En Ariznavarra (Alava) hay una residencia pública gestionada por una empresa privada. Fue la primera que utilizaba ese sistema en ese territorio y, desde el comienzo tuvo problemas ya que los/as trabajadores querían que se les aplicasen las condiciones laborales y salarios de las residencias públicas cuando precisamente se optaba por la gestión privada para evitar el elevadísimo coste de aquélla. Ya en 2003, después de ocho meses de huelga se aplicó un laudo arbitral que concluía con una subida de sueldo de más del 110% en cinco años además de una reducción de jornada.
Los cinco años han pasado y la huelga ha vuelto. Leemos en el Correo Digital que, las 120 trabajadoras de la residencia, con 140 plazas (entre residenciales y de centro de día), tras cuatro meses de huelga han conseguido que, de momento, la Diputación Foral haya decidido pagar a la gestora 107 euros al día por las 80 camas de la residencia y 60,41 euros diarios por las 60 plazas del centro de día, un notable incremento si se tiene en cuenta que hasta ahora se pagaban 80 y 43 euros. Con esos precios ahora seguirá la negociación entre empresa y empleadas.
La diputación de Alava es posiblemente la única administración en toda España que puede permitirse el lujo de acabar un conflicto de esta manera y no sé hasta qué punto es consciente de la consecuencia que puede tener su decisión en las otras diputaciones vascas o en el resto de comunidades autónomas. Ya en 2003, cuando en unas jornadas de Inforesidencias.com se explicó el laudo que había puesto fin a la primera huelga, las quejas más airadas vinieron de representantes de otros territorios vascos que llegaron a decir que el laudo era un torpedo en la línea de flotación del sistema.
Con toda seguridad el pago de 107 Euros al día por plaza pondrá fin a esta huelga y todavía le resultará a la administración algo más económico que gestionar ella misma la residencia (en 2003 le costaba 120€) lo que, no sé porqué me trae a la cabeza una historia que leí hace algún tiempo:
En los tercios españoles, cada soldado recibía una paga, en la cual se contemplaban sus necesidades. Por lo tanto, la pólvora la solía pagar el soldado de su propio bolsillo. Aun así, en ocasiones, como en caso de asedio, se podía obtener pólvora de almacenes o polvorines de artillería y entonces se tiraba con "pólvora del rey" , entonces no se tenía tanto cuidado y se disparaba más alegremente. Esta expresión ha llegado hasta nuestros días, y se dice que se dispara con pólvora del rey, cuando no se tienen en cuenta los gastos o esfuerzos, porque corren por cuenta de otro.
¿Con qué pólvora disparan e Alava?
miércoles, 24 de septiembre de 2008
viernes, 19 de septiembre de 2008
ACCIONES NECESARIAS PARA SALVAR LA LEY DE DEPENDENCIA
En un arranque de sinceridad que nos ha dejado a todos sobrecogidos, Mercedes Cabrera, Ministra de Educación, Política Social y Deporte (el nombre del ministerio no es una broma), ha dicho que la actual coyuntura económica que atravesamos puede que tenga alguna influencia en el despliegue de la ley de dependencia. O sea, que no habrá suficiente dinero en los próximos años para mantener el recién creado sistema.
La crisis que no se podía llamar por su nombre sirve ahora como perfecta excusa para admitir algo que, incluso si hubiese seguido la bonanza económica, hubiera acabado pasando.
La Ley de Dependencia reconoce a todas las personas que dependan de otra para realizar las actividades básicas de la vida diaria el derecho subjetivo a ser valoradas y a recibir prestaciones (económicas y de servicios) según su grado y nivel de dependencia. En otras palabras, con esta Ley, cualquier persona que necesite vivir en una residencia geriátrica o recibir ayuda en su casa, la tendrá a cargo del erario público aunque tendrá que “co-pagar” una parte.
Para redactar la Ley de Dependencia se hicieron unos cálculos sobre cuántas personas necesitarían ayuda y cuánto costaría la misma pero el tiempo ha demostrado que hay más personas dependientes de las previstas y que los costes de los servicios tienden a subir por encima de la inflación. La consecuencia es un sistema que se ha vuelto tempranamente insostenible.
Durante el primer año de aplicación, en el que básicamente se empezó a valorar y a redactar planes individuales, fuimos testigos de un agrio enfrentamiento entre el gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el PP con continuas acusaciones de incumplimientos y deslealtad.
Ahora que las orejas del lobo nos acarician la nariz las acusaciones partidistas se incrementan y, sabiendo que “esto” no se podrá mantener como estaba previsto, parece que nuestros gobernantes están más preocupados en no aparecer como culpables que en resolver realmente el problema.
Lo cierto es que ha llegado el momento de aceptar que existen serias dificultades y de tomar decisiones desagradables pero necesarias para capear el temporal y salvar el sistema de atención a la dependencia.
Por supuesto, existe una opción drástica: derogar la Ley y volver al sistema de protección no universal de la dependencia desde la competencia en servicios sociales de las comunidades autónomas. Se podría establecer un aumento ajustado de las transferencias del estado para tal fin y decir “lo intentamos, pero no fue posible”. Cada uno culparía al contrario, algunos a la crisis internacional y, a otra cosa.
También podría optarse por un gran engaño: mantener la Ley, hacer un desarrollo restrictivo y confuso rebajando a la vez la financiación de forma que, en la práctica se perdiese la esencia. Para evitar que se produjese descontento, la opción tendería a incrementar al máximo las prestaciones económicas para el cuidado no profesional en el entorno familiar. O sea, repartiría pequeñas cantidades de dinero entre mujeres de mediana edad para que se quedasen en casa cuidando a un dependiente, fuera de las listas del paro. Nadie comprobaría nada y en apariencia tendríamos un sistema de atención a la dependencia aunque sin profesionalización ni trazas de calidad.
Quizás la opción más audaz, y por ello menos probable, sería que los dos grandes partidos se sentasen y llegasen a un acuerdo que permitiese salvar el proyecto desde una perspectiva amplia ahorrándonos a los ciudadanos polémicas estériles.
El acuerdo podría contener los siguientes puntos:
- Modificación de la disposición adicional primera de la Ley de forma que la efectividad del derecho de las personas valoradas en el grado de dependencia moderada y en el de dependencia severa, grado 1 se pospusiese sine die o durante un período largo de tiempo. Esto supondría aplicar un a moratoria atendiendo durante los próximos años a los dependientes con mayor afectación y dejando para una segunda fase a los demás.
- Redacción del Real Decreto de copago basándose en los siguientes puntos:
o Separación clara de los costes de manutención-hoteleros de los que son estrictamente de dependencia. En principio el sistema de atención a la dependencia no debería cubrir costes de manutención-hoteleros.
o Establecimiento de un sistema de copago que, en determinados niveles de renta permitiese el pago del 100% del precio de referencia.
o Exclusión de las prestaciones económicas para dependientes con un nivel de renta superior a unos límites establecidos.
o Establecimiento de un sistema de “resarcimiento” mediante el cual la administración pudiese recuperar a la muerte del dependiente una parte del dinero pagado para su cuidado personándose en la sucesión como interesado con un crédito preferente. Habría un mínimo exento y un porcentaje máximo.
o Establecimiento de un copago de los familiares obligados a prestar alimentos a la persona dependiente. Éste dependería del grado de parentesco, capacidad económica y cargas familiares habiendo siempre mínimos exentos. Podría establecerse un mecanismo para que los obligados pudiesen negarse al copago familiar, mecanismo que conllevaría la incapacidad para poder recibir donaciones o heredar del dependiente.
Se trata de medidas reversibles que supondrían aumentar las posibilidades de sostenibilidad del sistema en estos tiempos de crisis y que requerirían para ser efectivas modificar la legislación civil y fiscal así como establecer una cooperación estrecha entre la Agencia Tributaria y las comunidades autónomas.
Como con toda seguridad, en un primer momento aparecería un gran rechazo, sería indispensable el acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas y, muy necesario, el del resto de partidos, sindicatos y patronales, poniendo el acento en que las medidas son la única vía de mantener el sistema y suponen una mejora sustancial respecto a la situación que existía antes de la Ley de Dependencia.
El sistema está hoy en sus inicios y, en las actuales circunstancias, crear unos cimientos sólidos en el apoyo a los que tienen un mayor nivel de dependencia es la clave para que, en un segundo momento, pueda atenderse con calidad y eficiencia a todas las personas dependientes. No lo desaprovechemos.
La crisis que no se podía llamar por su nombre sirve ahora como perfecta excusa para admitir algo que, incluso si hubiese seguido la bonanza económica, hubiera acabado pasando.
La Ley de Dependencia reconoce a todas las personas que dependan de otra para realizar las actividades básicas de la vida diaria el derecho subjetivo a ser valoradas y a recibir prestaciones (económicas y de servicios) según su grado y nivel de dependencia. En otras palabras, con esta Ley, cualquier persona que necesite vivir en una residencia geriátrica o recibir ayuda en su casa, la tendrá a cargo del erario público aunque tendrá que “co-pagar” una parte.
Para redactar la Ley de Dependencia se hicieron unos cálculos sobre cuántas personas necesitarían ayuda y cuánto costaría la misma pero el tiempo ha demostrado que hay más personas dependientes de las previstas y que los costes de los servicios tienden a subir por encima de la inflación. La consecuencia es un sistema que se ha vuelto tempranamente insostenible.
Durante el primer año de aplicación, en el que básicamente se empezó a valorar y a redactar planes individuales, fuimos testigos de un agrio enfrentamiento entre el gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el PP con continuas acusaciones de incumplimientos y deslealtad.
Ahora que las orejas del lobo nos acarician la nariz las acusaciones partidistas se incrementan y, sabiendo que “esto” no se podrá mantener como estaba previsto, parece que nuestros gobernantes están más preocupados en no aparecer como culpables que en resolver realmente el problema.
Lo cierto es que ha llegado el momento de aceptar que existen serias dificultades y de tomar decisiones desagradables pero necesarias para capear el temporal y salvar el sistema de atención a la dependencia.
Por supuesto, existe una opción drástica: derogar la Ley y volver al sistema de protección no universal de la dependencia desde la competencia en servicios sociales de las comunidades autónomas. Se podría establecer un aumento ajustado de las transferencias del estado para tal fin y decir “lo intentamos, pero no fue posible”. Cada uno culparía al contrario, algunos a la crisis internacional y, a otra cosa.
También podría optarse por un gran engaño: mantener la Ley, hacer un desarrollo restrictivo y confuso rebajando a la vez la financiación de forma que, en la práctica se perdiese la esencia. Para evitar que se produjese descontento, la opción tendería a incrementar al máximo las prestaciones económicas para el cuidado no profesional en el entorno familiar. O sea, repartiría pequeñas cantidades de dinero entre mujeres de mediana edad para que se quedasen en casa cuidando a un dependiente, fuera de las listas del paro. Nadie comprobaría nada y en apariencia tendríamos un sistema de atención a la dependencia aunque sin profesionalización ni trazas de calidad.
Quizás la opción más audaz, y por ello menos probable, sería que los dos grandes partidos se sentasen y llegasen a un acuerdo que permitiese salvar el proyecto desde una perspectiva amplia ahorrándonos a los ciudadanos polémicas estériles.
El acuerdo podría contener los siguientes puntos:
- Modificación de la disposición adicional primera de la Ley de forma que la efectividad del derecho de las personas valoradas en el grado de dependencia moderada y en el de dependencia severa, grado 1 se pospusiese sine die o durante un período largo de tiempo. Esto supondría aplicar un a moratoria atendiendo durante los próximos años a los dependientes con mayor afectación y dejando para una segunda fase a los demás.
- Redacción del Real Decreto de copago basándose en los siguientes puntos:
o Separación clara de los costes de manutención-hoteleros de los que son estrictamente de dependencia. En principio el sistema de atención a la dependencia no debería cubrir costes de manutención-hoteleros.
o Establecimiento de un sistema de copago que, en determinados niveles de renta permitiese el pago del 100% del precio de referencia.
o Exclusión de las prestaciones económicas para dependientes con un nivel de renta superior a unos límites establecidos.
o Establecimiento de un sistema de “resarcimiento” mediante el cual la administración pudiese recuperar a la muerte del dependiente una parte del dinero pagado para su cuidado personándose en la sucesión como interesado con un crédito preferente. Habría un mínimo exento y un porcentaje máximo.
o Establecimiento de un copago de los familiares obligados a prestar alimentos a la persona dependiente. Éste dependería del grado de parentesco, capacidad económica y cargas familiares habiendo siempre mínimos exentos. Podría establecerse un mecanismo para que los obligados pudiesen negarse al copago familiar, mecanismo que conllevaría la incapacidad para poder recibir donaciones o heredar del dependiente.
Se trata de medidas reversibles que supondrían aumentar las posibilidades de sostenibilidad del sistema en estos tiempos de crisis y que requerirían para ser efectivas modificar la legislación civil y fiscal así como establecer una cooperación estrecha entre la Agencia Tributaria y las comunidades autónomas.
Como con toda seguridad, en un primer momento aparecería un gran rechazo, sería indispensable el acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas y, muy necesario, el del resto de partidos, sindicatos y patronales, poniendo el acento en que las medidas son la única vía de mantener el sistema y suponen una mejora sustancial respecto a la situación que existía antes de la Ley de Dependencia.
El sistema está hoy en sus inicios y, en las actuales circunstancias, crear unos cimientos sólidos en el apoyo a los que tienen un mayor nivel de dependencia es la clave para que, en un segundo momento, pueda atenderse con calidad y eficiencia a todas las personas dependientes. No lo desaprovechemos.
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