay dinero para algunas cosas y sí para otras es harina de otro costal (además es algo que hacen aquéllos que hemos elegido y que, en democracia, podemos intentar remediar cada cuatro años).

En este contexto, que la Generalitat diga un día que no tiene dinero para pagar a los que le prestan servicios de educación ,sanidad y servicios sociales podría ser comprensible.  Pero cuando alguien sigue el proceso dese que se dice la primera vez, el 20 de julio, hasta que se acaba de concretar, el 30, ve que las cosas se enturbian un poco.

El Departamento de Salud realiza varias reuniones de alto nivel con las entidades que representan a los prestadores y, según leemos en El Periódico el sábado, encuentran in extremis la forma de poder pagar las nóminas de julio.

Sobre el atraso en el pago del concierto de educación, desde el principio quedó claro que la nómina de los profesores sí se pagaría.

O sea que la Cenicienta será servicios sociales.  Aquí no hay acuerdo in extremis ni pago de la parte de las nóminas, ni nada de nada.  Bueno sí hay algo, pagarán la parte correspondiente a las prestaciones económicas vinculadas y, supongo que también pagarán la prestación al cuidador no profesional.

Íntimamente he albergado hasta el último momento la esperanza de que ICASS iba a pagar una parte de lo que debía, más que nada como muestra de que se preocupaba por su sector, como mínimo tanto como Salud o Educación.  Pero en nuestro caso el Departamento apoyará al sector "fent costat" cuando se pida el aplazamineto de cuotas a la Seguridad Social y en la negociación de líneas de crédito para el sector.  A mí me parece un apoyo bastante escuálido.

Ya lo dije el año pasado.  El conseller habla a menudo de flexibilidad y confianza como principios en los que basar la relación entre Generalitat y sector.  ¡Qué buena ocasión habría tenido hoy el señor Cleries para poner en práctica su prédica!  Me imagino al conseller diciendo:  "Las dificultades de tesorería de la Generalitat son por todos conocidas.  Estamos pasando un momento de necesidad extraordinaria que precisa de la toma de decisiones que serán dolorosas para muchos, no obstante creemos que hay que tomarlas y es nuestra responsablidad que se cumplan.  Entre ellas, las cantidades que deberíamos pagar a finales de Julio no las podremos pagar a los centros concertados, de colaboración ni de gestión.  Esto no quiere decir en absoluto que no reconozcamos la excelente labor que se está llevando a cabo en la atención a nuestros mayores dependientes y el esfuerzo que el sector lleva haciendo desde hace años con tarifas congeladas, requisitos administrativos crecientes y unos costes que se han incrementado considerablemente.

Por eso creemos que, junto con la imposibilidad transitoria de pagar, debemos poner sobre la mesa algunas medidas de flexibilización que permitan a las empresas y entidades afrontar el golpe con posibilidades de superarlo.  Estamos abiertos a recibir propuestas de flexibilización siempre que reúnan dos requisitos: que no afecten directamente la calidad de vida de los residentes y que no supongan un aumento del gasto público.

Para empezar vamos a tomar dos medidas:

- Flexibilización de los requisitos de dedicación de profesionales en las residencias.  Así, durante los próximos 24 meses en centros concertados, colaboradores y beneficiarios de PEV se considerará únicamente la ratio exigida de atención directa e indirecta  dejando que cada centro determine los perfiles profesionales adecuados a los requisitos de atención de sus usuarios.  En estos centros se levanta la prohibición de que personal de atención directa realice funciones de atención indirecta.

- Levantamiento de actas de todas las reuniones que se lleven a cabo y difusión de las mismas.

Esto es sólo un comienzo.  Esperamos poder adoptar otras medidas que permiten facilitar el tránsito de este difícil camino.

Creo que ACRA, UPimir, La Unió y las otras patronales no tardarían ni dos días en plantear diez medidas más con los requisitos establecidos.  Estoy además seguro de que la frustración que genera la Generalitat cuando actúa cómo lo hace ahora se podría aliviar en gran medida.

El Conseller todavía está a tiempo, al fin y al cabo todavía no está escrita el acta de la reunión.

UNA CARTA DE ALGUIEN QUE ENTIENDE

Ayer, recibí un mail de un buen amigo, Josep Morera, abogado especializado en temas de atención a mayores que me llamó la atención.  Le he pedido permiso para reproducirlo y aquí va:



Hoy domingo, ante la preocupación que tenemos todos sobre la situación de impagos anunciados por el ICASS, suficientes noticias tenéis por parte de las patronales, me he parado a leer el periódico de ayer sábado y me encuentro con la noticia que os adjunto. Remarco, el diario es de ayer y la noticia es del viernes.

Parece que el sector de Sanidad puede haber solucionado el problema "transitoriamente" y que su Conselleria, vía Servicio Catalán de la Salud (equivalente a ICASS en el Departamento de Bienestar Social y Familia), se ha sentado con las patronales y encuentran soluciones , si queréis "parches" pero que solucionan, al parecer, el problema para las nóminas de julio.

Y yo me pregunto: y el sector de la dependencia, qué?. No tenemos ninguna noticia de reuniones ICASS / patronales. ¿Por qué?. Sanidad viernes ya tenía, según la prensa, repito y no en respondo de la veracidad de la noticia, soluciones para julio. Les preocupa agosto. Pero a nosotros aún nos preocupa, y mucho, en julio. Las empresas está hablando con sus empleados para transmitirles que, quizás, no les podrá pagar parte de la nómina de julio y los hospitales ya piensan en agosto. ¿Qué pasa en el sector de la dependencia?.

Ya sabemos que este sector nuestro está mucho más disperso, hay muchas más empresas y ello conlleva que afecta a muchísimo más trabajadores. Razón de más para poner manos a la obra con más fuerza y ​​exigencias.

Mañana lunes estaremos a 30 de julio y aún no tenemos claro si se cobrará parte o nada de las transferencias de ICASS. ¿Qué pasa en el sector de la dependencia?.

Aunque soy de los que tiene esperanza en que ICASS liquide al menos parte de lo que toca transferir este mes de julio, dejadme que os haya hecho estas pequeñas reflexiones, quizás sin soluciones, ya que está en otras manos encontrarlas y exigirlas.

Saludos a todos.

Josep Morera

¿QUIÉN TIENE LA CULPA DE TODO?

Siempre me han producido un poco de miedo los que encuentran una explicación sencilla a todo y los que ante cualquier problema saben identificar al "supervillano" culpable de todo.

Hoy he recibido por correo electrónico una carta, supuestamente escrita por un profesor de economía (digo "supuestamente" porque he visto que la misma carta está publicada en cientos de lugares de internet donde empezó a difundirse desde finales del año pasado) en la que se identifica claramente a los causantes de nuestro sufrimiento.

Transcribo la carta y después reflexiono un poco sobre lo que dice (o más bien sobre lo que no dice):



¿Sabéis quiénes son Lucas Papademos (actual dirigente Griego tras la dimisión de Papandreu) y Mariano Monti (ahora al frente del gobierno italiano)? 
¿Sabéis quién es Mario Draghi (actual presidente del Banco Central Europeo)?
¿Sabéis lo qué es Goldman Sachs?

Goldman Sachs: es uno de los mayores bancos de inversión mundial y co-responsable directo, junto otras entidades como la agencia de calificación Moody's, de la crisis actual, y uno de sus mayores benficiarios. Sólo a modo de pincelada, en 2007 ganaron 4 mil millones de dólares en operaciones que desembocaron en el desastre actual.

Papademos: Actual primer ministro griego, tras la dimisión Papandreu. No elegido por el pueblo.
- Ex-gobernador del Banco de la Reserva Federal de Boston entre 1993 y 1994.
- Vicepresidente del Banco Central Europeo de 2002 a 2010.
- Miembro de la Comisión Trilateral desde 1998, fundada por  Rockefeller, lobby neo-liberal (se dedican a comprar políticos a cambio de sobornarles)
- Ex-Gobernador del Banco de Central Grecia entre 1994 y  2002. Falseó las cuentas de déficit público del país con la ayuda activa de Goldman Sachs, lo que condujo en gran parte a la actual crisis que sufre el país. 

Mariano  Monti: Actual primer ministro de Italia tras la dimisión de Berlusconi. No elegido por el pueblo.
- Ex-director europeo de la Comisión Trilateral antes mencionada.
- Ex-miembro del equipo directivo del grupo Bilderberg.
- Asesor de Goldman Sachs durante el periodo en que ésta ayudó a ocultar el déficit del gobierno griego.

Mario  Draghi: Actual presidente del Banco Central Europeo, en sustitución de Jean-Claude Trichet.
- Ex-director ejecutivo del Banco Mundial entre 1985 y 1990.
- Vicepresidente por Europa de Goldman Sachs entre 2002 y 2006, periodo en que se realizó el falseo antes mencionado.

Hay que ver la cantidad de gente que trabajaba para Goldman Sachs...

Bien, qué casualidad, todos de la mano de Goldman Sachs. Los que crearon la crisis se presentan ahora como la única opción viable para salir de la misma, en lo que la prensa estadounidense está empezando a llamar "El gobierno de Goldman Sachs en Europa". 

¿Como lo hicieron?
Os lo explico:

Animaron a los inversores a invertir en productos sub-prime que sabían que era productos basura, y al mismo tiempo se dedicaron a "apostar" en bolsa por el fracaso de los mismos. Eso es solo la punta del iceberg, y está muy documentado, podéis investigarlo. Mientras leéis este e-mail se están forrando a base de especulación sobre las deudas soberanas.
Se tiende a querer hacernos pensar que la crisis ha sido una especie de resbalón, pero la realidad apunta a que detrás de élla hay una voluntad perfectamente orquestada de hacerse con el poder directo en nuestro continente, en una maniobra sin precedentes en la Europa del siglo XXI. La estrategia de los grandes bancos de inversión y agencias de calificación es una variante de otras llevadas a cabo anteriormente en otros continentes, se viene desarrollando desde el inicio de la crisis y ésta, desde mi punto de vista, está siendo la siguiente:

       1. Hundimos a los países mediante la especulación en bolsa/mercado. Los volvemos locos de miedo a lo que dirán los mercados, que nosotros controlamos, cada día.
       2. Los obligamos a recurrir a préstamos para mantenerlos en Status Quo, o "salvarlos". Estos préstamos están estrictamente calculados para que los países no los puedan pagar, como es el caso de Grecia que no podría haber cubierto su deuda ni aunque su gobierno vendiera el país entero, y no es ninguna metáfora, es matemática. 
      3. Exigimos recortes sociales y privatizaciones en detrimento de los ciudadanos, bajo la amenaza de que si los gobiernos no los llevan a cabo, los inversores se retirarán por miedo a no poder recuperar el dinero invertido en la deuda de esos países y demás inversiones.
      4. Se crea un altísimo nivel de descontento social, propicio para que el pueblo, ya sonado, acepte cualquier cosa con tal de salir de la situación.
      5. Colocamos a nuestros hombres donde mejor convenga.

Si os parece ciencia ficción, informaos: este tipo de estrategias están perfectamente documentadas y se han venido utilizando con distintas variantes a lo largo el siglo XX y  XXI en otros países, notablemente en latinoamérica por parte de los EEUU cuando se dedicaban, y se siguen dedicando en la medida que pueden, a asfixiar económicamente mediante la deuda exterior por ejemplo a países de América Central, para crear descontento social y aprovecharlo para colocar a dirigentes afines a sus intereses. 

Ahora esto está pasando en Europa, y ya no es que lo haga  EEUU, sino que lo hace la industria financiera internacional. Y lo que está ocurriendo, bajo la mirada impotente y/o cómplice de nuestros gobiernos, es el mayor robo jamás realizado en la historia de la humanidad y a escala planetaria; son golpes de estado y violaciones flagrantes de la soberanía de los estados y sus pueblos.

Es muy fácil informaros en internet. Decídselo a vuestros amigos, pasad el e-mail a cualquiera que pueda estar interesado, yo que sé. Nos están comiendo vivos... La gente tiene que saberlo.

Gracias por leerlo.

Jesús Rodríguez Barrio                                                
Profesor de Economía de la UNED

Esto es lo que yo pienso:

Siempre que hay crisis y desasosiego surgen los que buscan el complot o al archimalo responsable de todo.   Destacar “una parte de la verdad” y decir que eso lo explica todo lleva años haciéndose, lo saben bien los judíos que casi siempre han sido hechos responsables.

No te digo que lo que supuestamente dice el supuesto profesor sea falso sino que yo mismo me he endeudado más de la cuenta y he gastado más de lo que debía en tiempos de crisis. 

Si verdaderamente existiese el plan que se describe, antes del punto 1 (Hundimos a los países mediante la especulación..) debería haber un punto previo en el que los malos prestan dinero a países que mediante recursos propios no pueden alcanzar un nivel adecuado de bienestar para que creen muchas administraciones públicas, sistemas de salud, sanidad, pensiones, protección contra el paro.   Ese es el "status quo", basado en el crédito sería al que se refiere el punto 2.  O sea, los malos nos dejan probar un poco de "droga del bienestar" y después nos dicen que si queremos seguir disfrutando de ella  tenemos que pagarla.

El plan puede ser creíble, pero, y si alguien nos dijese “si todos los que de una forma u otra no han pagado el IVA (“¿lo quiere con factura o sin?”) durante estos últimos años lo hubiesen pagad ahora la crisis sería mucho menor.  “Si todos los que han trabajado “en B” alguna vez hubiesen cotizado ahora no habría el problema que hay”. Si en nuestro país no hubiese habido ningún político corrupto ahora tendríamos un sistema sostenible.   ¿Sería cierto?.    O sea, ¿La mayor parte de la causa de nuestro sufrimiento está en un grupo de especuladores más allá de nuestras fronteras o aquí mismo?  Esta pregunta es importante ya que resulta difícil enfrentarse con el "poder oscuro" pero a veces resulta aún más difícil admitir que hemos hecho las cosas mal.

Siendo prácticos, podemos plantear que si existe el megacomplot internacional para hacerse con el control de Europa, tal como han hecho con América Latina.  Lo mejor es aprender de aquéllos que han sabido resistirse y parecen haber vencido a los terribles neoliberales.   Para hacerlo sólo tendríamos que enviar una misión para pedir consejo a Hugo Chávez, Cristina Fernández o Evo Morales.  Pero, no sé si sería adecuado.

También podríamos pensar globalmente y actuar de forma local (tal como defienden los ecologistas).El mercado debe regularse de forma que los precios se ajusten según la oferta y demanda basándose en la transparencia, la competencia y relaciones de buena fe.  Por supuesto que hay que perseguir a los que alteran el tráfico económico fraudulentamente pero culpar de todo a esos “especuladores malvados” sin mirar qué ha fallado en casa me parece demasiado simplista.   ¿Quiere decir ese profesor que nosotros todo lo estábamos haciendo bien hasta que vinieron “los malos”?  ¿Era bueno acumular déficit en  tiempos de supuesta bonanza económica? ¿Era normal tener en los mejores momentos el nivel de paro que tienen otros países cuando las cosas van mal? ¿Podíamos seguir siendo el país con más quilómetros de AVE, autopistas o canales de televisión pública deficitarios, con mayor número de aeropuertos, palacios de congreso y exposiciones (todo pagado con dinero público prestado)? ¿Podíamos seguir teniendo la única sanidad con “copago asistencial cero” y un copago de medicamentos sin distinción de ingresos ?   ¿Podíamos mantener mucho tiempo más 8.114 ayuntamientos dopados con el dinero de las licencias de construcción, unos promotores que presionaban para obtener financiación y construir dónde fuese lo que fuese, unos bancos que obtenían dinero barato en el mercado interbancario y querían prestarlo a toda costa, unos tasadores que “siempre acertaban”, un gobierno encantado de su gestión y sobre todo un pueblo (entre quien me incluyo) que se animó a meterse en una hipoteca fuese como fuese?

Yo creo que un análisis de la situación como la actual debe ser algo más multidimensional.  Si nos quedamos con la explicación del supuesto profesor caeríamos seguramente en el fatalismo.  Yo soy más optimista y creo que la situación es reversible.  Como generación estamos mucho mejor que nuestros abuelos después de la guerra.

SOBRE LA NUEVA SUSPENSIÓN DE PAGO EN CATALUÑA

Desde que se ha sabido que la Generalitat de Cataluña no tiene dinero para pagar a sus proveedores de serivicos públicos de salud, educación ni servicios sociales (o que incluye en este último ámbito los conciertos, la gestión de centros, la colaboración, las  Prestaciones económicas vinculadas y las ayudas al cuidador familiar) el nerviosismo se ha extendido a la velocidad de la pólvora.

Como ya vivimos algo parecido en Septiembre de 2011 que acabó siendo menos malo que lo que anunció en un principio y como el gobierno ha dejado una brizna de optimismo al decir que, no podrá pagar salvo que encuentre en extremis la liquidez, algunos empresarios todavía albergan algo de esperanza.  Por eso estos próximos días serán fundamentales.

Como ejemplo de la percepción que tienen los gestores de servicios sociales.  Este es un mensaje que recibí el sábado:


Querido Josep, lo que no entiendo -bueno de lo poco que entiendo- es lo de salud, ¿¿cómo es que Bienestar no va a pagar nada ni de salud????  Siempre tenía entendido que la partida de las concertadas, era algo sagrado y que formaba parte de la Nómina de la Generalitat, y ahora solo nos dejan de pagar a una de esas partes de la nómina? Y los funcionarios, TODOS, no están en la misma partida? O sea a unos SI y a otros NO?


Lógicamente, hay que esperar a ver cuál es el alcance, quiero decir; si no nos pagan ahora, cuàndo nos pagaran? Será un aplazamiento con fecha o sine die? Y los próximos meses? nos pagarán o no? Que no lo sepa yo, pues mira soy, uno solo, pero que no lo sepan ellos es bastante mas grave. A partir de ahí empieza la cuenta atrás de contar las perras que tengo y hasta donde me llegan, cómo y con qué vamos a afrontar los pagos. Como decía Aitor Pérez Artexe de Gerokón, a quien dejo de pagar? http://www.alimarket.es/noticia/77721/-A-quien-dejo-de-pagar-


En nuestro caso y por la manera de entender el servicio o el negocio, siempre que ha sido posible hemos evitado las jornadas de 12 horas con semana larga y semana corta –como empresarios estamos obligados a exigir la misma calidad de servicio en la hora 11 de un trabajador que en la hora 1, pero claro como humanos y como personas que hemos hecho esa misma jornada y ese mismo trabajo, la práctica nos ha demostrado que no es posible. 


También hemos de tener en cuenta las ratios que se nos exigen, ahora bien; si van mal dadas como todo parece indicar, hemos de coger el toro por los cuernos y ahí amigo mío es donde vienen las madres mías y lo malos que hemos de ser los que estamos al frente en la primera línea, por lo que cualquier solución, o cualquier alternativa es sencillamente nefasta. Te repito que hemos de esperar a saber más cosas, pero a mí la camisa empieza a no tocarme el cuerpo y tengo que preveer –no ejecutar- como resolverlo, y como te decía, ante mejores soluciones que me propongan, cualquiera de las que me planteo es durísima, estoy dándole vueltas a: 


*** ¿Aplazo el pago de la seguridad social? 
*** ¿Aplazo el pago del IVA/Irpf –previa consulta al asesor fiscal-?
*** ¿Reduzco la plantilla? Aunque vaya en contra de mis principios haciendo jornadas de 12h., en contra de mis principios y de mis compromisos firmados con el contrato de concertación, pero si ellos –ICASS- lo incumplen, me legitiman a mi a incumplirlo?,¿ o me pueden exigir que lo cumpla?
*** ¿Aplazo o bajo el sueldo en la misma proporción que nos lo bajan a nosotros? (pero eso es terrible, es imposible vaya, una de las trabajadoras -que yo propondría para ministro de economía- vive con 1.000.-€ para tres hijos y ella cuatro y el alquiler y todos los pagos; pero si le pago 500€ no le llega ni para el alquiler.
*** ¿Pido, o acepto préstamos de las familias que nos lo ofrecieron cuando el susto de septiembre del 2011?vCualquier otra alternativa que implique la utilización de los clientes, como por ejemplo dejarlos en la puerta de Bienestar Social, en mi opinión no procede y los quiero demasiado como para no utilizarlos, no abusar de ellos ni en eso.
**** Decir a las familias que se los lleven a su casa, tampoco puedo porque los necesito para que me paguen y así poder pagar mis gastos y recuperar mi inversión.
**** ¿Resolver el contrato del concierto y pasar a ser privado?,Ni loco, tampoco es buena solución para los tiempos que corren; tengo miedo de no tener ocupación 100% siendo privado, y a veces también hay algún impago. 
*** Cerrar es lo último, porque eso es la quiebra y entonces no cobro y si no cobro no pago y hasta quizá pueda ir a la cárcel por los compromisos contraídos de pagos (hipotecas, etc. Et.). Así es que, querido amigo NO LO SE, Estoy en un inmenso mar de dudas, ya no por el dinero o los préstamos que sería lo suyo, sino por si hay alguna alternativa que no alcanzo a vislumbrar. 


¿Será la solución una comuna, de vivir con lo que nos paguen, aunque sea poco, y con eso apañárnoslas como podamos clientes, trabajadores y empresa?


Un fuerte abrazo,

EMPIEZA EL BAILE DE NÚMEROS

Dos de las medidas de recorte de la Ley de Dependencia son la reducción en un 15% de las prestaciones económicas para el cuidado no profesional en el entorno familiar y la retirada del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores.  Esta prestación es aquélla que tendría que haber sido excepcional según la Ley  pero que de verdad supone la mitad del total.  En mi opinión la medida que se adopta no tiene nada que ver con la racionalización del sistema (tendrían que haber tomado medidas para que ese tipo de prestación fuese realmente excepcional pero han optado por desincentivarla rebajando la cuantía de la prestación), sino con la necesidad de reducir el déficit público.  Lo cierto es que la cantidad que se reduce en la prestación es, más o menos  la que el Estado piensa dejar de transferir a las Comunidades Autónomas con lo que no estamos ante una "redistribución del gasto entre prestaciones económicas y de servicio" sino ante una pura reducción.  Si alguna Comunidad quiere tomar dinero de la "prestación para el cuidador no profesional" y gastarlo en servicios tendrá que aplicar un descuento adicional por encima del 15%.

Esto hay que tenerlo en cuenta ya que, si no, resulta difícil entender noticias como la aparecida hoy en El Diario de León donde se dice que la Junta ahorrará 1,4 millones al mes con la rebaja de la prestación y donde también se dice que "Castilla y León va a rebajar esas ayudas por encima de ese porcentaje mínimo establecido para potenciar la asistencia profesional".  Lo cierto es que esa comunidad sólo ahorrará dinero si gasta menos e ingresa lo mismo.  Si la transferencia que recibe para afrontar los gastos derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia se reducen, entonces no habrá ahorro alguno, y eso es exactamente lo que ha pasado.

Otra de las modificaciones introducidas a la Ley que tendrá un efecto económico, pero sobre todo  humano, es la ampliación del plazo de generación de derecho por inactividad de la administración.  Esto quiere decir, cuánto tiempo tiene que esperar alguien que objetivamente tiene derecho a recibir un servicio o prestación de la Ley para recibirlo efectivamente si la administración competente no hace lo que tiene que hacer.

Recordemos que la Ley original, la de 2006 decía que el derecho se generaba desde la solicitud de valoración de forma que una persona a la que la administración tardaba ocho meses en reconocer sus derechos podía pedir los atrasos.  Después, gobernando Zapatero, se introdujo un cambio y se estableció que era a partir del sexto mes cuando se generaba el derecho.  Ahora se alarga "un poco más" hasta situarlo en los ¡dos años!.  No sé cuánto se dejará de pagar por esta medida pero, sinceramente creo que aquí sí que hay ahorro y que esta es la "puntilla" que acaba con la Ley tal como la conocemos.

El plazo de dos años hace desaparecer la universalidad del derecho ya que supone que muchos grandes dependientes no llegarán a tiempo de cobrar porque, sencillamente, morirán en el camino.

La medida  se entiende mejor si la consideramos conjuntamente con la moratoria para la baja dependencia que, finalmente entrará en el sistema a partir de Julio de 2015 (pocos meses antes de las próximas elecciones generales, si no hay adelanto ¡Qué casualidad!).  Si consideramos ambas conjuntamente veremos que alguien que en  Julio 2015 solicite una prestación quizás no llegue a recibirla hasta Julio de 2017.

Otro anuncio que todavía no tiene plasmación en el BOE pero se comunicó la semana pasada es el establecimiento de un sistema común de copago en el que se tenga en cuenta la renta y el patrimonio y que establezca una cantidad máxima a pagar a las residencias de 1.600€/mes.  Como todavía no se ha publicado no sé si ese será el máximo que pueda pagar una comunidad (aplicándose sobre el mismo el copago) o se trata de la cifra máxima total.  Si es el segundo caso, nos encontraremos que algunas comunidades, como Cataluña, contemplan en su cartera de servicios un precio por plaza en residencia de gran dependencia de 1.869€/mes.  Todos esperan que aumentando el copago disminuirá el coste del sistema para las administraciones.  Yo me temo que, si no se cambia a fondo el sistema, las administraciones obtendrán un ahorro más grande del que esperan pero a costa del bienestar de muchas personas: Es más que probable que ante la tesitura de elegir entre el servicio que verdaderamente necesita la persona (una residencia, por ejemplo) afrontando un copago importante o mantener al mayor en casa cobrando 300€ al mes y manteniendo la pensión íntegra, muchas personas seguirán prefiriendo el dinero aunque no sean capaces de atender adecuadamente y aunque, en algunos casos, los cuidadores acaben poniendo en riesgo su propia salud en el cuidado.

El establecimento de un precio máximo a cobrar por las residencias que atiendan personas beneficiarias de la Ley de Dependencia no es bueno o malo en sí mismo.  Lo que sí es nefasto es establecer un precio máximo único cuando los requisitos para poder acoger a beneficiarios de la Ley son tan diferentes entre una comunidad y otra.  Las ratios de profesionales y la exigencia de perfiles profesionales determinados son muy diferentes de una comunidad a otra. También lo son los requisitos arquitectónicos y de funcionamiento por lo que unificar precio sin unificar requisitos resulta totalmente ilógico.

Llevo tiempo diciendo que la Ley de Dependencia murió y que lo que tenemos ya no es "aquélla Ley de que nos hablaron".  Lo intenté explicar en "La Gemela Siniestra" y parece que siguen empeñados en decirnos que la Ley sigue en vigor.

Yo me pregunto, ¿Para esto no sería mejor derogar la Ley del todo y volver al sistema anterior en el que cada comunidad autónoma cubría la atención a dependientes, utilizando su competencia exclusiva en materia de servicios sociales, sin carácter universal (o sea cubriendo a quienes no tengan suficiente capacidad económica?  Aparentemente sería mucho más feo que lo que tenemos ahora pero reflejaría más fielmente la realidad.

No lo niego, yo preferiría una verdadera Ley de Dependencia centrada en la atención mediante servicios profesionales para los grandes dependientes, con criterios comunes de acceso, valoración, asignación de prestaciones, acreditación y un copago equitativo que alcanzase, en niveles altos de renta, el 100% del coste del servicio y que distinguiese entre costes hoteleros, asistenciales y sanitarios.  Reconozco que alcanzar el sistema que defiendo requeriría que las comunidades renunciasen a un pedacito de su competencia exclusiva en materia de servicios sociales, cosa que sé, en la actualidad no es más que un sueño.  Por eso creo que sería más sabio hacer lo mejor entre lo posible.

PRIMERA VALORACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY

Hay mucha gente mucho más trabajadora que yo.  Había pensado leerme detenidamente la modificación de la Ley de Dependencia antes de escribir nada y ayer.  El mismo día en que se publica en el BOE, recibo un mail de Jose Manuel Ramírez, Presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales con un primer análisis (hipercrítico) de las modificaciones.

Si no fuese porque llevo tiempo defendiendo en que la Ley de Dependencia lleva tiempo muerta y que lo mejor que se podría hacer era derogarla y empezar de cero estaría de acuerdo con muchas de las críticas de José Manuel.  Pero pienso lo que pienso.

Mi mayor crítica a la modificación es que los "ahorros" y mejoras de eficiencia que pueden obtener algunas de las medidas (como la desincentivación de la prestación económica para el cuidador familiar) no irán dirigidas a mejorar la atención vía prestación de servicios sino a reducir el déficit.

Recomiendo la lectura de la dura crítica de José Manuel Ramírez.



En espera de poder realizar un análisis más pormenorizado del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado hoy 14 de julio de 2012, en lo referido al Sistema de Atención a la Dependencia y tras la primera revisión del mismo, la 


Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales quiere manifestar lo siguiente:


1º.- El contenido del Real Decreto-ley supone la práctica destrucción del sistema de atenciones y el retroceso de los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias, incluso a los años anteriores a la aprobación de la Ley 39/2006. Se trata, por tanto, de una derogación de la Ley de Dependencia burdamente enmascarada en la falsa necesidad de sacrificios a que se está sometiendo al conjunto de la sociedad española.


2º.- Las medidas que contiene son desalmadas y crueles con las personas al tiempo que son antieconómicas, por lo que la utilización en el texto legal de expresiones como “mejorar” o “sostenibilidad” son un insulto y una mofa hacia la sociedad en su conjunto y muy especialmente hacia las personas dependientes, sus familiares y hacia los/as profesionales del sector de los servicios sociales.


3º.- Entre las medidas adoptadas, queremos destacar como especialmente inútiles y sangrantes las siguientes:
 Se suspende la incorporación de dependientes con Grado I (moderados) hasta el 1 de julio de 2015 y se simplifica la valoración (baremo) a tres grados (sin niveles). Esto tendría sentido desde una óptica de “respiro” al sistema para propiciar su reordenación pero no es más que parte de la maniobra de desmantelamiento. La eliminación de niveles pone en peligro a las personas valoradas que, si son sometidas a revisión de grado “a la baja”, como ya se está haciendo, perderán derechos.
 Se incrementan las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre de las prestaciones a percibir, llevando al límite de la capacidad real de las economías familiares. El borrador de Real Decreto sobre copago pendiente de aprobación incrementa de manera importante las aportaciones y afectará al patrimonio de las personas dependientes.
 A cambio de este sacrificio se empeoran las atenciones y la intensidad de los servicios de proximidad, especialmente de la ayuda a domicilio.
 En todo caso, siendo muy necesario regular y unificar el llamado “copago” para todas las CCAA, será imposible obtener recaudaciones por encima de 15% del total del coste actual del sistema, habida cuenta el bajísimo poder adquisitivo medio de la mayor parte de las personas atendidas (pensionistas). 
 Se reduce la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15 por 100. Si bien siempre hemos considerado y dicho que evidentemente se ha abusado de esta fórmula, convirtiendo la atención a la dependencia en una errónea política de rentas, hay que aclarar que el abuso de la misma ha sido provocado por las propias Administraciones Públicas, incapaces de ofrecer una red de servicios sociales profesionalizados con suficiente cobertura y flexibilidad. El Ministerio, por boca de su Secretario de Estado, se ha permitido incluso el lujo de criminalizar a los/as familiares que atienden a las personas dependientes hablando públicamente de “fraude” en estas prestaciones. De existir  el mismo, persígase con contundencia. Las/os profesionales nos ponemos a su disposición para ello. Pero de no existir o tratarse de hechos aislados, exigimos una rectificación pública por cuento pone en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados/as en España. La reducción afecta a 435.180 personas que verán reducidas las prestaciones que reciben e una media de 55 euros al mes. El ahorro obtenido (estimado en 285 millones en el primer año) no se reinvierte en servicios o mejoras del sistema, sino que se volatiliza.
 Además, se crea un plazo suspensivo de dos años para la posible retroactividad de las ayudas económicas por cuidados en el entorno de forma que una vez que la persona devenga derechos (desde la resolución que reconoce la prestación y en todo caso al sexto mes de presentada la solicitud). Por lo tanto, una persona que presenta solicitud, que resulte dependiente de Grado II o III y a la que se prescriba prestación económica por cuidados en el entorno familiar  tardará –de facto- dos años y medio en devengar importes.
 Se suspende la retroactividad de estas prestaciones para aquellas personas que ya se encontraban en situación generar derechos por las mismas. Las cuantías devengadas hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley se podrán abonar por las administraciones a plazos durante los próximos ocho años. 
 Se eliminan las compatibilidades entre servicios. Esto impide la complementariedad entre servicios y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes. La tragedia de tener acceso a un centro de día y no poder acudir al mismo por la desatención para levantarse y asearse (ayuda a domicilio) podría ser un claro ejemplo de la ignominia de las decisiones adoptadas.
 Se “revisa” el modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar. Dicha revisión consiste en que las 170.000 personas por las cuales se cotiza actualmente en el régimen especial de cuidadores/as, pueden voluntariamente permanecer en dicho régimen, siempre y cuando abonen por sí mismos la totalidad de la cotización.


4º.- En materia de financiación del sistema, se reduce en más de un 13 por 100 las cuantías a entregar por parte de la Administración Central a las CCAA, de manera que se abunda en el recorte que pone en claro peligro la sostenibilidad del sistema. Esta medida es especialmente sangrante por cuanto afecta con mucha más dureza a las Comunidades Autónomas que hicieron mejor los deberes y atienden a más ciudadanos y mayoritariamente con servicios. Resulta insólito y constituye una flagrante deslealtad institucional que esta reducción del nivel mínimo no se haya siquiera negociado en el seno del Consejo Territorial, sino que se ha tratado de una medida sorpresiva para el conjunto de Comunidades Autónomas.


A los 283 millones recortados del nivel acordado, debemos sumar –por tanto- 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores que se dejarán de abonar, y, al menos, otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado, para un total de ahorro para la AGE en un año de 700 millones de euros. Por su parte, las CCAA dejarán de gastar en su conjunto un total de 300 millones en prestaciones económicas y eliminación de retroactividades (bien es cierto que esto solo favorecerá a las “lentas” y prestacionistas y no afectará apenas a las que ofrecen servicios.


A la espera de realizar análisis más profundos sobre el texto y sus consecuencias, contando con otros elementos también gravosos para la ciudadanía como es la subida del IVA de los servicios sociales de mercado, podemos afirmar con absoluta desolación que la reforma de la Ley 39/2006 es un atentado contra las personas dependientes, contra sus familias, contra el colectivo de profesionales, contra las empresas del sector y contra las administraciones autonómicas y un destrozo en la política social de España.

IVA DE RESIDENCIAS ENTRE LA EXENCIÓN Y EL 10%

Creo que  más de uno habrá tenido un buen susto esta mañana cuando al leer el BOE para conocer cómo ha quedado la subida del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)  en relación con las residencias geriátricas y servicios para mayores, se ha encontrado que, a primera vista, el tipo a aplicar por parte de las empresas a clientes privados subía del 8% al 21%.

Tranquilos todos,  en algunos casos queda igual  y en otros “sólo” subirá el 8% al 10%.

El motivo del posible equívoco está en el sistema como se regula el IVA: Existe un tipo general (que a partir del 1 de Septiembre será el 21%) y dos tipos reducidos (10% y 4%) que sólo se aplican a los bienes y servicios que vienen expresamente recogidos en la Ley.  Así, el motivo por el que floristas, funerarias o peluquerías están tan molestos es porque han dejado de aparecer en la “lista de las excepciones” pasando a la del tipo general.

Al repasar la Ley (todavía no me creo que haya pasado una mañana de sábado leyendo el BOE), intentando encontrar los servicios de atención a tercera edad,  personas mayores, ancianos, o cualquier otro nombre que me hiciera pensar en el campo geroasistencial en la lista de excepciones,  sólo he visto una mención directa a los servicios de residencia y similares cuando, entre los servicios al IVA de 4%, he leído la siguiente mención:

3.º Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial, a que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios que cubra más del 75 por ciento de su precio, en aplicación, en ambos casos, de lo dispuesto en dicha Ley.


Lo dispuesto en este número 3.º no se aplicará a los servicios que resulten exentos por aplicación del número 8.º del apartado uno del artículo 20 de esta Ley.

Esto básicamente no cambia nada ya que es cómo estaba, pero.  ¿Y los servicios prestados por parte de empresas privadas a clientes mayores privados?  No se mencionan con su nombre, pero aparecen, concretamente, en la lista de servicios sometidos al tipo del 10%:

7.º Las prestaciones de servicios a que se refiere el número 8º del apartado uno del artículo 20 de esta ley cuando no estén exentas de acuerdo con dicho precepto ni les resulte de aplicación el tipo impositivo establecido en el número 3º del apartado dos.2 de este artículo.

El artículo 20.8 de la Ley del IVA (37/1992) declara exentos de IVA:

Las prestaciones de servicios de asistencia social que se indican a continuación efectuadas por entidades de Derecho público o entidades o establecimientos privados de carácter social:


Protección de la infancia y de la juventud. Se considerarán actividades de protección de la infancia y de la juventud las de rehabilitación y formación de niños y jóvenes, la de asistencia a lactantes, la custodia y atención a niños menores de seis años de edad, la realización de cursos, excursiones, campamentos o viajes infantiles y juveniles y otras análogas prestadas en favor de personas menores de veinticinco años de edad.


a) Asistencia a la tercera edad.
b) Educación especial y asistencia a personas con minusvalía.
c) Asistencia a minorías étnicas.
d) Asistencia a refugiados y asilados.
e) Asistencia a transeúntes.
f) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas
g) Acción social comunitaria y familiar.
h) Asistencia a exreclusos.
i) Reinserción social y prevención de la delincuencia.
j) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos.
k) Cooperación para el desarrollo.
La exención comprende la prestación de los servicios de alimentación, alojamiento o transporte accesorios de los anteriores prestados por dichos establecimientos o entidades, con medios propios o ajenos.


O sea, que el IVA para los servicios propios del sector geroasistencial (residencias para la 3ª edad, centros de día para personas mayores, teleasistencia y ayuda a domicilio SAD)queda situado en tres niveles:

Exento de IVA: Cuando  el servicio lo preste  una entidad de Derecho público o entidades o establecimientos privados de carácter social (o sea, nunca una empresa).

4%:  Cuando no hay exención y la plaza es concertada o está ocupada por un beneficiario de prestación económica vinculada, siempre que la ayuda que recibe de la administración suponga más de un 75% del precio.

10%: En todos los demás casos.

Por qué el tipo de IVA depende de si una ayuda pública alcanza o no al 75% del precio de lo que se compra me parece algo ridículo además de arbitrario.  Sólo hay que leer las listas de excepciones para ver que no hay ningún otro servicio en el que existan tantas excepciones.

Creo que lo mejor hubiera sido someter este tipo de servicios al tipo del 4%.  Se puede pensar que si tienes un IVA más bajo recaudarás menos pero, ¿No nos decían nuestros actuales gobernantes que si se bajan los impuestos se genera más actividad económica y se acaba recaudando más?

Por otro lado ¿qué justifica que el IVA sea del 10% si el cliente es privado pero del 4% si la plaza es concertada? No hay que ser ningún genio para ver que el IVA del 4% es el que pagan las Comunidades Autónomas y recauda el Estado.  Como las Comunidades lo pagan pero no pueden repercutirlo, para ellas, el hecho de tener el mismo IVA que las residencias privadas supondría una carga que prefieren no soportar.  El Gobierno del Estado, hace dos años, lo entendió y por eso les bajó el IVA, pero sólo a ellas.

En definitiva, la subida del IVA no es una buena noticia para el sector aunque, viendo todas esas actividades que han visto pasar su tipo del 8  al 21%, más de uno habrá respirado aliviado.

Esperemos que las medidas den el resultado previsto y que, efectivamente se trate de un sacrificio en aras de una mejora para todos.  De momento sabemos, porque conocemos los datos que introducen las personas que utilizan el buscador de plazas libres en residencias de tercera edad de Inforesidencias.com, que un aumento de un punto o dos no será una hecatombe pero sí un obstáculo más que acabará haciendo que un grupito más de residentes vuelvan a sus casas dejando la residencia para mayores en la que vivían.

La Ley que se ha publicado hoy también trata sobre modificaciones a la Ley de Depenendencia, pero a éstas les voy a dedicar algo más de tiempo.

Lo que, de momento está claro es que, aunque casi todo lo que traga sobre atención a mayores se regula de forma diferente en cada comunidad autónoma, por lo menos esto funcionará igual si hablamos de residencias geriáricas en Madrid, Barcelona o Cádiz. (Bueno,  no exactamente ya que las residencias de Canarias no aplican IVA)

Autor del post  Josep de Martí

¿CAMBIOS EN LA LEY DE DEPENDENCIA?

La Ministra Mato tiene a cuatro grupos de expertos trabajando en propuestas para mejorar la Ley de Dependencia y hacerla más sostenible.  

Seguro que no soy tan experto como los que están en esos grupos pero, últimamente tengo el ego un poco subido ya que, de momento, casi todas las medidas que se están tomando coinciden con las que llevo planteando en este blog desde hace años. Desde "Acciones necesarias para salvar la Ley de Dependencia" en 2008 a "La Gemela Siniestra" o "Pajín en el País de las maravillas" en 2010 y 2011.  Dejando de lado la obvia  modificación de la prestación económica para el cuidador no profesional de forma que volviese a ser excepecional (tal como dice la Ley) propuse una moratoria para la dependencia moderada que permitiese centrarnos en la atención de los grandes dependientes, o la modificación del copago.

A medida que se ven tomando las medidas la pregunta que me hago es obvia, ¿si se hubiesen tomado hace cuatro años no estaríamos un poquito mejor?

Lo cierto es que sí, y lo cierto también es que no hace falta demasiados cambios para encarrilar la situación.

El establecimiento de requisitos más severos para las prestaciones para el cuidador familiar ya se intentó en 2010 pero, fueron tan chapuceros nuestros gobernantes que fracasaron, como predije en "Sobre lo excepcionalmente excepcional";  el establecimiento de un sistema común de copago también se intentó de forma chapucera en 2008, tan chapucera que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo.  El establecimiento de un sistema de valoración común después del fracaso del primero también se intentó en 2010 (nuevo fracaso).

Que los datos sobre los que se había basado el cálculo de los dependientes eran erróneos también lo sabíamos (pueden verlo en "¿Estaba apañado el Libro Blanco de la Dependencia?").

O sea, que los expertos de los cuatro grupos tienen todos los retales para poder hacer el nuevo traje.   Quizás lo que les falte es el patrón que les permita saber qué es lo que están cosiendo.  Yo creo que deben pensar en un sistema de dependencia basado en cuidados profesionales para grandes dependientes con un nivel de participación económica del usuario que oscile entre el 0% y el 100% del coste del servicio dependiendo de la capacidad económica y con un sistema verdaderamente común de valoración de la dependencia, asignación de recursos y acreditación de prestadores.  Si encima nos lo hacen sostenible a quince años vista...

ME HUELE A CHAMUSQUINA

Cuando el gobierno ha anunciado a bombo y platillo que la Guardia Civil ha desmantelado un fraude a la Seguridad Social consistente en que desde algunas residencias se adquirían medicamentos gratuitos utilizando la tarjeta sanitaria de residentes que ya habían fallecido,  algo me ha olido a chamusquina.

La operación Pócima, que así la han llamado, equiparándola al bautizarla con otros operativos en los que se desmantelan redes de delincuentes, ha consistido en que la Guardia Civil, tras una denuncia de la inspección de Farmacia, haya cotejado las fechas de una serie recetas con la fecha de fallecimiento de la persona y haya constatado que algunos de los beneficiarios de las mismas habían fallecido con anterioridad.  

Automáticamente se ha procedido a la detención de algún director de residencia y a la imputación de otros tantos.

El motivo por el que todo esto huele bastante mal es porque, aunque aparentemente son las residencias las que han actuado fraudulentamente, si se realiza un simple análisis la cosa no cuadra.

Tal como los periódicos relatan los hechos, las residencias “utilizaban la tarjeta sanitaria de ancianos fallecidos” y con ellas adquirían medicamentos fraudulentamente.  O sea, que, si hacemos caso a los periódicos, un director de residencia puede coger la tarjeta de un residente e irse a la farmacia donde, sin más requisito, le darán los medicamentos que pida. 

La verdad es que no puede.  Hay un documento en medio del proceso que se llama “receta” y un profesional de la sanidad pública que la expide que se llama “médico del sistema público de salud” sin la intervención del cual no se puede prescribir.  Esto hay que dejarlo bien claro ya que, en ninguna reseña de las que he leído he sido capaz de encontrar referencia a que algún médico del sistema público de salud de Andalucía haya sido imputado por expedir recetas a personas muertas.  Claro que también es posible que las recetas se prescribiesen mientras la personas estaba viva pero fueran llevadas a la farmacia tras el fallecimiento.   La forma de comunicar de los medios no me permite saberlo.

En teoría, las personas que viven ingresadas en una residencia reciben la atención santiaria del sistema público como cualquier otro ciudadano que reside en su domicilio.  La realidad es que la mayoría de residencias cuentan con médicos propios que atienden a los residentes.  Estos no pueden emitir recetas por lo que cada residencia llega a un acuerdo con el ambulatorio que les toca para “conseguirlas”.  El sistema le va muy bien a la sanidad pública debido a que los médicos de las residencias le están ahorrando trabajo, el problema es que, al no existir en todo el Estado un único sistema en el que “conseguir las recetas”, en cada comunidad, e incluso en cada ciudad, han ido surgiendo diferentes formas de hacerlo.  Es cierto que en algunas la Administración  ha abordado la cuestión y se han asentado procedimientos pero, creo que, debida la trascendencia del asunto debería existir un sistema único, como mínimo en cada Comunidad Autónoma.

La situación actual, que podríamos definir como “compleja” hace que algunas residencias envíen periódicamente unos listados a los ambulatorios siendo desde allí desde donde formalizan las recetas.    Estas son entonces llevadas a una oficina de farmacia donde se libra el medicamento.  En algunos casos, para agilizar el proceso, la farmacia  podría “adelantar” algunos medicamentos y recibir posteriormente la receta. La atención sanitaria desde la salud pública se convierte en esos casos en una ficción.  El médico del centro de salud no “ve” al residente sino que el acto médico se convierte en una gestión administrativa en la que se pueden producir atrasos y errores.

Estoy seguro que el “fraude” que ha detectado la Guardia Civil (que en una residencia alcanzaba los 500€ en dos años, entre 2009 y 2011) se debe más a esa ficción que a un verdadero ánimo defraudador.

Para alcanzar esa conclusión no hago más que preguntarme, ¿Qué podían ganar los directores de residencia utilizando la tarjeta sanitaria de los fallecidos?  La verdad es que nada o muy poco.   Aceptemos que un director consiguió en dos años medicinas por valor de 500 Euros.  Si las necesitaba y hubiese ido él mismo al médico hubiera acabado pagando el 40%, o sea, que el fraude en ese caso alcanzaría los 300.  Hasta ahora no existe un mercado negro de medicamentos (quizás con el copago y la tasa por receta surja uno) ni consta, como pasó hace unos, que se estuviesen recetando medicamentos muy caros para pacientes falsos que después se destruyesen.  O sea, que, a falta de más datos, el único que, a priori pudo obtener alguna ventaja del hecho de suministrar medicamentos a un residente fallecido sería la oficina de farmacia.  ¿Existe acaso algún farmacéutico corrupto que incita a los directores de residencia  a defraudar?, me parece difícil de creer, además, no aparece en la noticia que haya ningún farmacéutico imputado.

O sea que, ni el médico que firmó las recetas ni el farmacéutico que suministró el medicamento tienen nada que ver con este fraude.  Los únicos que sí son imputados son seis directores de residencias que no tienen nada que ver entre sí y cuya única relación es que dirigen centros situados en la zona de Cádiz.  ¿No será que, tal como funcionan las cosas actualmente, existe la posibilidad de que, por un error o un retraso, una pequeña cantidad de recetas correspondientes a residentes fallecidos lleguen a la farmacia? ¿No será que, si la Guardia Civil monta la operación “Súper Pócima”, ampliando su investigación a toda Andalucía o a toda España  llegue a ver que lo mismo, o algo muy parecido a lo que ha visto en estos centros, esté sucediendo en muchos otros sin que exista un ánimo de defraudar, un beneficio irregular ni una actividad delictiva?

Es muy posible que la Operación Pócima, quede en nada, después de condenar a unos cuantos profesionales a la pena de banquillo y de perjudicar la imagen del sector de las residencias.

Hace ocho años conocí un caso en el que una administración autonómica quería sancionar al director de una residencia porque desde la misma se obtenían pañales para residentes fallecidos.  También como en este caso parecía que era el director el que prescribía.  Al final no se sancionó.

Aunque tiene que ver de forma tangencial con el tema que trato hoy quiero acabar recordando que  hace poco se aprobó el Real Decreto 16/2012 de 20 de abril (publicado en el BOE 98 de 24 de abril) en el que aparece  (concretamente en la página 31301) lo siguiente:

Artículo 6. Medidas relativas a la atención farmacéutica en los hospitales, en los centros de asistencia social y en los centros psiquiátricos.

1. Será obligatorio el establecimiento de un servicio de farmacia hospitalaria propio en:

a) Todos los hospitales que tengan cien o más camas.

b) Los centros de asistencia social que tengan cien camas o más en régimen de asistidos.

c) Los centros psiquiátricos que tengan cien camas o más.

2. No obstante lo anterior, la consejería responsable en materia de prestación farmacéutica podrá establecer acuerdos o convenios con centros hospitalarios, eximiendo a estos centros de esta exigencia, siempre y cuando dispongan de un deposito de medicamentos vinculado al servicio de farmacia hospitalaria del hospital de la red pública que sea el de referencia en el área o zona sanitaria de influencia correspondiente.

3. Asimismo, los centros hospitalarios, los centros de asistencia social que presten asistencia sanitaria específica y los centros psiquiátricos que no cuenten con un servicio de farmacia hospitalaria propio y que no estén obligados a tenerlo dispondrán de un depósito, que estará vinculado a un servicio de farmacia del área sanitaria y bajo la responsabilidad del jefe del servicio, en el caso de los hospitales del sector público, y a una oficina de farmacia establecida en la misma zona farmacéutica o a un servicio de farmacia hospitalaria, en el supuesto de que se trate de un hospital del sector privado.

O sea, que pronto quizás sí tengamos un sistema común de suministro de medicación a las residencias.