Cuentan que el Gran Capitán, requerido por Fernando el Católico a presentar las cuentas detalladas de los gastos que había tenido durante una victoriosa campaña que culminó con la conquista de Nápoles, molesto por tener que entrar en detalles, presentó un documento entre jocoso e irónico que empezaba diciendo picos, palas y azadones, cien millones de ducados y seguía con frases como por reponer las campanas averiadas a causa del continuo repicar a victoria, ciento setenta mil ducados. Desde entonces “las cuentas del Gran Capitán” o la frase “picos, palas y azadones, cien millones” se utilizan como expresión irónica de toda justificación de gastos desorbitados, incoherentes y arbitrarios.
No sé por qué me ha venido a la cabeza esta anécdota cuando he leído una noticia aparecida en el Heraldo de Soria de 28 de diciembre de 2009 según la cual la Diputación Provincial se gasta una cuarta parte de su presupuesto de servicios sociales en mantener 350 plazas en 5 residencias públicas. Esto representa 16,8 millones de Euros.
Sólo hace falta sacar una calculadora para averiguar que cada una de las 350 plazas públicas le cuesta a la Diputación 4.000 Euros al mes y que cada empleado de una residencia del Burgo de Osma, de la que el artículo entra en más detalle, supone casi 3.000 Euros mensuales al erario público soriano.
Es indiscutible que las administraciones han de garantizar que haya plazas residenciales de calidad para personas dependientes. También lo es, que existen diferentes modelos de gestión entre los que puede optar cada administración para cumplir con su obligación. Pero no lo es menos que los poderes públicos están obligados por la Constitución a gastar de acuerdo con principios de eficiencia y economía.
Pongamos que, en vez de elegir la gestión pública se optase por contratar empresas para gestionar las residencias o, directamente por concertar plazas. Es muy posible que por 1.800 Euros/mes, encontrásemos más de una empresa (y más de dos) dispuestas a construir y gestionar centros. Pues bien, en ese caso, en vez de dar atención a 350 personas, con el mismo dinero se podría llegar a las 777.
Sin duda, si la Diputación no lo hace es porque es prisionera de su pasado. Es su día construyó residencias públicas y las empezó a gestionar directamente. Convertirlas hoy en centros de gestión privada generaría con seguridad conflictos laborales y de otros tipos que dan mucho miedo a los gobernantes. Es más sencillo gastar en el cuidado de 350 personas lo que cuesta cuidar a 700 que coger el toro por los cuernos y afrontar la situación. Los 350 no atendidos no son conscientes y no se quejarán.
También quedaría la opción de exigir cuentas a la gestión pública para saber cómo puede costar 4.000€ al mes la plaza pero correríamos el riesgo de que nos dijesen: sillas, camas y edredones, cien millones
